El fiscal Carlos Washington Palacios atraviesa, quizá, las peores horas de su vida. Este martes será un día clave para su carrera judicial. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense definirá si lo suspende o no de su cargo al frente de la fiscalía de Pilar. En diálogo con Tiempo, Washington Palacios denunció una campaña mediática y judicial impulsada por el massismo para desacreditar una investigación suya en la que advertía irregularidades en el allanamiento a la vivienda del prefecto que le robó al líder del Frente Renovador.

El 20 de julio de 2013, el prefecto Gorgonio Alcides Díaz entró a robar a la casa del intendente de Tigre, Sergio Massa, en el country Isla del Sol. Doce horas más tarde, el sospechoso, que cumplía funciones en un área de Inteligencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, cayó preso en Florida 1202.

Sugestivamente, el robo y la posterior detención del prefecto trascendieron recién el 4 de agosto, cuando el periodista Horacio Verbitsky reveló la información en Página 12. Por orden del fiscal General de San Isidro, Julio Novo, el inicio del expediente no había sido cargado al sistema del Ministerio Público Fiscal. Hoy Novo está desplazado y aguarda un juicio político por supuesta connivencia con narcos y sicarios que operaban en zona norte del Conurbano.

Tanto para la Bonaerense, como para el juez Esteban Rossignoli y el fiscal Mariano Magaz, el prefecto Díaz -quien luego fue condenado a 18 años de prisión- le robó a Massa unos 65 mil pesos, 1200 dólares y joyas. Al menos, eso es lo que figura en el acta. Sin embargo, la mujer del delincuente, Graciela Garate, denunció otra cosa: que la policía, los funcionarios judiciales y otros desconocidos que entraron a su casa, secuestraron el botín robado y, de paso, vaciaron su caja fuerte que tenía dinero producto de la venta de un fondo de comercio y un crédito otorgado por Prefectura. Esta denuncia no prosperó porque el fiscal Claudio Scapolan, a cargo de la UFI de investigaciones complejas y mano derecha Novo, archivó el expediente sin siquiera tomarle declaración al testigo de ese allanamiento, César Jaunarena.

Este último episodio podría ser anecdótico. La policía, como se sabe, suele robar dinero o drogas de los sospechosos cuyos domicilios allana. Pero el caso tuvo una escalada impensada cuando el propio testigo Jaunarena denunció haber sufrido aprietes y amenazas de parte de un sector de la Bonaerense de Tigre, para que no contara lo que vio durante el procedimiento en la casa del prefecto.

La denuncia del testigo quedó radicada en la fiscalía de Pilar, donde son analizadas las investigaciones en contra de la policía de Tigre. Palacios llegó a acreditar que había sido “adulterada” la última hoja del acta del allanamiento donde casualmente figuraba el monto del dinero recuperado. Además, Palacios probó que en el procedimiento había participado un personaje que no figuraba en los papeles: el secretario de Prevención Ciudadana de Tigre, Diego Santillán, quien se habría llevado de manera irregular en un bolso grandes sumas de dinero.

La incursión de Santillán también había sido denunciada por la mujer del prefecto. Sin embargo, el fiscal Scapolan nunca se interesó por el dato. Así consta en la denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió que busca apartar a Scapolan de sus funciones, a quien considera una pieza clave para que Novo pudiera imponer durante años sus propios criterios sobre los 50 fiscales que tenía a cargo. Cuando alguno de subalternos pensaba diferente, y sobre todo en las causas políticas, el jefe de los fiscales desplegaba a sus principales espadas, que estaban inmediatamente debajo de él en jerarquía, para escarmentar a los indisciplinados. Palacios, de hecho, se someterá a este jury luego de haber sido denunciado por Scapolan.

-¿Todo esto responde a una maniobra política?

-Evidentemente, el massismo no me tiene mucho aprecio porque en mis últimos cuatro años como fiscal en Pilar investigué de manera muy comprometida delitos cometidos por policías en Tigre. Procesé casi 60 efectivos, muchos de ellos integrantes del Centro de Operaciones de Tigre, la guardia pretoriana de Massa. En el 2012, procesé a un delegado municipal de Massa y soy uno de los principales denunciantes de Novo quien está procesado por la justicia federal, suspendido por la Corte y con un juicio político en trámite.

-¿Cuál es el presente y futuro de la denuncia de Jaunarena?

-Han puesto en funcionamiento en mi contra el entramado político judicial de zona norte para desprestigiarme y acusarme falsamente, con la idea de evitar que progrese o avance sobre lo que ha ocurrido en ese allanamiento. Después de un mes y medio a cargo del expediente, en marzo de 2015, Scapolan de común acuerdo con el juez de garantías Diego Martínez me lo quitan. Dejé encaminadas medidas de prueba que terminarían de sustanciar el delito, pero desde ese momento la causa no tuvo movimientos.

-¿Piensa que es posible que lo suspendan?

-Sé que hay mucha presión del massismo directamente en la gobernación y en la Suprema Corte para que avancen en mi contra, pero espero que triunfe la verdad y que el tribunal tenga la suficiente parcialidad para fallar a derecho. Si llego a ser suspendido o separado de mi cargo es una clara afectación a la división de poderes, a la república y a la independencia del Ministerio Público Fiscal. El mensaje sería “señores fiscales no investiguen ningún delito que tenga vinculaciones con el poder político porque los vamos a suspender y desplazar del cargo”.

-¿Su investigación beneficia al prefecto?

-Se instalaron tres ideas falsas sobre esto: que pertenezco a Justicia Legítima; que estoy suspendido; y que con esta investigación se buscaba beneficiar al condenado. Esta investigación no tiene nada que ver. Afirmar eso es tener un desconocimiento total de cómo funciona el Ministerio Público Fiscal. Se trata de dos hechos diferentes.

En una reciente entrevista, Carrió aseguró que el dinero que los funcionarios habrían recuperado de manera ilegal de la casa del prefecto eran fondos negros destinados para la campaña política de 2013. A la distancia, el caso de Massa es similar al robo a la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti y a la vivienda del intendente de La Plata, Julio Garro. En los tres sitios actuaron agentes de seguridad que estaban en funciones: un prefecto en lo de Massa; un metropolitano en lo de Michetti; y un bonaerense en lo de Garro. Otra de las casualidades es que todos los delincuentes se alzaron con millonarias sumas, que por alguna razón, las víctimas quisieron ocultar.