«Vamos a hacer lo que nos diga la ONU, pero para que eso suceda todavía falta tiempo porque hasta ahora sólo recibimos un escrito no vinculante del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias», contestó a Tiempo un funcionario de la Casa Rosada para reflejar la posición del gobierno respecto al pedido de liberación que formuló el organismo internacional, luego de hacer lugar a una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de los abogados defensores de la líder de la organización Tupac Amaru. La mujer ya lleva 288 días encarcelada en la provincia de Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, un hombre que, admiten en el gobierno, «mantiene un enfrentamiento personal con la detenida». La respuesta del funcionario, que reporta directamente al presidente y al jefe de Gabinete Marcos Peña, intentó bajarle el tono al documento de 25 páginas que recibió esta semana la Cancillería, pero a la vez reconoció que, si el pedido es avalado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la administración de Cambiemos cumplirá con la solicitud, «sea cual sea».

El punto de vista oficial, además de ganar tiempo, fue más allá de las respuestas que por estas horas ofrece a la prensa el secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj. En diálogo con este diario, el funcionario anticipó que el martes 8 de noviembre recibirá a los integrantes del CELS y a los abogados de la Tupac, que ya le solicitaron explicaciones al Ejecutivo para saber cómo aplicará la resolución del Grupo de Trabajo que depende del influyente Consejo, con sede en Ginebra (Suiza) y que está integrado por cinco miembros oriundos de Benin, México, Corea del Sur, Ucrania y Australia.

«Por ahora estamos ante un dictamen, o una opinión de este Grupo de Trabajo, que dentro de 180 días será elevado al Consejo donde finalmente se va a definir la situación. Ya dimos traslado del documento al Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, para respetar la independencia del Poder Judicial y de la autonomía provincial. Es Jujuy el Estado que nos puede pedir que elevemos un informe, pero todavía no hay una definición sobre eso», detalló el funcionario que también depende del jefe de Gabinete Peña. «Ante las instancias internacionales, es el gobierno el que responde, y estamos analizando los pasos a seguir, mantenemos el diálogo con el gobernador Morales, aunque el dictamen no es vinculante, pero si interviene el Consejo estaríamos ante otro escenario porque deberíamos responder ante la Corte Internacional de Derechos Humanos», contestó Avruj.

El escenario que mencionó el secretario, es analizado junto con el representante especial para los Derechos Humanos del Palacio San Martín Leandro Despouy, que también estará en la reunión del martes 8. Ambos funcionarios tendrán en sus manos la estrategia técnica que buscará evitar que el dictamen del Grupo de Trabajo empeore, llegue al Consejo de Derechos Humanos y se transforme en un problema peor aun. Sin embargo, el representante argentino ante el CDH, está mencionado dentro de una de las causas judiciales que instruye el fuero federal contra Sala, «por su presunta intervención en el escrache sufrido en el año 2009 por Morales (cuando era senador) y Despouy, por entonces titular de la Auditoría General de la Nación durante un acto en la provincia». No es la única presunta incompatibilidad que incomoda a Despouy ante la ONU: también es firmante de una serie de auditorías sobre manejos de fondos federales que inculpan a Sala en otra causa judicial, por la que el gobierno asegura que «hay razones de peso para que siga presa», como aseguró el ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari, cuya repartición afronta duras críticas internacionales y nacionales por el estado de las cárceles de su jurisdicción. «