El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) anunció la intención de profundizar acciones para “alcanzar la democratización del agua”. El ente que conduce Enrique Cresto avanza sobre iniciativas como el proyecto de Ley Federal de Acceso a Servicios de Agua y Saneamiento.
El objetivo “es consolidar la adopción de políticas públicas que aborden la temática más allá de las distintas administraciones nacionales, para terminar con la injusticia hídrica que impide que millones de personas de todo el país puedan ejercer su derecho al agua segura”, explicaron a través de un comunicado.
En esa línea de trabajo, el ente además impulsa acciones como los Foros Federales del Agua, “que en toda la Argentina multiplican esfuerzos para que el proyecto se convierta en ley”. En el marco de su presentación más reciente, desarrollada de forma virtual este miércoles 20, Cresto expresó: “Nuestro objetivo final es lograr una ley que garantice el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento y que podamos sentar las bases de la transformación de las buenas políticas públicas en políticas de Estado”.
Asimismo, advirtió: “Hoy en día, otra de nuestras prioridades es mantener funcionando a pleno las plantas de agua potable y tratamiento de efluentes para sostener los servicios esenciales, por encima del desafío que en muchos casos representa la falta de fondos por parte de los operadores”.
Desde el ENOHSA señalaron también que estos foros se realizan con el propósito de potenciar la construcción colectiva de la ley entre los distintos actores de la sociedad, como comunidades, provincias, municipios, universidades y ONGs.
En cuanto al proyecto normativo, se trata de una herramienta jurídica que funciona alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En particular coincide con aquel que proyecta alcanzar el 100 por ciento de cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, más aún en un contexto internacional de crisis climática.
En definitiva, “la propuesta busca ampliar derechos, propiciar la distribución equitativa de los recursos hídricos y contribuir a la reducción de los niveles de pobreza dentro de un escenario en que se priorice el crecimiento sostenible”.
Asimismo, “contempla la articulación de campañas de educación ambiental que otorguen herramientas a la ciudadanía a fines de incentivar el uso responsable, eficiente y sustentable de estos servicios”, finalizó el comunicado.
