De un lado, los votantes de Esteban Bullrich y Sergio Massa. Del otro, los de Cristina Fernández, Florencio Randazzo, Néstor Pitrola, Fernando «Pino» Solanas y Víctor De Gennaro. Por debajo, el inasible universo del sufragio en blanco. El elector del Conurbano bonaerense que el domingo 13 de agosto ratificó la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana describió un agrupamiento diferente al fijar posición sobre seis interrogantes clave. Los debates sobre el rol del Estado, la carga impositiva al empresariado, el cuestionado dilema costo laboral-progreso, el aumento de penas como condición de lucha efectiva contra el delito, la promoción (o no) a la industria nacional y el papel de los sindicatos distinguieron dos espacios diferenciados y trazaron una suerte de «mapa conceptual» del electorado que, por estas horas, todas las fuerzas políticas escrutan con rigurosidad quirúrgica.
La configuración forma parte de un «análisis multidimensional» de los resultados de una encuesta a boca de urna entre votantes de las PASO en 16 municipios de las estratégicas primera y tercera sección electoral de la Provincia realizada por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (COPES) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que dirige el sociólogo Carlos De Angelis. La investigación se realizó a partir de 1156 entrevistas efectivas, con un error muestral del +/- 3 por ciento.
La información «cruzada» entre el candidato elegido y las respuestas a un cuestionario de opinión ampliado permite profundizar la caracterización de un electorado que, se sabe, divide a jóvenes y sectores más vulnerables; y a adultos mayores y estratos medio-altos y altos como los «núcleos duros» de la adhesión a CFK y Esteban Bullrich, respectivamente.
El elector de Unidad Ciudadana está en contra de un achicamiento del Estado, defiende la intervención sindical en la negociación empleado-empleador y a la industria nacional frente a la competencia externa. También rechaza la baja de los «costos» laborales y cree que los empresarios deben pagar más impuestos. Sin embargo, los mismos votantes están divididos en mitades exactas entre quienes aprueban aumentar las penas para frenar la inseguridad y aquellos que rechazan esa salida.
Con matices, todas esas variables los acercan a quienes votaron a Randazzo o alguna de las opciones de la izquierda. Todos ellos integran el universo «a la izquierda» del mapa de cercanías que traza la investigación.
De empatía y contradicciones
La empatía entre los votantes de Cambiemos y 1País parece tener como eje la discusión en torno a la inseguridad: un 78,8% de los votantes de Massa está a favor de endurecer las penas, mientras que un 76,1% de los adherentes al exministro de Educación se pronunció en el mismo sentido.
«El voto de Massa es heterogéneo, concentra a sectores menos politizados, con la inseguridad como un elemento aglutinador por las campañas iniciadas en Tigre. El gobierno, en cambio, limita ese campo a la lucha contra el narcotráfico», explicó De Angelis a Tiempo.
La proximidad entre los votantes de Bullrich y Massa describe el territorio «a la derecha» del diagrama, pero también muestra «contradicciones» internas que señalan, quizás, uno de los elementos constitutivos del imaginario detrás del respaldo al oficialismo. Las respuestas sobre empleo y economía revelan esos ¿desajustes?: el 61,1% de los votantes de Cambiemos vetó la intervención del Estado y sindicatos en la negociación laboral, y el 59,5% aprobó la idea de achicar el Estado. Al mismo tiempo, el 67% desaprobó una baja de los «costos» laborales y el 66% avaló el aumento de la carga impositiva a los empresarios.
«De ninguna manera se puede hablar de una derecha liberal configurada. Es una suerte de emergente. Y las diferencias internas muestran que las posiciones extremas no son las que definen al votante de Cambiemos», amplió el autor del estudio.
En las mismas áreas, el votante de Massa agudiza posiciones en relación con su candidato de cercanía: comparado con el elector de Bullrich, las categorias de rechazo a una intervención en el costo laboral (78,8%) y de aprobación a subir los gravámenes sobre el empresariado (76,5%) suben diez puntos aproximados. Esos datos sobresalen porque sólo el 8,1% se pronunció a favor de bajar costos para empleadores y apenas un 14,3% rechazó la idea de aumentar la presión impositiva sobre los empresarios.
Todas respuestas que insinúan el debate alrededor de una potencial futura reforma laboral, uno de los objetivos tácitos del gobierno de Mauricio Macri para el día después del examen electoral de octubre. «