El oficialismo de la Cámara de Diputados logró aprobar el informe de admisibilidad en la Comisión de Juicio Político que investiga el mal desempeño de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en su labor en la Corte Suprema de Justicia, a partir de 14 pedidos de juicio político presentados por legisladores y particulares.
Con 16 firmas a favor-y 15 en contra del Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal-quedó formalmente abierto el proceso de investigación y recolección de pruebas, donde se llamará a testigos y a los integrantes del máximo tribunal que podrán negarse a concurrir.
“Lo que hoy vamos a hacer no es la primera decisión que ha tomado esta Comisión”, explicó el jefe del oficialismo, Germán Martínez. En ese sentido señaló que “todos los elementos que traemos a esta reunión son conocidos. No hay ningún hecho nuevo. No hay ningún expediente nuevo. El informe es una expresión administrativa que tiene sus sustentos en el análisis que cada uno de los espacios políticos hemos hecho”.
Por su parte, Vanesa Siley, también del FdT, planteó que “lo que hagamos acá va a sentar precedentes para muchas cosas. Hay que ser responsables en ese sentido porque luego estos criterios conforman doctrina y aplicaciones para otras cosas”.
Los bloques de la oposición que integran la comisión impulsaron escritos propios. Por una lado, JxC presentaron un informe de rechazo “in limine”, de 108 páginas, en la que se aclara que los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto declaran la apertura del sumario de investigación únicamente de Lorenzetti. De hecho cuestionaron que las acusaciones no se votaron por separado.
“Decidieron votar en paquete y me parece una mala decisión por parte del Frente de Todos. Esto nos lleva a todos los diputados que no somos del Frente de Todos a votar en contra, se están perdiendo una oportunidad”, cuestionó López.
En tanto, el radical Mario Negri criticó que en la comisión hay 14 pedidos de juicio político presentados contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y no se les está dando curso. Inmediatamente, Leopoldo Moreau respondió que no son situaciones “equiparables”. “El presidente y la vice se van a someter a una elección este año. Ahí se va a juzgar la responsabilidad de los funcionarios políticos. En cambio la Corte no se va a someter a ninguna elección. Para eso está el juicio político”, indicó.
Por el PRO, Pablo Tonelli criticó que el origen del pedido de juicio político. “El disgusto, la molestia del presidente por una decisión de la Corte que, en un principio, el presidente había dicho que iba a cumplir», dijo en referencia a la sentencia que incrementó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires”.
En el caso del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez se manifestó por la inadmisibilidad con el argumento de que el informe de admisibilidad fue enviado a los legisladores con poco tiempo. “Ese informe de 91 fojas ingresó a nuestro conocimiento 48 minutos antes del inicio de esta reunión”, señaló, y agregó que “es imposible que se cumpla con el mandato del artículo 9 del reglamento de la comisión».
Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá se manifestó contra los dos bloques mayoritarios: “Estamos ante un carácter farsesco de este juicio porque no deja de ser una maniobra política. Quien lo impulsa sabe que no va a prosperar. No cuentan con los votos para hacer efectivo el desplazamiento de los miembros de la Corte”.
La semana que viene, el jueves 16, los 31 diputados que integran la Comisión avanzarán en la elaboración de un cronograma para producir la prueba.
Denuncias
Son 14 los expedientes que se aceptaron, entre ellos de diputados del Frente de Todos y la CC-ARI, de la senadora Juliana Di Tullio (UC-FdT), de asociaciones civiles y particulares. Entre los proyectos de resolución está el presentado por Eduardo Valdés, que toma el pedido del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. Las irregularidades que se denuncian están vinculadas al fallo de coparticipación a favor de la Ciudad ; por haber restituido la antigua Ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
