El dinero que el Fondo Monetario Internacional aceptó aportar para salvar la gestión de Mauricio Macri no llegará así como así. Aunque el organismo tiene motivos estratégicos para no soltarle la mano al gobierno argentino, sus rígidas normas lo obligan a realizar inspecciones trimestrales antes de desembolsar las cuotas previstas en el acuerdo firmado en junio y modificado en septiembre.

Entre los aspectos sujetos a revisión se encuentran el cumplimiento del déficit cero, la disminución de los subsidios a los servicios públicos (requisito para el primer objetivo) y la recapitalización del Banco Central. Pero el Fondo también estará atento a que el Ejecutivo avance en las reformas estructurales prometidas, entre ellas una mayor flexibilidad laboral, más eficiencia en la recaudación impositiva y cambios en el sistema previsional que signifiquen menor erogación fiscal. Esos progresos serán condición para girar las cuotas fijadas a mitad de marzo, junio, septiembre y diciembre: la primera por U$S 10.800 millones, otras dos por U$S 5400 millones cada una y la última, de módicos U$S 1000 millones, a cobrar por quien gane la elección presidencial.

Así, la relación con el FMI seguirá marcando la agenda económica, política y social del país, tal como ocurrió en 2018. Aquel «no vine a prestar plata porque no me la pidieron» de su directora gerente, Christine Lagarde, cuando visitó Buenos Aires en marzo para una reunión preparatoria del G20, terminó tres meses después en un crédito por U$S 50 mil millones (el más grande otorgado por el Fondo en su historia), al que luego se agregaron otros U$S 7600 millones. Al compás de las negociaciones, Federico Sturzenegger y Luis Caputo tuvieron que dejar la presidencia del Banco Central, uno por abusar de las Lebac con intereses millonarios y el otro por quemar reservas sin frenar el derrumbe del peso. También perdió poder el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señalado por entrometerse en las decisiones del BCRA, y fue empoderado Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda que supo prometer el oro y el moro, léase equilibrio fiscal en 2019 y superávit para el ejercicio siguiente. El propio Macri pagó su factura por apurarse a decir que se había arreglado la ampliación del préstamo: el Fondo le cajoneó la aprobación un mes, lapso en el que el dólar se disparó hasta los 42 pesos y el presidente tuvo que rearmar su Gabinete.

Eso sí, el organismo se cuidó de decir que las políticas propuestas para salir de la crisis fueron idea exclusiva del gobierno. Así cargó en su cuenta la caída de los salarios y jubilaciones reales, la retracción del consumo, la recesión y el veloz crecimiento de la pobreza. Todos esos elementos también pintan el panorama del año que está por empezar. «