El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, pidió nuevamente el apartamiento del juez Alejo Ramos Padilla de la investigación por presunta asociación ilícita cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Mediante un dictamen de más de 70 páginas que firmó el 9 de agosto, Curi sostuvo que “ha quedado ampliamente demostrado el lugar de constitución y en dónde operaba principalmente la asociación ilícita pesquisada”. Ese lugar –afirmó- es la Capital Federal.

“Las diligencias que se han concretado ratifican la postura sostenida por este Ministerio Público Fiscal en torno a que las conductas descriptas tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires y, además, responden por sí solas las dudas planteadas por los tribunales de instancias superiores”. La Cámara Federal de Mar del Plata y la de Casación Penal le habían pedido al juez Ramos Padilla que precisara el “objeto procesal” del expediente y el lugar en el que se habían cometido cada uno de los hechos. En ese contexto, la confirmación de la continuidad de la causa  en Dolores tenía carácter “provisorio”.

El fiscal Curi, en ese escenario, subrayó: “puede advertirse con facilidad que de los 28 supuestos referenciados, al menos 22 tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires, los seis restantes tienen algún punto de contacto con ese territorio mientras que ninguno de esos 28 hechos ocurrió dentro de la jurisdicción del juzgado federal de Dolores, más allá del encuentro puntual entre D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli ocurrido en Pinamar, con lo cual ninguna duda podría abrigarse respecto al ámbito espacial primordial en dónde operaba la empresa criminal que nos ocupa”.

Curi describió uno por uno los hechos bajo investigación y concluyó que los ocurridos fuera de la jurisdicción federal porteña son “ínfimos”.

“Bajo ningún punto de vista se desconoce que D’Alessio residía en Canning; que por un período tuvo una oficina en Las Toscas, en donde se habría reunido con alguna de las personas a quienes se les atribuye conformar esa empresa delictiva; que Juan Ignacio Bidone se desempeñaba como titular de una fiscalía provincial con asiento en Mercedes; que ciertas búsquedas ilegítimas las realizaba desde esa localidad; que algunas tareas de recolección de información se concretaron en otra localidad como Necochea y Rosario”, reconoció el fiscal de Dolores. Pero replicó que “sin embargo, aquellas situaciones no dejan de ser ínfimas (en un sentido cuantitativo) en contraposición con todas las otras ocurridas en el ámbito porteño”.

Incluso advirtió que lo que resta por investigar también tiene epicentro en la ciudad de Buenos Aires: “En aquellos supuestos en donde las maniobras deben profundizarse a través de la recolección de prueba y a través de requerimientos internacionales, todo se debe canalizar mediante reparticiones situadas en Capital Federal”.

El extenso dictamen añade, en el mismo contexto, que “los medios de difusión y periodistas de los que se habría valido la asociación ilícita como ‘vínculo comunicante necesario’ para las operaciones que requerían la publicidad mediática también se radican o ejercen actividades en CABA”.

El fiscal despejó otra cuestión que argumentaban para rechazar la investigación varios de los imputados: que la causa es nula porque no hubo impulso de la fiscalía en sus orígenes. Curi escribió: “Se efectuaron dos requerimientos de instrucción parciales (29 de enero y 18 de febrero) y con posterioridad  se solicitó que se declinara la competencia en razón del territorio”. Dicho de otro modo: hubo pedido para que se investigara, pero en otro juzgado.

El dictamen anoticia, además, sobre la existencia de otros imputados, entre ellos el ex militar Jorge Lenard Vives, cercano a la diputada Elisa Carrió y vinculado con la Aduana de Rosario; las abogadas Alejandra Zizzias y María Elisabeth Gasaro, el agente de inteligencia Pablo Pinamonti y el ex fiscal de la UFI AMIA y actual ante los juzgados penales de instrucción Marcelo Martínez Burgos.