Acaso los asesinos de Lucas González integraban una patrulla perdida de la última dictadura? Lo cierto es que el régimen macrista fue algo así como su continuación civil, y en la Ciudad de Buenos Aires aún no terminó.

En el aspecto punitivo, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue suplida por lo que se podría llamar el “Evangelio de la Seguridad Urbana”, una suerte de terrorismo de Estado arrabalero, aplicado sin distinción ni freno, siendo el eje de su naturaleza la criminalización de quienes no son criminales, y con sus consiguientes “correctivos”. 

Por esa razón, el perfil de sus víctimas suele ser preciso: adolescentes que, por ejemplo, comparten una cerveza en alguna esquina, que les gusta la cumbia o el rock, que van a recitales y fuman porro. Pero no son criminales sino pibes de clase media baja, tal vez desertores del sistema educativo y con dificultades para conseguir empleo. Ellos son tomados como blanco preferido por la Policía de la Ciudad en nombre de un ejercicio algo heterodoxo de la “prevención del delito”. Eso incluye la práctica del “gatillo fácil”, que también se extiende hacia los menores excluidos y en conflicto con el Código Penal.

El macrismo jamás disimuló sus dos grandes obsesiones en materia de seguridad: el control casi maníaco del espacio público y el disciplinamiento social. Ya se sabe que esto último está enlazado con la represión política.

En los ciclos democráticos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se contabilizan oleadas represivas como la aplicación del Plan Conintes durante el gobierno de Arturo Frondizi y el accionar de la Triple A, junto a grupos policiales y militares, cuando María Estela Martínez de Perón ejercía la primera magistratura. Luego, una vez concluida la última dictadura, los presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem no incurrieron en el abuso de la fuerza para sofocar expresiones y reclamos adversos a sus políticas, con la excepción de hechos desatados por gobiernos provinciales. Tampoco Néstor y Cristina Kirchner cayeron en semejante tentación. Pero sí Fernando De la Rúa con la matanza del 19 y 20 de diciembre de 2001, y también Eduardo Duhalde con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Claro que mientras los dos primeros casos eran fruto de la espinosa doctrina de las “fronteras ideológicas”, los otros fueron reacciones agónicas de presidencias al borde del precipicio.

En cambio, con Mauricio Macri en la Casa Rosada se impuso un nuevo paradigma: el “Estado golpeador”. Algo cocinado originalmente al calor de las encuestas y los focus groups. Y con el propósito de poner en marcha medidas bestiales para así captar a los sectores cavernícolas del padrón electoral. Esa angurria impuso una vuelta de tuerca al asunto: la represión y el punitivismo por una cuestión de marketing. En ese marco, el “gatillo fácil” fue un recurso de lo más usual. 

En materia de asesinatos policiales, tras la muerte de Lucas se viralizó una estadística conmocionante: durante su primer lustro de vida, la mazorca porteña cometió 121 homicidios en esa modalidad.

Pero desde una óptica global, el conteo es más aterrador: entre fines de 2015 y el 10 de diciembre de 2019, el conjunto de las fuerzas de seguridad bajo el ala de Cambiemos asesinó en todo el país unas 1440 personas.

No hay ninguna duda de que el macrismo se debe a su público.  «