El fiscal federal Federico Delgado le sugirió al juez Sebastián Ramos que se aparte voluntariamente de la investigación por el viaje del selecto grupo de jueces federales y funcionarios porteños conocidos como “Los Huemules” al Lago Escondido. Delgado apoyó su recomendación en los chats que se filtraron sobre las comunicaciones que los involucrados en aquella travesía a la estancia del magnate británico Joe Lewis sostuvieron en un intento de amortiguar la difusión periodística del viaje.

Aquella fue una primera filtración en la que el juez Ramos no aparecía. Ni como viajero, ni como nada. Pero hubo una posterior que desnudó su amistad con el exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, otro viajero. Ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ramos negó tal amistad. Los chats, cuya veracidad fue reconocida incluso por varios protagonistas, prueban esa relación.

El fiscal Delgado reconoció que los chats probablemente no podrían usarse como prueba en una causa penal. Si bien “no está claro el origen de esa información, se presume que es anómalo”. En ese contexto, aceptó: “Demos ello por sentado. Ello quiere decir que, en tal caso, las conversaciones carecen de efectos jurídicos. Sin embargo, están en el mundo de la vida”.

Dicho de otro modo: sólo con esos chats no se podría condenar a ninguno de los involucrados en el viaje al Lago Escondido. Pero el viaje existió, las conversaciones también y lo que se desprende de ellas no pudo ser desmentido ni siquiera por el propio D’Alessandro.

Delgado invocó el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial: “Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación deberá excusarse”. El fiscal subrayó especialmente que “la norma contempla la chance de la excusación por motivos de decoro y delicadeza”.

Delgado sostuvo que “el conocimiento de esas conversaciones tiene una indiscutible capacidad de afectar la legitimidad de la administración de Justicia. Eso no se puede discutir”. El artículo 17 del mismo Código con el que el fiscal convidó al juez a apartarse de la investigación establece que “serán causas legales de recusación (…) tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato”.

Delgado no recusó a Ramos. De haberlo hecho, lo habría obligado a responder si efectivamente es “amigo” de D’Alessandro o volver a negarlo, incurriendo en una nueva mentira, que por tratarse de un juez podría ser un delito.

El fiscal le dijo a Ramos que las características de la excusación “suministran al magistrado la posibilidad de resolver si, en términos éticos, su subjetividad como juez se pudo ver afectada”. 

“Se trata, en otras palabras, de no asignarle efectos legales a las conversaciones y de hallar un camino para hacer valer el cometido que sobre el Ministerio Público Fiscal estableció el artículo 120 de la Constitución Nacional”, ese que dice que los fiscales tienen “por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”.

Ramos aún no respondió el dictamen del fiscal, que en rigor, se inscribe en el impulso a la investigación sobre “Los Huemules” después de que el expediente aterrizara desde Bariloche en los tribunales federales de Retiro.

¿Por qué ocurrió eso? Porque el camarista federal Eduardo Farah, en el primer día judicial hábil de 2023, consideró que “todos los agentes públicos (involucrados en la denuncia) ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad” y “los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial”. El juez minimizó el hecho de que el presunto delito se perfeccionara en Bariloche: «Deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”, sostuvo.

El fiscal Delgado impulsó la investigación ante una “ampliación de denuncia” que realizó el ministro de Justicia, Martín Soria. Mediante un escrito, precisó una serie de “hechos nuevos”, varios de ellos posteriores al viaje al Lago Escondido, que beneficiaron al Grupo Clarín, anfitrión en la estancia de Lewis.

Soria describió que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials “benefició directamente a TELECOM –empresa del Grupo Clarín-, lesionando el patrimonio del Estado Nacional, mediante la declaración de la prescripción de una multa millonaria que el Estado Nacional había impuesto a dicha empresa en 2011”. Pablo Casey –según los chats, el que formuló la invitación- es el director de Asuntos Legales e Institucionales de TELECOM.

Cayssials, siempre según Soria, también falló a favor del Grupo Clarín  en una causa por una deuda de Papel Prensa con la AFIP. El ministro además citó notas periodísticas que indican que el juez entiende en unos 82 expedientes vinculados el conglomerado empresario, de los cuales al menos 24 registraron movimientos posteriores al viaje patagónico.

Ramos fue el que durante la feria judicial archivó una investigación sobre la segunda filtración de chats, en este caso que involucraban a D’alessandro con Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Soria denunció que la causa llegó a manos de Ramos mediante una compleja articulación de situaciones. La denuncia había sido asignada al juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo, quien estaba de vacaciones. Su subrogante, María Servini, se excusó por virtual enemistad con D’Alessandro. Entonces, por los reemplazos de verano, la causa pasó primero a la jueza María Eugenia Capuchetti y luego a su colega (y también viajero escondido) Julián Ercolini, ninguno de los cuales activó el expediente. Allí llegó el turno de Ramos, quien al día siguiente de asumir su subrogancia y a instancias de un dictamen del fiscal Carlos Stornelli archivó la causa. En tiempo récord y en plena feria judicial.

La invitación a la excusación por parte del fiscal Delgado precipitó un escenario que ya adelantó Tiempo semanas atrás: si el juez se aparta por su amistad con D’Alessandro quedará expuesto por no haberlo hecho cuando lo benefició junto con Robles; si decidiera conservar el expediente, su imparcialidad quedaría cuestionada porque estaría analizando la conducta de un amigo. Si negara esa amistad, debería construir una alquimia jurídica para darle una respuesta satisfactoria al planteo del fiscal. «