El discurso xenófobo marca el compás de las declaraciones mediáticas del gobierno desde que el presidente Mauricio Macri incluyó el tema de la reforma a la Ley de Migraciones a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en su primera reunión de Gabinete del año. Sin reparar en la veracidad de los datos, los portavoces oficialistas no dudan en equiparar los términos inmigración (latinoamericana, claro) con delito; aunque para esto deba recurrir a un embrollo retórico y falsear datos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado en el que piden al gobierno diálogo y no estigmatización de los extranjeros. En el mensaje, que a continuación reproducimos íntegramente, además de corregir los datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes que utilizó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, más de 130 organizaciones sociales le solicitan al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una reunión de manera urgente para plantearle la necesidad de que cualquier modificación de la ley de Migraciones sea debatida en los múltiples espacios que existen a tal fin, desde mesas de trabajo hasta el propio Congreso.
Por Gastón Chillier (*) y Diego Morales (**)
«En diferentes intervenciones de los últimos días, funcionarios del Gobierno Nacional insistieron en responsabilizar a las personas extranjeras por el narcotráfico en nuestro país. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria, que viene siendo anunciado por el gobierno desde hace semanas.
Los datos que la ministra mencionó en radio y TV fueron utilizados para presentar una incidencia mucho mayor de los extranjeros en delitos relacionados con drogas que en otros delitos. Para ello afirmó que mientras que el total de extranjeros detenidos representa el 6% de la población carcelaria, en lo que hace a los delitos vinculados con drogas el porcentaje sube al 33%. Sin embargo, no aclaró que el primer dato hace referencia al total de la población carcelaria argentina, mientras que el segundo sólo al Servicio Penitenciario Federal. Al comparar dos universos distintos, presentó un panorama recortado y exageró el impacto de los extranjeros en la problemática.
Los datos producidos por el Ministerio de Justicia de la Nación sobre la totalidad de la población carcelaria argentina muestran que las personas detenidas por delitos relacionados con drogas representa sólo el 10% del total de presos. Ese porcentaje engloba tanto a personas que cometieron delitos graves de narcotráfico utilizando la violencia como a «mulas» o pequeños vendedores, personas pobres que también son víctimas de las redes de narcotráfico. Por otra parte, del total de las personas detenidas por drogas en todo el país, el 83% son argentinas y el 17% son extranjeras. Si los datos no se presentan sesgados, la incidencia de extranjeros baja a la mitad de lo que afirmó la ministra. Esto también muestra que el «problema de los extranjeros» en los delitos de drogas es mucho menor que el problema de los argentinos. ¿De cuántos extranjeros hablamos? Se trata de 1426 personas, lo que representa, aproximadamente, el 0,06% del total de extranjeros del país. Esta ínfima población es la que está siendo agitada por el gobierno como un problema mayúsculo que requeriría modificar por decreto la ley de Migraciones y restringir derechos para todos los migrantes.
Es verdad que la incidencia de extranjeros en delitos de drogas es mayor que en otros delitos, aunque es mucho menor de lo que dijo la ministra. Pero este es un fenómeno que se replica en casi todos los países del mundo, dado que el tráfico de drogas suele tener un componente transfronterizo. También el sistema penal se enfoca en los actores más débiles de las redes, que en muchos casos son extranjeros pobres. Sin ir más lejos, según datos oficiales, más del 50% de los argentinos que se encuentran detenidos en otros países lo están por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Si la preocupación del gobierno se centra en la participación de los extranjeros en el narcotráfico, no se precisa modificar la normativa ya que la actual ley de Migraciones da las herramientas que permitirían limitar la residencia de una persona que cometió ese tipo de delito. La estrategia, en cambio, parece ser la estigmatización a las personas migrantes para justificar la reforma inconsulta de una ley sancionada por unanimidad, producto de amplios consensos y promovida por distintos actores políticos.
Ante el inminente decreto de necesidad y urgencia para reformar la ley de Migraciones con un criterio mucho más restrictivo que el actual, más de 130 organizaciones de migrantes, derechos humanos, sociales, eclesiásticas y académicas que trabajamos en la defensa de los derechos de las personas migrantes le solicitamos al Jefe de Gabinete Marcos Peña que nos reciba de manera urgente para plantearle la necesidad de que cualquier modificación de la ley de Migraciones sea debatida en los múltiples espacios que existen a tal fin, desde mesas de trabajo hasta el propio Congreso. La reforma de leyes importantes, que afectan derechos, por medio de decretos, significa una práctica deficitaria en términos democráticos».
(*) Director ejecutivo del CELS.
(**) Director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS
