El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el «proceso de hostigamiento y criminalización» que padece Milagro Sala y la organización Tupac Amaru desde que la dirigente social fue detenida en 2016, y advirtió que la política del Gobierno de Jujuy «busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia».

La denuncia, reportada hoy por el CELS en un comunicado, fue realizada en agosto pasado junto con abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

En la presentación se hizo un repaso por las diversas manifestaciones públicas que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, «hizo contra Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, incluso desde antes de llegar al poder», sostuvo el CELS.

En ese sentido, el organismo manifestó que, a partir del 10 de diciembre de 2015, «la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial provincial. De este modo, se desató una persecución en su contra por la que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo», expresó el organismo de derechos humanos.

El CELS señaló que Sala se vio sometida a once causas penales y a una causa contravencional, mientras que atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en fuero contravencional.

Otras dos causas se encuentran en etapa de investigación, mientras que otras tres fueron elevadas a juicio, remarcó el organismo de derechos humanos y sostuvo que «todo esto, atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra».

Asimismo, señaló que «la persecución, criminalización y hostigamiento» contra Sala «tuvo impacto negativo sobre la organización barrial Tupac Amaru», organización que «vio su personería jurídica suspendida por ejercer su derecho a protestar, sufrió allanamientos, la detención de otros integrantes e incluso debió soportar una intervención dictada por un decreto del propio Gerardo Morales».

Advirtió el CELS que eso se produjo «en un contexto de hostigamiento a ella y a sus allegades por parte de las máximas autoridades provinciales», que «generan un constante agravamiento de sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica».

En Jujuy, expresó el CELS, en los más de dos mil días de detención de Sala, «se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. Esto muestra que la persecución a Milagro Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y limitar seriamente el derecho a la protesta», advirtió.

El caso sobre el que se centró el desarrollo de la denuncia presentada ante la CIDH fue la causa conocida como la «de las bombachas», en la que se acusó a Sala de hacer una amenaza de bomba por teléfono a dos policías de la provincia de Jujuy.

«Una de las presuntas víctimas fue representada, varios meses después de denunciados los hechos, por el hijo y una persona muy cercana a Gerardo Morales», recordó el CELS.