Los equipos técnicos de las provincias y los funcionarios del Ejecutivo encargados de negociar los números del presupuesto 2019 están teniendo un fin de semana de negociaciones intensas antes de encuentro del martes entre Mauricio Macri y los gobernadores. Las charlas son bilaterales, provincia por provincia, con el objetivo de que la foto que se puedan llegar a sacar el presidente y los mandatarios muestre que el acuerdo está cerrado.
Sin embargo, desde las provincias la desconfianza hacia la palabra oficial del Ejecutivo, creció. Es que luego de que Rogelio Frigerio ratificara una y otra vez que no había forma de dar marcha atrás con la quita de los subsidios a la tarifa social energética, su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció lo contrario apenas 24 horas después. Si bien es una buena noticia para las administraciones provincias, y más para los usuarios, despertó la alarma en los funcionarios de los ministerios provinciales de Economía.
Frigerio había sido terminante: “la provincia que se pueda hacer cargo, se hará cargo, y la que no, no”, sentenció rodeado de los ministros. Desde ese momento, los técnicos comenzaron a hacer números para remplazar el subsidio nacional por uno provincia, que nunca sería del mismo volumen, con el objetivo de paliar el impacto social que iba a tener en sus provincias. El golpe a las economías domésticas de la quita del subsidio al transporte más a la tarifa social eléctrica, que está dirigida selectivamente a poblaciones vulnerables, todo junto y de un momento para otro, era por lo menos problemático.
De hecho, lo que más preocupa a los gobernadores es la quita del subsidio al transporte, que tal como blanqueó el propio Frigerio, podrá ser reemplazado por un subsidio provincial por parte de los Estados más ricos. Esto implica un aumento que puede llevar el boleto de colectivo hasta 35 o 40 pesos en algunos casos.
Es que los gobernadores están atrapados entre la intención de mostrarse colaborativos y no conspirativos a la hora de enfrentar la crisis, pero tampoco quieren cargar con el costo social y político de decisiones que los exceden.
“La reunión con Frigerio había terminado con la certeza de que los fondos a los subsidios transporte se eliminaban y los subsidios de la tarifa social eléctrica también. Y al día siguiente nos desayunamos con que Dujovne dio marcha atrás con la quita al subsidio energético. Nos llama la atención. Los ministros de todas las provincias más CABA salimos de Casa Rosada con la mala noticia de que íbamos a tener que hacernos cargo del dinero que no iba a entrar por tarifa social, unos 300 millones de pesos. El cambiar sobre la marcha cosas que se dicen en reuniones que duran tres horas y donde se analiza profundamente cada situación es raro, es ruidoso”, sentenció uno de los protagonistas de ese encuentro del jueves con Frigerio.
De hecho, fue el propio gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, que no suele criticar al gobierno nacional, quien el vienes se quejó: “Desde el Gobierno nacional hay mucha imprevisión y cambio de reglas”.
Es que no es la primera vez que el Ejecutivo les comunica de manera brusca cambios profundos en materia tributaria. Desde una provincia que logró equilibrar sus cuentas este año, recordaron que poco o nada queda de las condiciones del Pacto Fiscal, que se firmó para lograr el equilibrio de las administraciones de Nación y provincias. “Firmamos un consenso fiscal con un dólar de 21 pesos y hoy está en 38, 39, la previsión de la inflación era del 15% y estamos llegando al 20% y los datos interanuales dan mucho más alto”, resaltaron.
Y adelantaron que volverán a la carga con el pedido de que se revise el consenso fiscal, “porque las condiciones macroeconómicas en las que se firmó no son las mismas de hoy”. En especial, las provincias que llevan adelante este pedido son de signo opositor como Córdoba, Tucumán, Santa Fe, y Salta. “La respuesta que tuvimos hasta el momento fue que no se revisa, pero se están danto cambios sobre la marcha y eso puede alterarse”, se esperanzaron.
En particular, pretenden que se detenga el escalonamiento a la baja de ingresos brutos que tenía que llegar a una alícuota de 0% en 2021, un pedido que en este nuevo contexto es calificado como excesivo y desfinanciaría a las arcas provinciales. Otro de los requerimientos es revisar también la quita de los impuestos a los sellos y al cheque que son recursos que se coparticipan, una parte para Nación y otra para provincias. “Eso también está ‘en veremos’”.
Otro de los puntos en negociación es la devolución de fondos de la Anses que había pactado Frigerio con los gobernadores en agosto de 2016, para que la alícuota pase de un 3% a un 4%. “Ahí se puede recuperar algún dinero, pero no es nada aseguro, recién lo vamos a saber esta semana”.
A los gobernadores e intendentes todavía les queda la sangre en el ojo por la quita intempestiva del Fondo de la soja, que por definición está destinado a obras de infraestructura, y que se dejó de percibir en el mismo momento del anuncio. Algunos mandatarios que no quieren que su imagen se vea perjudicada anuncian que van a continuar en sus provincias con fondos propios las obras que tengan una función social directa, como la instalación de cloacas, pavimentación y refacción de escuelas. Pero las obras de infraestructura mayor, quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.
“Ya lo dijo el Ejecutivo: si las provincias tienen una situación más holgada que la Nación, deberían acompañar el desafío y soportar el recorte. Pero es difícil manejarse si no tenemos previsibilidad, si no hay un horizonte claro hacia dónde vamos”, se quejó uno de los interlocutores menos belicosos con el gobierno de Macri. «
