Así como pasó con el proyecto de reforma judicial hace un mes, desde este viernes la mayoría del Frente de Todos en el Senado dejó un nuevo proyecto en las puertas de la Cámara de Diputados, un terreno mucho más complejo para los números que maneja el oficialismo. Al igual que los cambios para el Poder Judicial, la nueva reducción de la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires cosecha un rechazo unánime de Juntos por el Cambio. Los negociadores del Gobierno buscarán sortearlo con una estrategia que ya está en marcha y que por ahora transcurre en forma silenciosa.
El núcleo de ese despliegue estará concentrado en los gobernadores, especialmente los opositores y aliados esquivos, a través de una mesa de negociación que combinará la búsqueda de votos para el Presupuesto 2021 con las voluntades necesarias para transformar en ley la reducción de la coparticipación federal para el distrito que administra Horacio Rodríguez Larreta.
El interbloque de Cambiemos en la Cámara baja se prepara para resistirlo y transitar con tensión los últimos dos meses que le quedan al período de sesiones ordinarias, cuyo vencimiento está previsto para el 30 de noviembre. Cerca de una de las autoridades del espacio que conducen Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) admiten que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para transformar en ley el achicamiento del monto coparticipable que recibe la capital del 2,32% al 1,4%. Desde 2016 y hasta el 9 de septiembre pasado fue del 3,5% y se redujo al 2,32% por un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para financiar la crisis salarial de la policía bonaerense.
El DNU del recorte fue impugnado por el gobierno porteño ante la Corte Suprema de Justicia. Rodríguez Larreta espera una salida salomónica del máximo tribunal que obligue a la Nación a negociar, pero en la Casa Rosada aseguran que así como el entonces presidente Mauricio Macri le sumó por decreto a la Ciudad un 1,1% en 2016 para financiar la transferencia de la Policía Federal, su sucesor está habilitado para sacárselo con el mismo instrumento, más aún teniendo en cuenta que la autonomía porteña es posterior a la ley de coparticipación federal de 1988.
Sin embargo, el recorte que votó el Senado no es judicializable. Su aplicación dependerá de los apoyos que logre el bloque que preside Máximo Kirchner. Cuenta con 119 voluntades propías y busca potenciarla 135 o 140 votos con el apoyo del interbloque Unidad y Equidad para el Desarrollo, que preside el mendocino José Luis Ramón, y algunos de los integrantes del espacio lavagnista, que conduce Eduardo “Bali”Bucca. En ese conglomerado la acción de oro la posee el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, que dirige desde su sillón a los cuatro diputados del bloque Córdoba Federal. La semana pasada ya anticiparon que apoyarán la reducción de los montos federales para la capital y el presupuesto para el año que viene, con el mismo empeño que pondrán para rechazar cualquier intento de tratar la reforma judicial.
La mayor atención de la Casa Rosada está puesta en los tres gobernadores radicales, aliados de Larreta: el mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés. Al igual que Schiaretti afrontan momentos muy complejos en sus provincias y necesitan auxilio federal. Los tres primeros por los picos de contagios de coronavirus. El cordobés también y se suma una feroz crisis adicional por la multiplicación de incendios forestales intencionales.
En el macrismo están convencidos que ninguno de los tres mandatarios radicales moverán un dedo para desautorizar a Rodríguez Larreta. En el oficialismo trabajan para remover esa certeza y apuestan a aceitar acuerdos con la negociación del presupuesto. “Los gobernadores de Cambiemos gestionan y trabajan. Vienen haciendo un enorme esfuerzo y son responsables, pero los senadores de no. Además de no defender sus provincias son bastantes vagos ”, disparó una alta fuente del oficialismo en el Senado.
Juntos por el Cambio sigue reclamando que el presupuesto sea debatido en forma presencial en el recinto. Si la bancada opositora ratifica ese pedido, el titular de la Cámara, Sergio Massa, deberá activar el punto 3 del último protocolo de sesiones mixtas, contabilizar a quienes deseen estar presentes y luego analizar la posibilidad de sesionar en un lugar externo al Congreso.
El recorte de la coparticipación por ley también podría ser incluido en el pedido de sesiones presenciales, pero la alianza opositora queda al borde de ser acusada de bloquear el funcionamiento del cuerpo cuando aparecen temas que no puede frenar con los votos. Parte de esa tensión recrudeció esta semana, cuando la diputada del Frente de Todos, Mayda Cresto, presentó un proyecto para reformar el reglamento de la Cámara baja e incluir el protocolo de sesiones remotas para abandonar la necesidad de renovarlo cada dos meses en intricadas negociaciones con Juntos por el Cambio.
De acuerdo a los planes originales del oficialismo, el texto iba a ser debatido este martes en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Cresto. La decisión del FdT puso en pie de guerra a los escuderos cambiemitas, que consideran la movida como “un retroceso”. Así se lo hicieron saber a Massa y Kirchner. Este sábado, en el bloque del Frente de Todos confiaron que no se concretará la reunión de comisión prevista para el martes, en un compás de espera hasta que se ordenen los porotos de la negociación legislativa que definirá la agenda hasta el 30 de noviembre. Luego la pelota quedará en la cancha del Presidente de la Nación, que tiene facultades para convocar a sesiones extraordinarias y definir su temario para cruzar un verano cargado de incógnitas políticas, económicas y sanitarias.
