La red de espionaje ilegal de Cambiemos que investigan al menos cuatro juzgados federales tuvo su capítulo en la provincia de Buenos Aires. Dos funcionarios de Auditoría de la policía bonaerense utilizaron medios del Estado para espiar a instituciones y personas, entre ellas a Marcelo Rochetti, quien fue jefe de Gabinete del ex ministro de Seguridad y actual diputado e integrante de la bicameral de Inteligencia Cristian Ritondo.
La causa trascendió por una investigación ilegal sobre el ex comisario Néstor Omar Martín y su familia. Sin un expediente judicial que lo hubiera ordenado, Guillermo Berra y su esposa, María Rosario Sardiña, ambos de Asuntos Internos de la bonaerense, investigaron su situación patrimonial en busca de un supuesto enriquecimiento ilícito. “Obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad”.
Investigaron a organismos estatales y privados, nacionales, provinciales y municipales. Desde la AFIP hasta el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, pasando por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Hipódromo de Palermo, la Policía Federal y los bancos Santander y Río.
¿Personas? El ex juez César Melazo, hoy detenido; los intendentes Juan Pablo Mussi, Fernando Espinoza y Mario Ishi, y dos detenidos en la Causa D’Alessio, los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, entre otros.
La imputación, por ahora, es liviana: dos hechos de abuso de autoridad y peculado, por haber utilizado en provecho propio los accesos a las consultoras Nosis, Veraz y la Dirección Nacional de Migraciones.
En el expediente, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield y el juez Guillermo Atencio, figuran declaraciones de agentes a los que se les encargaron “tareas encubiertas y confidenciales… y que de surgir novedad se le comunique de manera inmediata al teléfono de contacto” de Sardiña.
Ese grupo, según surge de la causa, se formó en 2016 como consecuencia de un supuesto plan para asesinar a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Se la conoció como “Operación Talonario” y fue atribuida a un grupo de comisarios desplazados por la entonces nueva gestión.
Nunca se comprobó la existencia de tal plan que, según aquella hipótesis que hoy parece descabellada, tenía por objetivos a Vidal, a Ritondo y al propio Berra.
