Lo que torna más atroz al Poder Judicial es su estructura de chiste. Lo prueba el reciente aval de dos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal a su colega Gustavo Hornos –uno de los asiduos visitantes de Mauricio Macri a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos– para continuar interviniendo en una causa donde el propio ex presidente está imputado.

Los hacedores de tal disparate son Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, para lo cual usaron el siguiente argumento: “No hay motivos suficientes para sostener que su intervención pueda vulnerar la garantía de imparcialidad”.

Al respecto, es necesario remontarse a los orígenes del problema.

El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento, sin que desde entonces se haya podido probar la intervención de terceros en el balazo que le voló la tapa de los sesos. Aún así, la conversión de su suicidio en asesinato fue sin ninguna duda el bautismo de fuego en Argentina del lawfare, como se denomina a la judicialización de la política a través de la triple alianza entre cierto sector del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la prensa amiga.   

Tampoco hay dudas sobre la enorme utilidad de tal recurso, dado que es aplicable en todos los campos del poder: sirve desde la oposición para socavar gobiernos legítimos; es asimismo apto desde el oficialismo para perseguir ex funcionarios, figuras opositoras y empresarios rivales. Pero también posibilita –así como sucede en la actualidad– notables ventajas durante la vuelta al llano de las autoridades con mandato cumplido, para así sortear contratiempos con el Código Penal.

A fines de enero, una investigación del portal El Destape dejó a la luz las visitas a la Quinta de Olivos de los camaristas Hornos y Mariano Borinsky, además del integrante de la Cámara Federal Mariano Llorens y del fiscal Raúl Pleé. A partir de ese momento, los partidos de paddle con altos dignatarios del gobierno anterior –como el jefe de Asesores, José Torello, el cabecilla Legal y Técnico, Pablo Clusellas, y el mismísimo Mauricio- fueron más comentados por la opinión pública que la Copa América.

Ya se sabe que, de modo inexorable, todas las trapisondas judiciales del régimen macrista están saliendo a la luz. En este punto, no está de más evocar una denuncia presentada en febrero por  un grupo de diputados del Frente de Todos (FdT), encabezado por Martín Soria (actual ministro de Justicia), contra Hornos, por ser parte de la llamada “mesa judicial”. Y otra contra el camarista Eduardo Riggi, hecha por el abogado Carlos Beraldi, también por su fidelidad a ese verdadero Ministerio de la Presión.

El primero –según demostró Soria con pruebas documentales– tenía la amabilidad de visitar a Macri en la Casa Rosada. Lo hizo seis veces, siempre en vísperas de algún fallo favorable a los deseos del primer mandatario.

El otro, cuyo alineamiento con Macri fue (y es) casi obsceno, debería aún explicar el secuestro, efectuado por él, de la causa instruida por la jueza federal María Servini de Cubría sobre el cúmulo de aprietes a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, del Grupo Indalo, que contiene cruces telefónicos entre miembros de esa mesa judicial.

Justamente, el reciente aval de Riggi y Gemignani a Hornos se refiere a esta causa, que además tiene como prófugo a “Pepín” Rodríguez Simón.

Dicho aval fue rubricado una semana después de que el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) cuestionara con dureza a Hornos y Mariano Borinsky por su rol en la ahora fenecida causa del Memorándum con Irán.

Porque fueron precisamente ellos quienes la resucitaron desde la Sala I de Casación, luego de que el juez Daniel Rafecas la anulara por “inexistencia de delito”. Pero Borinsky y Hornos no solo la abrieron sino que se la llevaron en bandeja Claudio Bonadio.

Ese expediente fue un himno al desplome del estado de derecho. Entre otras muchas vilezas, sirvió para encarcelar a los dirigentes opositores Carlos Zannini, Luis D’Elia, Fernando Esteche y Jorge Khalil. El pedido de detención era también para Cristina Fernández de Kirchner, quien se salvó por sus fueros de senadora.

En dicho contexto, el procesamiento de Héctor Timerman requirió, por su debilitada salud, una dosis extrema de crueldad. Prueba de ello es que su absurda prisión domiciliaria –tardíamente subsanada por el juez subrogante Sergio Torres– imposibilitó su viaje a los Estados Unidos para continuar el tratamiento oncológico. De manera que su cuadro se agravó y tuvo que ser operado de urgencia. El ex canciller falleció el 30 de diciembre de 2018.

Aquel día, Borinsky y Hornos jugaban al paddle en Olivos.  «