El juez Ricardo Farías ordenó la detención del suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, a quién se investiga por cobro de coimas en el marco de una denuncia contra efectivos de la comisaría 35, que reveló Tiempo Argentino en su edición del 16 de abril.

El pedido de captura había sido hecho por el fiscal José María Campagnoli el lunes y la pronta respuesta del magistrado se produjo ni bien el comisario general pisó el edificio de tribunales, donde se había presentado en forma espontánea.

Previamente, Potocar había hecho declaraciones a los medios en los que defendió su inocencia (ver aparte) y había aclarado que estaba dispuesto a someterse a lo que la justicia determinara para probar que” no soy un delincuente”.

La justicia trata de determinar la responsabilidad de hombre a quien se sindica como líder de una asociación ilícita que pedía sumas de dinero a comerciantes de los barrios de Saavedra y Núñez a cambio de un servicio de seguridad especial. El sábado último, el gobierno porteño decidió suspender “preventivamente” al policía. Campagnoli investiga el tema desde tiempos en los que el oficial suspendido oficiaba de jefe de la Dirección General de Comisarías (DGC).

Por la misma causa está prófugo el titular de la comisaría 35, Norberto Villarreal. Sobre el caso se pronunció este lunes el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. El funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aseguró que la suspensión de Potocar es «transitoria», por lo que en la administración porteña espera que se «aclare su situación en la Justicia y rápidamente vuelva” a desempeñar su cargo.

Durante un acto en el que entregó chalecos antibalas para la Policía de la Ciudad, Ocampo dijo que la suspensión de Potocar fue dispuesta «en virtud de una causa que se esa investigando en la Justicia de Instrucción en la que están implicados varios policías de la federal transferida a la ciudad de Buenos Aires».

En una entrevista radiofónica, Ocampo señaló que «Pedro (Potocar) había sido mencionado en esa causa y a los efectos de preservar la transparencia de la institución y de darle a él la posibilidad de que se avoque a defenderse, si se tuviera que defender en esa causa, se tomó una medida que es absolutamente provisional». Además, hoy la Justicia rechazó la excarcelación de la comisaria inspectora Susana Aveni, involucrada en el mismo caso.

El portal Fiscales.com informó que “en consonancia con los argumentos del titular de la Fiscalía General N°3 ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mauricio Viera, la Sala VII del Tribunal de Alzada confirmó el decisorio del titular del Juzgado Criminal y Correccional Ricardo Farías, que rechazaba la excarcelación de la comisaria inspectora Susana Aveni, sospechada de integrar una asociación ilícita que cobraba dinero a cambio de protección”.

El texto explicó que Aveni “quedó detenida, a pedido titular de la Fiscalía de Instrucción del Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, José María Campagnoli, quien investiga una organización delictiva que estaría dirigida por la imputada y compuesta por funcionarios de distintas jerarquías de la Comisaría N°35 de la Policía Federal Argentina, entre los que se incluyen el Comisario Norberto Villareal –prófugo desde el 2 de noviembre pasado- y el cuarto jefe de la dependencia, Alberto José Codaro”.

Farías procesó con prisión preventiva a Aveni y la defensa de la comisaria apeló, pero los jueces Mariano Scotto y Mauro Divito confirmaron el rechazo a la excarcelación de Aveni “por considerar que, en caso de otorgársele la libertad, la comisario inspectora podía eludir la justicia o ‘entorpecer la investigación, procurando amedrentar testigos’”.

El texto informativo publicado en Fiscales.com agrega que “en relación a la situación del cuarto jefe de la Comisaría N°35, Alberto José Codaro, quien está imputado como integrante de la asociación ilícita, los camaristas receptaron los argumentos vertidos por Viera y consideraron que ‘de momento no se advierte configurado un peligro procesal que amerite su encierro cautelar’, por lo que revocaron la denegatoria de la exención de prisión y la concedieron, imponiéndole una caución real de $30.000 y la obligación de comparecer quincenalmente ante el Juez de instrucción”.

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