A 47 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un espacio unitario e independiente de todo gobierno y del Estado, volvemos a esta Plaza para decir: ¡30.000, presentes! ¡No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI! ¡Basta de criminalizar las luchas! ¡Viva la lucha del pueblo peruano; abajo ese gobierno golpista!

Sin duda, el 24 de Marzo es un día histórico de lucha contra la impunidad, la represión y los atropellos del Estado. Por eso rechazamos todo intento de banalización o de utilización gubernamental para convertir esta fecha tan sentida en una celebración oficialista y electoralista. Menos aún, cuando el gobierno está aplicando programas de hambre del FMI. Que nadie se confunda ni se deje confundir: el 24 de Marzo es un día de lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy.

Para que lo sepan las nuevas generaciones y lo recuerden las no tan nuevas: el terrorismo de Estado en nuestro país no empezó en marzo de 1976 sino antes, con el gobierno del Partido Justicialista. Desde 1974 amparó a la Triple A, que, con otras bandas fascistas, secuestraron y asesinaron a más de mil activistas. Y desde 1975 se implementó el llamado Operativo Independencia en Tucumán. Ese fue el preludio del golpe y del genocidio.

• La dictadura militar desapareció, torturó y asesinó a miles y miles de militantes populares.

• Robó cientos de bebés, muchos de ellos apropiados por los represores.

• Organizó más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

• Ejecutó los “vuelos de la muerte”.

• Suspendió y prohibió los partidos políticos.

• Censuró la prensa y prohibió listas enteras de artistas.

• Intervino los sindicatos

• Disolvió los centros de estudiantes y otras organizaciones populares.

Por eso, frente a toda la derecha antiderechos que avanza, y que hasta elogia a fachos como el presidente salvadoreñoBukele, repetimos: ¡son 30.000 y fue un genocidio! Y por eso nuestro homenaje es para reivindicar a las y los queridos detenidos-desaparecidos. Es un homenaje a cada una y cada uno de ellos, con sus nombres y sus rostros, pero también es una reivindicación política de sus luchas y su compromiso militante. ¡Las y los 30.000, presentes!

Desde 1983 a hoy hubo intentos de impunidad, que la lucha popular resistió:

• Antes de caer, los militares dictaron su ley de autoamnistía.

• En 1985 se enjuició sólo a tres de las cuatro juntas militares.

• En 1986-87, el punto final y la obediencia debida.

• En los ’90, los indultos de Menem.

• Y en 1998, la derogación trucha de las leyes de impunidad.

Pero con la lucha de años, más el empuje de la rebelión de diciembre de 2001, en 2003 logramos la nulidad real y reabrir los juicios a los genocidas. Y en 2017 derrotamos también en las calles el intento de la Corte de beneficiarlos con el 2×1.

Esa batalla sin tregua del movimiento de derechos humanos y las organizaciones populares, con apoyo social, derrotó los intentos de impunidad. Hasta setiembre pasado, último dato oficial, logramos 1.088 represores condenados y otros 495 procesados. Es un triunfo democrático ejemplar, porque somos el único pueblo del mundo que logró que la justicia civil juzgue y condene un genocidio cometido por el propio Estado. Pero falta:

• Porque el gobierno sigue sin abrir todos los archivos de la represión.

• Porque siguen sin restituir todas las niñas y niños apropiados.

• Porque las causas a genocidas y sus cómplices se lentifican y algunos mueren con impunidad biológica, como el empresario Carlos Blaquier.

• Porque se los sigue favoreciendo con la prisión domiciliaria.

• Porque la Corte no dejó firmes las condenas a los genocidas.

• Y porque incluso se deja libres a algunos, como el represor Juan Carlos Fotea, que intervino en los secuestros de Rodolfo Walsh, las monjas francesas y Madres de Plaza de Mayo en la Iglesia de la Santa Cruz.

Y tanto ayer como hoy, hay un nexo directo entre ajuste y represión. La dictadura fue alentada por el imperialismo acá y en todo el Cono Sur, financiada por el FMI y apoyada por las multinacionales, los capitalistas locales y las cúpulas de la Iglesia. Su objetivo fue bien claro: derrotar la lucha obrera y popular e imponer un modelo económico de entrega total de nuestro país. A sangre y fuego, cayeron a pique los salarios y aumentaron los ritmos de trabajo. Multiplicaron la deuda externa de 7.000 millones de dólares en 1976 a 47.000 millones en 1983. Y estatizaron la deuda privada de los mismos grandes grupos capitalistas a los que hoy se sigue beneficiando con exenciones fiscales, el dólar-soja o son formadoras de precios.

Todos los gobiernos post dictadura pagaron esa deuda fraudulenta e ilegítima a costa de ajuste, privatizaciones y entrega. Sólo con la rebelión popular de 2001 se impuso un no pago parcial por más de un año, obligando a volcar plata a la ayuda social. Luego Néstor Kirchner, que hablaba de “desendeudamiento”, pagó casi 70.000 millones de dólares. El colmo fue Macri, que en 2018 pactó un préstamo de 45.000 millones de dólares, el más alto en la historia del FMI, que, como siempre, terminó en fuga de capitales a través de los bancos.

El gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que se pretende distinto, convalidó esa deuda trucha en el Congreso y la sigue pagando, incluido el nuevo canje de Massa, y encima con el FMI monitoreando toda la economía. Durante los 40 años de esta democracia capitalista pagamos, pagamos y pagamos, pero al final hoy la deuda supera los 400.000 millones de dólares, ¡o sea nueve veces lo que se debía al empezar la democracia! No es una deuda real ni un préstamo legítimo a devolver: ¡es una estafa y las estafas no se pagan!

Y la deuda viene de la mano con un ataque a los derechos humanos y democráticos. Por un lado, las medidas pactadas con el Fondo nos traen más pobreza, bajos salarios y jubilaciones, desempleo y precarización. Recorte de planes sociales. Menos presupuesto para salud, educación, vivienda, políticas de género y diversidad. Y además profundizan el modelo de extractivismo, saqueo y contaminación ambiental con tal de juntar dólares para pagar la deuda. ¡Así, con hambre, ajuste y entrega no hay derechos humanos!

Pero como ningún ajuste pasa sin represión, el Estado, con el fogoneo de los patronales y los grandes medios, criminaliza las luchas y ataca derechos democráticos básicos: el derecho a la protesta social, el derecho de huelga, los fueros de las y los delegados sindicales. Y son derechos básicos porque la organización y la movilización obrera y popular son justamente la única garantía para conquistar derechos, para defenderlos y para lograr nuevos.

Con la pandemia, este gobierno no sólo benefició a la salud privada en perjuicio de la salud pública, sino que les dio más poder de control social a la policía y la gendarmería. Durante 2022, entre gatillo fácil, femicidios de uniforme, muertes bajo custodia y otros hechos similares, las fuerzas represivas asesinaron a 436 personas, sobre todo jóvenes y pobres. O sea, el Estado argentino comete un asesinato directo cada 20 horas.

Las medidas y el relato del poder capitalista y sus voceros son pura hipocresía. Demonizan a las comunidades mapuches y otros pueblos originarios, los acusan de “usurpar tierras” y los reprimen. Pero al magnate británico Joe Lewis lo dejan apropiarse del Lago Escondido, cerrar el camino público y atacar con su policía privada a quien intenta pasar. Y en Chubut, un emir multimillonario de Qatar pretende apropiarse de las nacientes de ese río que irriga toda la provincia. Pero el poder demoniza a las mujeres mapuches que defienden la zona. ¡Joe Lewis, el emir de Qatar, Benetton, las petroleras y megamineras, las estancias inglesas, ésos son los que usurpan nuestro territorio!

Y lo mismo con los movimientos sociales que salen a reclamar. Mientras crecen la pobreza y el desempleo, el gobierno nacional y su ministra Tolosa Paz, que vive en un country, pretenden anular miles de planes sociales, congelar los montos y recortar la comida a los comedores populares. Pero denigran y acusan a los piqueteros, que reclaman trabajo genuino. Y encima el facho José Luis Espert, defensor de la dictadura, pide “cárcel o bala” para los dirigentes. ¡Es una instigación al ataque directo! Porque esos discursos de odio de clase, racista, odio político, también con manija mediática, alientan crímenes de odio como el atentado a la vicepresidenta o los ataques a locales de partidos de izquierda, hechos que repudiamos sin excepción.

En Jujuy, Salta, Río Negro, Chaco y otras provincias, los gobernadores elevan las multas y la persecución a la protesta social y la justicia agrava las condenas. En Córdoba, la policía espía a las organizaciones en lucha, como el caso del agente Américo Balbuena, de la Federal, hoy procesado. Acá la policía de Larreta reprimió a vecinos que reclamaban por los cortes de luz, manteros que intentan ganarse el pan, marchas de desocupados y hasta festejos del Mundial. Y días atrás hubo detenciones en Mendoza por movilizar contra el hambre. Por eso repetimos: ¡si tocan a une, nos tocan a todes! Basta de reprimir las protestas y perseguir a quienes salimos a luchar. Cierre de las causas contra activistas populares, como los compañeros perseguidos por luchar contra el acuerdo con el FMI en marzo de 2022. Anulación de las mal llamadas leyes antiterroristas. Absolución a César Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero. Libertad a Milagro Sala, Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y sus hijes, Facundo Jones Huala, a las presas mapuches y los obreros petroleros de Las Heras. ¡Libertad a todas las presas y presos políticos, en nuestro país y en todo el mundo!

También cuestionamos a la corporación judicial. Y rechazamos su utilización para persecución política, según los vaivenes del poder. Pero digamos las cosas como son: a la actual Corte Suprema la votaron juntos el macrismo y el peronismo en el Senado. Que nadie se haga el sorprendido. ¡Desde la Corte hasta el último juez de paz, este sistema judicial clasista y patriarcal no va más! Para avanzar hacia una justicia mínimamente democrática e independiente del poder político, los jueces, juezas y fiscales se deberían elegir por voto popular, por mandatos limitados y no vitalicios, revocables y sin privilegios.

Por Julio López, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Luciano Arruga, Facundo Castro, Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Mariano Ferreyra, Maxi Kosteki, Darío Santillán, Víctor Choque y tantos y tantas más, seguimos defendiendo los derechos humanos de ayer y de hoy:

• Exigimos al gobierno la apertura y el acceso a todos los archivos de la represión. Lo mismo a la Iglesia, que sigue negando su complicidad.

• Así como las Abuelas y la lucha popular ya recuperaron a 132 nietas y nietos, vamos por la identidad de todes les jóvenes apropiados.

• Se deben acelerar y unificar las causas contra genocidas, porque 1.023 de los enjuiciados murieron sin sentencia, con impunidad biológica.

• Como el 76% de los genocidas condenados está en su casa, decimos basta de prisiones domiciliarias: ¡cárcel común, perpetua y efectiva!

• Muchas ex presas y presos políticos, ex exiliados, hijas e hijos y sobrevivientes reciben pensiones mínimas y no tienen obra social. ¡Que se cumplan las leyes reparatorias y se actualicen sus haberes!

• A dos años de su desaparición, exigimos saber dónde está Tehuel.

• Repudiamos las pistolas Taser, esas picanas eléctricas que compraron Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y ahora también Aníbal Fernández.

• Exigimos el desmantelamiento de todo el aparato represivo. Y basta de gatillo fácil, razzias y detenciones arbitrarias, desapariciones, femicidios de uniforme, redes de trata, torturas y muertes en sitios de detención.

• Y repudiamos el envío a Rosario de militares con la excusa de urbanizar barrios, y de más policías y gendarmes con la excusa del narcotráfico. Junto al aparato estatal y los puertos privatizados, esas fuerzas represivas a las que quieren legitimar son parte del delito.

También reclamamos la investigación y el no pago de la deuda externa. Decimos: ¡Fuera el FMI, sus planes de ajuste y sus monitoreos! ¡Plata para salarios, jubilaciones, empleo, vivienda, salud y educación! Como siempre, apoyamos todos los reclamos sociales que cruzan el país. Y asimismo expresamos nuestra solidaridad con las luchas del continente y del mundo:

• Estamos junto al pueblo hermano de Perú. Pese a la represión asesina que ya causó más de 70 muertes, sigue luchando para derrotar al gobierno golpista de Dina Boluarte y el Congreso corrupto, lograr la libertad de Pedro Castillo, poner fin al régimen heredado del fujimorismo, llamar a una Asamblea Constituyente libre y soberana, y nacionalizar el petróleo y la minería. A la vez, exigimos al gobierno argentino que rompa relaciones con el gobierno de Boluarte.

• Fuera las tropas extranjeras de Haití. Derecho del pueblo a decidir su destino.

• Justicia por Lilyan y María del Carmen, las niñas asesinadas en Paraguay, aparición con vida de Lichita y libertad a Carmen y Laura Villalba.

• Y decimos: No a la guerra. Fuera las tropas rusas de Ucrania. Fuera la OTAN del Este de Europa y por su disolución.

• Libertad aJulian Assange, perseguido por denunciar los crímenes del imperialismo.

• Repudiamos los bombardeos de Irán y Turquía contra el pueblo kurdo.

• Viva la lucha de las mujeres y el pueblo iraní contra ese gobierno dictatorial.

• Viva la resistencia palestina contra el Estado genocida de Israel.

• Viva la lucha obrera y estudiantil en Francia contra el decretazo anti-jubilatorio de Macron. Basta de represión.

Para cerrar este enorme y combativo acto popular, a 47 años del golpe genocida, repetimos: No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y como lo hicieron nuestras y nuestros 30.000, seguiremos las luchas en las calles para cambiar este sistema de opresión y explotación. ¡Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros! ¡No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI! ¡Basta de criminalizar las luchas! ¡Viva la lucha del pueblo peruano; abajo ese gobierno golpista! ¡30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! ¡Venceremos!