El Frente de Todos porteño expresó “su profunda preocupación y repudia la utilización de organismos de inteligencia del Estado, con participación de la Policía de la Ciudad, para la persecución ilegal de dirigentes políticos, periodistas, funcionarios y organizaciones sociales y de Derechos Humanos”.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no dio aún ninguna explicación por la presencia de varios agentes que pertenecían a la policía porteña pero que prestaban funciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que participaron del espionaje que es investigado en el juzgado federal de Lomas de Zamora.  

La preocupación de la oposición porteña por este tema no es nueva. Ya en noviembre del año pasado la legisladora Victoria Montenegro había denunciado en el marco de una sesión informativa con el Jede de Gabinete Felipe Miguel la presencia de por lo menos cinco policías de la Ciudad revistando en la AFI. En aquella oportunidad el funcionario señaló que “hacían tareas de custodia como auxiliares de la Justicia”.

Hoy se sabe que fueron muchos más los agentes de la Ciudad que participaron y todo parece indicar que se trató de tareas de de seguimiento e inteligencia ilegal contra dirigentes políticos, sociales y periodistas, incluso funcionarios de la Ciudad, como Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

En ese sentido Montenegro señaló que “se trata de un hecho de máxima gravedad institucional. Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad deberían explicar la participación de esos agentes, quiénes fueron los responsables de que estuvieran revistando en la AFI y qué funciones llevaron adelante. El objetivo es que esto no pase más, que no haya que seguir padeciendo este tipo de situaciones”.

Días atrás, el bloque legislativo del Frente de Todos impulsó la conformación de una comisión investigadora para esclarecer las responsabilidades políticas e institucionales. Sin embargo, el oficialismo porteño decidió ausentarse para evitar así que se constituya dicha comisión.

En el comunicado lanzado por el Frente de Todos se agrega que “según las pruebas documentadas a instancias judiciales, la estructura delictiva se conformaba por miembros de la Policía de la Ciudad, narcotraficantes, barrabravas y servicios de inteligencia. Ellos recolectaban información que posteriormente clasificaban y entregaban a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, responsables de la AFI, así como también a otros funcionarios de la máxima confianza de Mauricio Macri, con el objetivo de  presionar y perseguir. El grado de sincronización entre los miembros y sus habituales visitas a Casa Rosada, muestran la gravedad política e institucional de los hechos que se investigan. Tal es la gravedad que llega hasta la utilización de recursos de la Ciudad para el sostenimiento de esta estructura ilegal”.