El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) obligó a  pagar U$S 13,41 millones de un reclamo total por 157 millones de dólares en concepto de indemnización de la empresa alemana Hochtief AG contra la República Argentina (Caso Ciadi Nº ARB/07/31).

El reclamo había sido presentado en noviembre de 2007 por la firma Hochtief Aktiengesellschaft, en el marco de su participación en Puentes del Litoral SA, una sociedad creada por inversionistas y accionistas extranjeros, a la que se le adjudicó en 1997 la concesión para la construcción, mantenimiento y operación del puente que une las ciudades de Rosario (Provincia de Santa Fe) y Victoria (Provincia de Entre Ríos).

La demandante argumentaba que se habían violado diversas obligaciones contenidas en el Tratado Bilateral de Inversiones celebrado en 1991 entre Argentina y la República Federal de Alemania, tales como la prohibición de expropiación o adopción de medidas injustificadas o discriminatorias y la obligación de dar trato justo y equitativo. Ello debido a la adopción de medidas relativas al régimen tarifario (pesificación y congelamiento de peaje), explicó la Procuración del Tesoro de la Nación.

En su Laudo final, el Tribunal Arbitral rechazó la mayoría de los reclamos de las demandantes (no hubo expropiación ni discriminación o medidas injustificadas). Pero entiende que «había responsabilidad de la Argentina en lo relativo a no conferir a la demandante un trato justo y equitativo al no haber restaurado y reparado el equilibrio comercial que había sido garantizado en el Contrato de Concesión, y haber pesificado los gastos de operación y mantenimiento para el cálculo del peaje».

Por ese motivo determina un pago de U$S 13,41 millones mientras que el total del reclamo originalmente ascendía a U$S 157 millones en concepto de indemnización. A pesar de que hay una indeminización por pagar, para la Procuración del Tesoro Nacional el dictamen es un triunfo porque el tribunal comercial «rechazó la mayor parte del monto reclamado».

La defensa de la República Argentina fue llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Francisco Balbín, que es el director del Cuerpo de Abogados del Estado que, entre otras competencias, tiene a su cargo la defensa en los juicios iniciados contra el Estado Nacional.

«La exitosa defensa de los abogados argentinos se centró en alegar que las dificultades que enfrentó la Concesión se debieron, en gran parte, al incumplimiento de la realización de las obras en tiempo y forma y al incumplimiento de los compromisos de financiamiento por parte de los inversores alemanes», justificó la Procuración del Tesoro.