El fiscal federal Federico Delgado apeló el fallo del juez Sebastián Casanello que desvinculó al presidente Mauricio Macri del delito de «lavado de activos» a través de sociedades en guaridas fiscales, en el marco de la causa denominada «Panamá Papers». Además, objetó que el propio juez de la causa, Sebastián Casanello, se declarara «incompetente» en la causa.

Casanello decidió su propia incompetencia el expediente, y lo remitió a la Justicia en lo Penal Económico para que se investigue la eventual «omisión maliciosa» de las empresas en el extranjero.

El dictamen de Delgado insiste en la recolección de «información internacional y de completar la local» para determinar si existió o no el delito de «lavado» por parte del jefe del Estado.

“Este expediente es uno más para la fiscalía, pero no es uno más para el demos. El capital simbólico de los actores que lo protagonizan lo ubicó desde su nacimiento, el 6 de abril de 2016, en la cima de la agenda pública. Los ‘Panamá Papers’ dejaron la estela por los lugares que recorrieron”.
Según el dictamen, la incompetencia de Casanello es prematura: “Aún no sabemos si quienes detentaban la voluntad social de ‘Fleg Trading’ y ‘Kagemusha’ (las dos empresas en cuyos directorios aparece el Presidente) cometieron un ilícito desde aquel remoto mes de septiembre de 1998”.

El dictamen reitera la pregunta sobre “si Mauricio Macri omitió a propósito consignar en su declaración jurada datos que debió colocar”.

“Sólo sabiendo que pasó desde aquellos tiempos sabremos si Mauricio Macri tenía que declarar lo que no declaró. Por eso la separación que hizo el Señor juez constituye un error”, afirmó Delgado.

“El objetivo de la causa es inspeccionar la vida social de Fleg Trading y Kagemusha para saber si en ese recorrido se cometió un delito. A esa inspección está atada otra, determinar el carácter de la omisión de Macri de consignar datos en su declaración jurada. Específicamente, su rol en dichas firmas. Si fue nominal no debía declararlos. Si fue remunerado de algún modo, sí”, añadió.

El fiscal también consideró apresurado descartar la figura del “lavado de activos”, pues “las fechas de algunos movimientos coinciden en términos relativos con los que detectó la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados de la Nación” después de la crisis de finales de 2001.

Delgado insistió en recabar datos mediante la colaboración de los poderes judiciales de otros países y relativizar las “interpretaciones” de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del poder político.