Los primeros dos días tras la aparición del cuerpo de Lautaro Rosé en el río Paraná su mamá no quiso hablar con la prensa. Juana Sotelo necesitó ese tiempo en silencio para empezar a duelar al menor de sus nueve hijos, muerto en el marco de una persecución brutal de la policía de Corrientes. Ahora asegura que está lista para hablar a los cuatro vientos, hasta que se haga justicia: “Que él me ilumine y Dios me dé fuerza para seguir. No voy a parar, haga frío o haga calor, tenga hambre o no. A mis hijos ya les dije ‘dejen que yo me meta, porque estoy peleando por mi hijo’”.
Con la voz quebrada, Juana alterna presente y pasado para hablar de Lautaro. “Participaba en un merendero, a veces cubre al hermano en el trabajo o iba a hacer malabares para tener unas monedas. No era para poner en un altar, pero es mi hijo y era buena persona”. Muy amiguero –lo define–,“era un loco de las fotos y siempre quería bailar”.
Ese era su plan el fin de semana pasado, cuando fue con amigos a la zona de bares y boliches de la costanera correntina. Hasta que comenzó un operativo policial para despejar el lugar, igual a tantos otros que suelen repetirse cada vez con mayor regularidad. Lautaro fue perseguido 600 metros por policías que disparaban. Golpearon a su amigo, de 16 años. Él, de 18, terminó en el río. No sabía nadar. Pidió auxilio. Los agentes se desentendieron. Amenazaron al amigo. Y se fueron.
La autopsia marcó muerte por ahogamiento. «Difunden datos como una medida de descarga del personal policial. Sin embargo, eso confirma el accionar ilegal, clandestino. Lautaro termina en el agua; no tenemos acreditado si lo tiraron o lo empujaron. Pero a los efectos del delito que imputamos, es irrelevante. El personal -teniendo el deber de garante- no lo auxilió, lo que configuró en ese momento una desaparición. Ni siquiera iniciaron un acta, lo invisibilizaron. Es abandono de persona seguido de muerte, con el agravante de torturas y apremios, que se confirma mediante el chico que lo acompañaba”, detalla el abogado de la familia, Hermindo González.
El viernes, el titular de la Fiscalía de Instrucción 6 de Corrientes, Gustavo Robineau, dictó un decreto de instrucción. Luego de reconstruir el hecho en base a testimonios, cámaras de seguridad y geolocalización de patrulleros, su mirada apunta a once policías del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), que participaron de la persecución. La jueza María Josefina González Cabañas, del Juzgado de Instrucción 3, debe resolver los pasos a seguir. En tanto, se espera la definición sobre el pedido de apartamiento de la fuerza provincial de la investigación, solicitado por la querella y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“Lamentablemente el de Lautaro no es un hecho excepcional”, advierte Hilda Presman, coordinadora de la Red Corrientes de Derechos Humanos. “Venimos haciendo un registro de muertes por el aparato represivo del Estado en la provincia. La principal causa se da en contextos de encierro –apunta–. Dentro de ese grupo, las más destacadas son las muertes en las primeras 24 horas. Esto tiene que ver con estos procedimientos ilegales, detenciones por merodeo, por aplicar un código contravencional obsoleto que da poderes absolu tos a la policía. Este caso se enmarca en esa estadística”. Y agrega que no es el primero que aparece en las aguas: «tenemos cuatro o cinco en los últimos diez años». Entre ellos, Sebastián Nino Largueri, en 2015: “Fue levantado por ‘actitud sospechosa’, estuvo desaparecido 15 días y apareció flotando” en el río Miriñay.
Presman describe a Corrientes como una región «militarizada, con mucho patrullero y grupos policiales de respuesta rápida, que levantan sin razón y disponen estos operativos”. Algo que sirve a fines privados como ocurre en la Costanera donde comenzó la persecución a Lautaro. “La policía presta funciones a empresarios que privatizan playas. Les garantizan que los chicos de las barriadas populares no puedan acceder”.
“Estas personas me arrebataron a mi hijo. Dejaron a sus hermanos con todo el dolor del mundo. Pido justicia –llora Juana-. Por todos los chicos y jóvenes. Por ellos pido que no sea en vano la muerte de mi hijo. Lo extraño y lo voy a extrañar siempre. Era el más chiquito, era mi bebé”. «
Un modus operandi en la provincia
“Me tocó muy de cerca lo de Lautaro. Es un caso similar al de mi hijo”, relata María Gómez, mamá de Martín (20). El 17 de febrero, en el barrio Pirayuí, personal del mismo Grupo de Respuesta Inmediata Motorizado de la policía correntina que actuó en lo de Lautaro, lo persiguió acusándolo de robar un casco que nunca se encontró. “Él iba en moto. Lo encierran, lo chocan y cuando cae al suelo le disparan en la cabeza. Sin preguntar nada”. Hay dos policías detenidos, aún no procesados.
María integra el grupo de madres correntinas que se organizaron para reclamar justicia por sus hijos. Se reúnen una vez por semana en distintos barrios. En cada encuentro la anfitriona cuenta su caso. El próximo 17 será su turno. Lo convocó frente a la comisaría. El día previo habrá una marcha por Lautaro ante la fiscalía. Su mamá, Juana, ya prepara remeras con la foto de su hijo menor.
