A pesar de la cuarentena y en sólo 20 días de trabajo, el fiscal federal Federico Delgado consideró preliminarmente probado que las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli al frente de la Afip, entre 2017 y 2019, decidieron no investigar la información que había enviado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre 950 cuentas radicadas en el exterior, cuyos titulares omitieron declarar al fisco fortunas por más de 2600 millones de dólares. También concluyó que el sistema de preservación de los datos fue alterado y que no puede asegurarse que la información actual sea la misma que arribó.

La denuncia fue presentada este viernes. Si bien sostiene que su objeto «se limita a plantear las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios», el escrito asevera que hubo «manipulación de información». Dice que se trata de un punto «decisivo» porque «no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la Afip».

La investigación preliminar N° 2/2020, que lleva la firma de Delgado, recolectó información clave provista por la Afip que dirige Mercedes Marcó del Pont. El organismo también lleva adelante un sumario interno «por el posible acceso a esa información por personas que carecían de facultades para ello».

En la agencia aseguran que esa información llegó a la Argentina a fines de 2018, pero las respuestas de los funcionarios al fiscal, y un instructivo enviado a las direcciones regionales el 12 de mayo, al que accedió Tiempo, explica que «el primer intercambio se materializó en septiembre de 2017 con respecto al período fiscal de 2016».

«La prueba recolectada es francamente extensa, puntillosa y excede con creces el marco de esa pesquisa, y seguramente será de suma utilidad para los magistrados que finalmente se ocupen del tema. No obstante, a grosso modo, surge de allí que la cadena de custodia no se respetó y que no se sabe muy bien aún qué pasó en el hiato que separa la recepción de las cuentas y la asunción de las nuevas autoridades», sostiene Delgado.

Aunque no menciona detalles, la investigación ya determinó «quiénes recibieron la información, qué decisiones administrativas se tomaron, quiénes la retuvieron hasta fines del año 2019, quiénes tuvieron acceso a esos datos, quiénes accedieron aunque no debían, quiénes tomaron decisiones que actualmente impiden conocer si la información es la misma que envió la OCDE y quiénes permitieron la posible prescripción de los tributos».

El caso fue sorteado este viernes y quedó en manos de María Eugenia Capuchetti, titular del juzgado federal 5. Su pliego fue enviado por Macri en 2017 y aunque no tenía las mejores calificaciones sumó posiciones en el Consejo de la Magistratura con el aval de la mesa judicial de Cambiemos y del empresario de juegos de azar, extitular de Boca y exoperador judicial del PRO, Daniel Angelici. Antes de llegar al cargo, Capuchietti fue secretaria letrada del juez Sergio Torres y trabajó en el Ministerio Público Fiscal porteño, durante la gestión del actual legislador Martín Ocampo, compadre de Angelici. Algunos habitantes de Comodoro Py todavía tienen fresca en su retina la ceremonia de asunción de la magistrada. Fue hace un año. El 7 de mayo juró ante el titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun, con la presencia del fiscal Carlos Stornelli, el titular del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y el entonces ministro de Seguridad de Provincia Cristian Ritondo, entre otros.

La pesquisa que recibirá Capuchetti comenzó hace tres semanas, a pedido del tributarista y excoordinador del equipo sobre fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino, Jorge Gaggero. El economista le advirtió la posible existencia de una cadena de encubrimientos que configuran una serie de delitos de acción pública, basado en la revelación del hallazgo de las 950 cuentas que hizo el periodista Alejandro Bercovich, en el programa Brotes Verdes del canal C5N. Y en la investigación posterior que realizó este diario y que fue publicada en ediciones anteriores y citada en la propia denuncia de Delgado.

«Con el alcance propio de este tipo de expediente tan incipiente, es evidente que nos enfrentamos a incumplimientos funcionales, encubrimientos, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados y eventualmente con hechos que podrían alterar el blanqueo de capitales previsto en la Ley 27.260, en particular, por la previsión del artículo 46», remata el fiscal en su escrito.