El spot del enfrentamiento

El primer spot de campaña de Patricia Bullrich como precandidata a presidenta es una apelación al enfrentamiento, las palabras más importantes son “orden” y “fuerza”, en el fondo, un orden impuesto por la fuerza. No hace falta imaginar lo que podría hacer un futuro gobierno suyo, basta con recordar 2001, momento en que Bullrich formó parte de un intento de imponer un orden (sostener la convertibilidad, recortar ingresos a los sectores más expuestos, incluso expropiar ahorros a sectores de la clase media), con la fuerza, entonces policial. El resultado fue el asesinato por parte del Estado de ciudadanos argentinos. Podemos decirlo con toda claridad quienes estuvimos ahí, quienes estudiamos el tema y quienes no excluimos de la responsabilidad a los sectores del peronismo que también comandaban policías que asesinaron manifestantes. La ex setentista, menemista y aliancista Bullrich, da un paso más en esta campaña en la medida en que, envalentonada por el ascendente que parece tener sobre las fuerzas de seguridad (las que condujo como si fuera ella un miembro más de las fuerzas y no una civil de la democracia que tiene el rol de controlarlas), ahora va por una fuerza social callejera. ¿Contra quién? No puede ser más literal: contra referentes políticos populares (nos gusten o no), contra quienes se manifiestan por mejores salarios, en defensa de los jubilados, contra quienes desarrollan creativamente economías populares, sociales y solidarias, contra quienes cuestionan la deuda ilegítima contraída por su gobierno, contra quienes piden justicia, por ejemplo, por Santiago Maldonado…

El verdadero lanzamiento de campaña de Patricia Bullrich la devuelve, al menos en un punto a sus orígenes políticos, ya que se trató de un 17 de octubre de 2017, día en que el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado fue devuelto al tramo del río Chubut donde cuatro rastrillajes anteriores habían harto verificado que el cuerpo no estaba ahí. Es un lugar común de derecha el planteo según el cual la izquierda, los organismos de Derechos Humanos, quienes se manifiestan y protestan por tierra o salario, usan a los muertos para “hacer política” o, desde una mirada conspirativista, que incluso son capaces de “tirar un muerto” para tal fin. Pero lo novedoso o lo sintomático para el tiempo que nos toca es que no solo fue la propia derecha, encarnada por Patricia Bullrich y detrás de ella el gobierno entero de Mauricio Macri, la que utilizó políticamente el cuerpo muerto de un manifestante, sino que esa apuesta –sin conspirativismo, objetivamente así funcionó y funciona– atravesó un umbral perceptivo que hasta ahora la sociedad argentina como conjunto conflictivo y de relaciones de fuerza dinámicas mantenía del otro lado de la represión. De hecho, en mayo de ese mismo año, el intento de una Corte Suprema (con dos miembros macristas recién incorporados) de beneficiar a genocidas condenados con el cómputo de dos años por cada uno de pena sin condena firme, deshaciendo la noción misma de crimen de lesa humanidad, fue masivamente repudiado en las calles con las Madres de Plaza de Mayo (esa nueva institución) a la cabeza, al punto de hacer retroceder la odiosa sentencia. ¿Retrocedimos respecto de esa paridad de fuerzas?

Santiago Maldonado

El cuerpo de Santiago Maldonado no pudo permanecer 78 días en el agua. Lo dice la autopsia diseccionada por el juez Lleral en una interpretación fraguada, lo dicen las irregularidades de la causa original que involucra al separado juez Otranto, a la fiscal Silvina Ávila, entre otros funcionarios. NUNCA PUDIERON AFIRMAR QUE EL CUERPO DE SANTIAGO MALDONADO PERMANECIÓ SIN VIDA 78 DÍAS EN EL RÍO, NI AFIRMAR SU FECHA DE DEFUNCIÓN, NI EXPLICAR CADA UNO DE LOS INDICIOS QUE CONDUCEN A PESAR QUE EL CUERPO FUE SUSTRAIDO Y VUELTO A PLANTAR.

El cuerpo de Santiago Maldonado no pudo haber permanecido 78 días en el agua porque en los ríos patagónicos no hay crioconservación, el agua del río Chubut al momento de la desaparición de Santiago no pudo descender a menos de cero grados (cuando la crioconservación requiere temperaturas por debajo de los 80°C);

El cuerpo de Santiago no pudo haber permanecido 78 días en el agua porque, según el informe oficial de la autopsia, le tomaron las huellas dactilares para identificarlo, lo que hubiera resultado imposible si el cuerpo hubiera permanecido en el río 78 días, como se dice en los propios libros o papers de algunos de los peritos que participaron de la autopsia (la piel se desprende entre los 20 y 30 días de exposición al agua);

El cuerpo de Santiago Maldonado no pudo permanecer 78 días en el lugar en el que fue encontrado porque el informe de la bióloga y palinóloga Leticia Povilauskas, tras analizar las prendas de Santiago Maldonado y su relación con el entorno vegetal del río Chubut demuestra que se hallaron granos de polen pertenecientes a Austrocedrus chilensis (ciprés), coníferas de zonas boscosas ausentes por kilómetros a la redonda; y no solo no hay forma de explicar la presencia de ese tipo de polen en la ropa de Santiago, sino que el polen no puede permanecer más de 20 o 30 días en ropa de nylon;

El cuerpo de Santiago Maldonado no pudo permanecer 78 días río adentro porque no presenta rastro alguno de ataques de la fauna del lugar: nutrias, hurones, peces, cangrejos (incluso, los investigadores independientes colocaron como prueba en el mismo lugar 1 kilo de carne y en dos semanas no quedó nada);  

El cuerpo de Santiago Maldonado no pudo permanecer 78 días en el agua porque la misma autopsia que se utilizó mediáticamente para encubrir lo sucedido, sostiene que las lesiones por padecimiento de bajas temperaturas aparecen solo hasta la altura de las rodillas (cuando, a nivel médico, se deberían haber observado en todos los cartílagos y en todas las epífices o extremos de los huesos);

El cuerpo de Santiago Maldonado no pudo permanecer 78 días en el agua porque su ropa estaba casi intacta, cuando la parte que correspondía a algodón debió degradarse en al menos 60 días (aparte, el barro de sus zapatillas, también intactas, no fue estudiado)

El cuerpo de Santiago Maldonado no permaneció 78 días en el lugar en el que fue encontrado porque, de hecho, cuatro rastrillajes no lo encontraron, cuando la profundidad del río en agosto no excedía los 50 cm. (de hecho, en los videos de los rastrillajes de los buzos se observa claramente cómo chapotean en el agua forzando su horizontalidad, ya que no hay profundidad).

Aparte de lo que surge del informe oficial de una autopsia sobrecustodiada por peritos a través de una pantalla, pero subinterpretada por un juez parcial, al menos dos investigadores de prestigio sostuvieron planteos que debieron ser tenidos en cuenta: Por un lado, La Dra. Sara Maldonado (investigadora principal de CONICET, Laboratorio de Biología del Desarrollo de las Plantas), fallecida, quien había sido docente de varios de los peritos presentes en la autopsia, se refirió a las diatomeas o microalgas halladas en el cadáver, incorporando información y dudas decisivas a los fines de seguir investigando; por otro, el criminólogo especialista en casos de alta complejidad Enrique Prueger,  aseguró taxativamente que el cuerpo de Santiago “fue plantado” tras analizar la autopsia oficial y realizar, aparte, una serie de pruebas que lo convencieron más aún: «hay dos posibilidades: una terrible y la otra siniestra: o Maldonado murió ahogado y su cuerpo fue escondido en algún lugar antes de ser arrojado al río para que se lo descubriera o Santiago fue apresado, escondido (si había sido golpeado tal vez para esperar que sus golpes desaparecieran) y luego ahogado y colocado en ese lugar».[1]

La autopsia, no sólo no arroja resultados, no logra establecer la fecha del fallecimiento y procedió en condiciones de contaminación de pruebas. Para colmo, apenas realizada, un médico vendió fotos del cuerpo a un policía que las viralizó como gesto de impunidad y maltrato hacia Santiago Maldonado y su familia (de hecho, el médico forense, un perejil, fue condenado). Inmediatamente, los medios dieron la noticia: “se ahogó”. Con esa definición prematura que no tiene más valor que cualquier opinión la mayoría del periodismo hizo su propia sentencia convirtiéndola en información, adoptando como propio el punto de vista de los perpetradores de un posible crimen de Estado.

Algunos sectores “progresistas” se contentaron con la participación de peritos reconocidos por su tradición e incluso llamaron a hacer un mea culpa a los organismos de derechos humanos que se habrían “excedido” en sus definiciones. ¿Estarán pensando seriamente en la mentada “reconciliación” de la sociedad sobre el olvido de la latencia criminal de un Estado que, sin control civil y movilización callejera, reincide en su capacidad de escarmiento? ¿Por qué el CELS no mueve un pelo en la causa aún abierta? ¿Por qué el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense le soltó la mano a la familia de Santiago?[2] Es comprensible que profesionales e instituciones opten por sobrevivir en tiempos inclementes, sobre todo cuando sus ingresos están políticamente condicionados, pero, ¿cuál es el límite?

 La otra faceta del caso Maldonado es el carácter ilegal de una represión tan sobreactuada como la interpretación maliciosa de la autopsia, ya que para un grupito pacífico de manifestantes enviaron casi una centena de efectivos armados. Y las irregularidades de todo tipo que rodearon a la causa van entrando en una zona de olvido colectivo. Pero, dada la gravedad del caso y lo que está en juego, nada menos que una desaparición forzada seguida de muerte en democracia, es necesario interrogar uno por uno los flancos que quedaron abiertos. El 30 de julio y el 1° de agosto Pablo Noceti, el funcionario pro dictadura (que formó parte del estudio de abogados defensor de Fortunato Galtieri) de Bullrich que había amenazado con detener en flagrancia a quienes se manifestaran, se reunió en Bariloche con los ministros de seguridad de Chubut, Río Negro y Neuquén y después, el mismo 1° de agosto, Noceti se reunió en Esquel con el juez Otranto, para a su regreso pasar frente al km 1848 cuando estaba desplegándose ya la Gendarmería. ¿Por qué Noceti declaraba y daba órdenes desde la Estancia Leleque, es decir, un ámbito privado, curiosamente perteneciente a quienes le habían arrebatado las tierras a la comunidad Mapuche Tehuelche? En un audio que se oyó en la audiencia de apelación Pablo Noceti, entonces Jefe de Gabinete del ministerio y mano derecha de Bullrich, dice: “tenemos que entrar y romper todo, quemarles todo”. El juzgado de Otranto recibió una denuncia el 2 de agosto, el día siguiente a la desaparición, de que Santiago había sido arrestado ilegalmente por la Gendarmería, ¿por qué llamó a Noceti para avisarle que, en virtud de la misma, iban a dirigirse a inspeccionar los vehículos de la Gendarmería? Esta irregularidad, que increíblemente consta en el expediente, provocó la limpieza de las camionetas de la Gendarmería que quedaban… Además, en el Código Procesal Penal de la Nación, queda claro que cuando está sospechada una fuerza, por la mera sospecha debe ser apartada de la investigación. En una entrevista a Verónica Heredia, abogada de la familia, relata la primera mentira datada de Patricia Bullrich: “el 16 de agosto, la ministra Bullrich sostuvo en el Senado que no había ninguna denuncia ni constancia por la desaparición forzada. Pero hay una constancia del 7 de agosto del Ministerio de Seguridad en la que se lee “Nos comunicamos con el juzgado de Esquel por esta denuncia y dice que es una carátula de desaparición forzada; incluso ya había actuaciones, a tal punto que Barberis y Cané estaban en Esquel tomando declaraciones y ‘acomodando’ los testimonios de todos los gendarmes. O sea, la ministra mintió deliberadamente. Esto lo dejamos expresamente planteado cuando pasamos un audio en el que se escucha, pregunta y respuesta, «-Ey, Gomecito ¿qué estás llenar los libros». Completaban con falsedades los libros de Gendarmería, entonces, escribían para adentro mientras negaban para afuera: «-Acá no pasa nada, escribí, escribí».”[3] En ese momento, Daniel Barberis estaba a cargo de la Dirección de Violencia Institucional y los Delitos de Interés Federal del Ministerios de Seguridad, pero ofició como una suerte de operador arengando a la Gendarmería a sumarse al “barco” de la impunidad[4]. Por su parte, Gonzalo Cané era un funcionario muy cercano a Patricia Bullrich, conocido por sus declaraciones pro armamentistas, que se desempeñaba como secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios y Legislaturas. De hecho, Cuando comenzaron a investigar a Pablo Noceti, lo pasaron de la jefatura de gabinete del Ministerio de Seguridad al puesto de Gonzalo Cané, quien volvió a ser Secretario Letrado de la Corte Suprema de la Nación. Este personaje que se bamboleaba entre los poderes político y judicial se autoimputó en una causa por espionaje en perjuicio de Sergio Maldonado, en la que Myriam Bregman fue querellante, como un modo de acceder a información en una de las causas asociadas a la causa principal. En esas condiciones se iniciaba el proceso judicial.

Fake Bullrich

Más allá de las irregularidades de todo tipo, desde los informes truchados de la Gendarmería, el tráfico de información inter-Estado, el desmanejo con testigos clave, la omisión de pruebas muy contundentes como audios de Gendarmes o seguimientos de las geolocalizaciones de los celulares, el ocultamiento en el fallo final de todo lo antes explicado a partir de la autopsia, mentiras como la que aducía inexistencia de una filmación de procedimiento, desmentida por una foto en la que se ve a un gendarme filmando en medio de la represión, entre otras, es muy evidente que el bloqueo permanente del juez Lleral y el rechazo de todos y cada uno de los pedidos de la querella están asociados a una decisión previa de no investigar realmente lo sucedido. Porque la familia nunca se corrió de un solo pedido: una investigación imparcial y a fondo. Pero nunca se investigó, todas las medidas judiciales tuvieron el único objetivo de no investigar y se llevaron adelante en un timing perfecto con las necesidades políticas del gobierno de Macri, en lo que concernía a la responsabilidad de Patricia Bullrich.

Como señalamos en una nota en este mismo diario, la presidenta del PRO Patricia Bullrich mintió descaradamente, una vez más, en una entrevista concedida a Filo.news el año pasado, cuando el periodista le preguntó por la aparición de una testigo que complicaría la situación de la Gendarmería y de los más altos mandos en la causa abierta por desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, Bullrich respondió: “no existe”. Pero, según el dictamen del fiscal Federido Baquioni Zingaretti, la testigo, miembro de Gendarmería que trabajaba en el consultorio del Escuadrón 36 Esquel, entró en contacto con gendarmes que participaron de la represión el 1° de agosto, escuchó conversaciones incriminatorias e incluso le ordenaron esconder una caja que contenía teléfonos celulares y un arma justo en el momento en que la Policía Federal debía allanar los destacamentos de Gendarmería en el barrio militar. Y en la nota de Tiempo Argentino transcribimos por primera vez fragmentos impactantes de la declaración de la testigo, como cuando, por ejemplo, “especificó que Magali Bustos tenía su marido que también era gendarme y trabajaba en comunicaciones, Cabo Primero Bruno Cárcamo. Ella le comento que él le había dicho que, en el momento en que estaba de guardia, había recibido un radio encriptado que decía que hacer con el cuerpo…”. Basta consultarla: https://www.tiempoar.com.ar/politica/santiago-maldonado-un-crimen-de-estado/

Entre aquella primera mentira de Bullrich con el cuerpo de Santiago apenas desaparecido y las últimas mentiras, la causa fue reabierta el 5 de septiembre de 2019 por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Pero cuando le vuelven a entregar la causa al juez Lleral, éste se negó a seguir investigando y le pasó la causa al Juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien se excusó y se la pasó, a su vez, a la jueza federal de Comodoro Rivadavia Eva Parcio, pero ésta también se excusó por estar investigando una denuncia de Patricia Bullrich y se la derivó a Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, quien profundiza el cuento de la buena pipa (y de la mala justicia) dictaminando en diciembre de 2019 que la causa debía volver a manos de quien la había cerrado de manera escandalosa, Gustavo Lleral. No obstante, la abogada Verónica Heredia recusa a Lleral, quien acepta la recusación, pero contra la voluntad del propio juez, la cámara de Comodoro Rivadavia insiste. Ante el último pedido de pronto despacho por parte de la defensa de Sergio Maldonado, la Corte Suprema de la Nación sostuvo en octubre de 2022 que no hay sentencia definitiva, de modo que todas las posibilidades quedaron abiertas y la causa principal sigue caratulada como “desaparición forzada de persona (art. 142 TER)”, como se observa, por ejemplo, en un acta de notificación del 11 de enero de 2023, al comandante Juan Pablo Escola para que designe un abogado para que lo asista. Pero es bastante obvio que el juez Gustavo Lleral, quien cerró en su momento una causa plagada de irregularidades de las cuales él es responsable, quien se negó a investigar e incluso le confesó al oído a la madre de Santiago que el poder político lo presionó para cerrar la causa, no se va a contradecir y va a actuar no como un funcionario que busca justicia, sino como un custodio de la injusticia que lo tuvo como uno de sus principales agentes. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció el accionar ilegítimo del Estado argentino en ocasión de la desaparición y luego de la aparición sin vida de Santiago Maldonado.       

Patricia Bullrich, quien no solo tuvo una incidencia decisiva para proteger a los imputados, amañar la causa, encubrir de todas las formas posibles la desaparición forzada seguida de muerte y enturbiar la información con cuanto periodista infame o cuanto troll contó, demostró que no necesitaba un cuerpo sin marcas de bala para montar ese tipo de teatro, ya que, un tiempo después de la desaparición y de la muerte de Santiago, el caso de Rafael Nahuel, ametrallado por la espalda por un prefecto de unas fuerzas por ella comandadas, la encontró nuevamente sosteniendo ese modo de proceder, revictimizando a la víctima y trabajando para un creciente consenso acerca de qué cuerpos son descartables y qué crímenes son tolerables, por ejemplo, un crimen de Estado. Porque la idea de que el “Cambio” se hace con sangre –un viejo lema revolucionario que hoy sostienen algunos, puertas adentro del Pro– en este caso es invertida, en tanto lo que Bullrich y el macrismo entero llaman “cambio” no es otra cosa que la consolidación de los aspectos más violentamente antipopulares del statu quo vigente.  

El autor es docente e investigador (UNPAZ, UNA), codirector de Red Editorial, integrante del Grupo de Estudios de Problemas Sociales y Filosóficos (IIGG-UBA), autor de Nuevas instituciones (del común) (2022), Papa Negra (2011), Globalización. Sacralización del mercado (2001), coautor de El anarca (filosofía y política en Max Stirner) (con Adrián Cangi, 2020); Si quienes venir que vengan. Malvinas: genealogía, guerra, izquierdas (2022); Renta básica. Nuevos posibles del común (autor y compilador, 2021), Linchamientos. La policía que llevamos dentro (autor y compilador, 2015), editor responsable de Coyunturas (medio virtual y proyecto editorial).

[1] https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/07/26/el-cuerpo-de-santiago-maldonado-fue-plantado-en-el-rio-chubut-aseguro-un-experto-forense/

[2] Relata Verónica Heredia que “Cuando le preguntamos al perito Alejandro Incháurregui [uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense], si con esta misma autopsia era posible que Santiago haya ingresado al río, tragado agua, se haya desvanecido, que lo hayan sacado del agua con vida, lo hayan detenido, lo hayan ocultado y luego de un tiempo vuelto a tirar en el agua, nos contestó que sí”

[3] Entrevista a Verónica Heredia en el libro Osvaldo Bayer: periodismo a martillazos (Red Editorial, 2018).

[4] https://www.pagina12.com.ar/64632-en-el-barcoestan-ustedes-y-nosotros