De oficio, el fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra el exministro de Salud Ginés González García con el objeto de que se investigue la «presunta comisión de delitos de acción pública». La denuncia se enmarca en el escándalo por el «vacunatorio VIP» en el Ministerio de Salud e incluye al periodista Horacio Verbitsky.
El fiscal calificó al episodio como «un acto de inusitada gravedad institucional» y de ese modo, inició el procedimiento «sin perjuicio de que el avance de la investigación permita identificar a otras personas». El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 realizó su presentación ante la Cámara Federal porteña y el lunes se sorteará la denuncia.
Marijuan también solicitó en su presentación tras el escándalo que cada jurisdicción brinde un informe sobre quiénes fueron inoculados contra el coronavirus como «personal de salud». El fiscal citó a los medios periodísticos, al señalar que «personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid- 19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, se encuentran siendo vacunadas».
El fiscal describe que los hechos «resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal, que reprime con pena de un mes a dos años de inhabilitación especial por doble tiempo» para el funcionario público que «dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Menciona además, la Ley 27.573, de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la enfermedad Covid-19.
Resaltó finalmente que «esta situación fue una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alcances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo, aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en la lista de prioritarios, sin ningún tipo de justificación».
