Mauricio es Macri. Y su abultada fortuna proviene de los negocios del clan. Por más que el relato oficial busque despegar al presidente de las actividades de su padre, hay toneladas de papeles que ubican a Mauricio como socio, accionista, director y/o gerente de las empresas familiares. Una de esas empresas es el Correo Argentino SA, un símbolo del uso y abuso del Estado en beneficio del sector privado.
Con tres dictámenes contundentes, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dejó expuesta una maniobra mediante la cual los accionistas del Correo el clan Macri se beneficiaba de una generosa concesión del gobierno de Macri que le permitiría ahorrarse hasta un 98% de la deuda que la empresa posee con el Estado. E incluso ganar al menos unos 1700 millones por el cobro de un juicio del Correo al Estado por la estatización del 2003.
Según reconstruyó Boquín, la operación se puso en marcha a poco de que Macri llegó a la presidencia. El 19 de mayo pasado, un representante del Ministerio de Comunicaciones, a cargo del radical Oscar Aguad, pidió una audiencia en la causa por la deuda del Correo. En esa audiencia el representante del gobierno «adelantó que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta» que había presentado el Correo para saldar su deuda. El 13 de junio, en un trámite paralelo ante otro juzgado, Correo Argentino SA demandó al Estado por supuestos «daños y perjuicios» producidos por la estatización. Quince días después, el 28 de junio, el Estado aceptó la propuesta de Correo Argentino de pagar su deuda a 15 años y con un interés del 7%, favoreciendo al deudor con una quita de unos 4000 millones de pesos, a valores actuales, o de más de 70 mil millones de pesos, si se proyecta el monto que la empresa adeudaría a 2033. Finalmente, el 12 de agosto Correo Argentino amplió su denuncia por daños y perjuicios y fijó el monto del reclamo: 2365 millones de pesos. O sea, unos 1700 millones por encima de los 600 millones que el Estado aceptó cobrarle por su deuda. Un negocio redondo para el clan.
«La concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella», sostuvo la fiscal Boquín en su dictamen del viernes. «Su posición en este expediente convierte en más abusiva aún la propuesta formulada por el Estado Nacional, pues mientras ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual, reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago», concluyó la fiscal.
Por lo que describe Boquín en sus dictámenes, esta maniobra de «mala fe» se aceleró con la llegada de Macri a la presidencia, pero se venía cocinándo desde tiempo atrás. La operación sólo podía llevarse a cabo si el Correo obtenía el acuerdo de más del 50% de los acreedores a su oferta. Para eso era crucial la venia del Estado, poseedor de casi el 35% de la deuda. Pero como el Estado por sí sólo no garantizaba el piso legal, el clan Macri habría manipulado la construcción de esa mayoría que exige la ley.
Esto es lo que cree la fiscal Boquín, quien en su primer y extenso dictamen dedicó un ítem a detallar sus sospechas. «Se han manipulado las mayorías en perjuicio de los acreedores (para) lograr el acuerdo mediante la presentación de conformidades», escribió Boquín. Y exhibe los detalles.
Según consta en el expediente del concurso, de los 375 acreedores computables, 361 aprobaron el acuerdo. De esos acreedores, 86 tienen verificados créditos que no superan los 1000 pesos; 41 poseen acreencias que oscilan entre los 1000 y los 2000 pesos; y 42 acreedores tienen créditos entre 3001 y 4000 pesos. «No es creíble que estos 231 acreedores estuvieron todos de acuerdo en cobrar sus créditos por montos insignificantes en un plazo de 34 años desde la presentación del concurso, lo que equivale a una renuncia», concluye Boquín.
Si bien la suma de esos créditos implica una cifra insignificante respecto del pasivo, su presencia es significativa para que Correo Argentino SA pudiera obtener la mayoría que le exige la ley. También tuvo peso determinante una curiosa maniobra protagonizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), ambas entidades acreedoras y a la vez socias del clan Macri en Correo Argentino SA.
Conocidas por otorgar créditos a estados y empresas de la región, en el caso de Correo las entidades realizaron una operación que, para la fiscal, es otra prueba de manipulación: BID y CFI cedieron sus créditos -unos 400 millones de pesos entre ambas- al Meinl Bank AG, quien luego aceptó la oferta ruinosa ofrecida por el Correo. «Si se tiene en cuenta el carácter irrisorio de la propuesta -sostuvo Boquin no cabe sino afirmar que el tercero que sustituyó al acreedor ha votado en forma contraria a su interés como acreedor. Y en beneficio, claro está, de los accionistas de Correo Argentino SA, que tuvo el camino allanado para avanzar con la modesta propuesta de pago que terminó aceptando el Estado nacional.
El clan Macri mantiene una intensa y llamativa relación con el Meinl Bank, cabeza de un grupo financiero con sede en Austria que acumula escándalos y sospechas. Según detectó la justicia brasileña, esa entidad fue pieza clave en el pago de 1600 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Las pesquisas determinaron que la constructora compró el 51% del Meinl Bank Antigua, una filial de la entidad en emplazado en un paraíso fiscal y natural del Caribe, para vehiculizar las coimas.
Dos semanas atras, los investigadores de la causa que investiga esos pagos, conocida como Lava Jato, informaron que poseían evidencia respecto a que Sideco, la sociedad holding del clan Macri dueña de Correo Argentino SA, obtuvo préstamos otorgados por Meinl Bank contra garantía de acciones en prenda. Luego de realizar una auditoría de los estados contables de Sideco cerrados al 31 de diciembre de 2015, la Justicia brasileña determinó que el banco tendría en garantía el 60% de Socma SA y el 40% de Inversid SA, los dos socios mayoritarios de Sideco.
En esa oportunidad, la Justicia brasileña no dio a conocer las cantidades exactas que Sideco le debía al banco. Pero el dato fue recogido por el sitio Política Argentina, que cotejó la información con el balance que Sideco Americana entregó a la Comisión Nacional de Valores en la Argentina (CNV). De ese documento surge que:
* En Argentina, Sideco Americana SA tiene dos accionistas importantes: uno es Socma SA con el 60% y el otro es Inversid SA con el 40 por ciento. Al mismo tiempo, el 90% de Inversid pertenece a Socma Americana, la firma estandarte del clan Macri.
* De los dos socios dueños de Sideco, Socma tiene 93.183.300 de acciones prendadas por el Meinl Bank, mientras Inversid aporta otras 16.626.899, de las cuales 16.471.530 son de clase A.
Si bien aún no es posible traducir a moneda corriente el valor de la deuda que Sideco posee con Meinl, resulta evidente que la cifra es multimillonaria. Otro misterio todavía no resuelto es el destino de esos préstamos, aunque especialistas en lavado de dinero consultados por este diario tienen teorías al respecto.
La más extendida sugiere que la operatoria se asemeja a un «back to back», una maniobra financiera que consiste en simular un préstamo para lavar dinero negro depositado en la cuenta de bancos o sociedades offshore. Con ese mecanismo, por caso, una firma como Sideco podría circularfondos clandestinos destinados, entre otras cosas, a comprar acreencias, como las que poseían el BID y la CFI con el Correo Argentino. Es una hipótesis, dicen los expertos consultados, que la Justicia no debiera descartar.
Cómo quedó en evidencia a partir de los Panamá Papers, el clan Macri tuvo a disposición una treintena de sociedades constituidas en paraísos fiscales con características ideales para vehiculizar operaciones de lavado de dinero. Pero para que la operación pueda efectuarse se requiere de bancos que operen en ese pantano de opacidad. Con filiales en paraísos fiscales como CuraÇao, Antigua y Aruba, el Meinl sabe bien como moverse en esa ciénaga.
Odebrecht compró el 51% de las acciones de Meinl Bank Antigua en 2010. En 2014 el banco inició oficialmente los préstamos con respaldo de las acciones de Sideco. Un año después, en 2015, Odebrecht aportó medio millón de pesos a la campaña electoral de Mauricio Macri.
El presidente comenzó la semana degustando langostinos y camarones crocantes en Brasilia. Invitado por el golpista Michel Temer, Macri asistió a ese almuerzo bien servido y mejor regado donde todos los asistentes tenían algo común: haber recibido fondos de la corruptora Oderbrecht.
Además de Temer -citado como supuesto receptor de coimas en la causa del Lava Jato almorzaron con Macri el canciller José Serra -al que le descubrieron dos cuentas en Suiza por la «delación premiada» de un detenido; el expresidente José Sarney, acusado de conspirar para ocultar el Lava Jato; y el presidente del Senado, Eunicio Olivera, acusado de recibir 5 millones de reales de «aportes de campaña» en modo irregular. Macri, como se sabe, también recibió aportes de la constructora para su campaña. Pero todo indica que ese aporte no es lo único que liga al presidente con el Club de Beneficiarios de Odebrecht. «
Trabajadores en alerta
Trabajadores del Correo Argentino están en alerta. «Desde el cambio de gobierno se rumorea con despidos. De hecho, en un brindis de Fin de Año, un gerente puso en duda que vayan a estar todos para el brindis siguiente, incluso él mismo», confió a Tiempo un empleado de la empresa.
Hay problemas que no son nuevos: «Lo más dramático no son los sueldos bajos, sino cómo los cobramos. Y las condiciones edilicias son lamentables», detallaron. A fines del año pasado, las agrupaciones gremiales del Correo estuvieron al borde de un paro por reivindicaciones salariales. Ahora se preparan para un escenario peor: el de los despidos. Enfrente hay un viejo conocido, Jorge Irigoin, un exgerente de Socma que fue puesto al frente del Correo por Mauricio Macri.