Si cada vez hay menos derechos para las mayorías y más necesidades, la movilización, la organización popular y la protesta irán creciendo. El avance represivo coincide con las necesidades del modelo de ajuste y hambre que la Alianza Cambiemos se propone imponer.
A la vanguardia viene Jujuy, como mostró el gobernador Gerardo Morales, que a pocos días de asumir detuvo a Milagro Sala, por considerar que al protestar instigaba algún delito que no figura en el Código Penal. Volvieron a demostrarlo su policía y la Gendarmería cuando reprimieron a los trabajadores en huelga del Ingenio Ledesma.
Pero esta suspensión virtual del estado de derecho no es una excepción, y la violencia institucional se direcciona cada vez más contra los sectores más dinámicos y organizados del campo popular.
Hay muchas señales de alerta. En Santiago del Estero, la comunidad Iacu Chir fue atacada por una patota parapolicial contratada por la empresa Manaos. La persecución a militantes populares se expresa también en la detención de Pitu Salvatierra por la portación de una pequeña cantidad de sustancias psicoactivas para consumo personal. La llamativa liberación del asesino del militante de la Boca, Martín «Oso» Cisneros, también va en esa dirección. Y la represión a los trabajadores de la recuperada RB, en San Isidro, cuando resistían al desalojo para conservar sus fuentes de trabajo, marca que la política de desprotección es defendida por el PRO con tarifazos y carros hidrantes. El año ya había empezado con la represión a los bancarios, el día que Macri inauguraba las sesiones del Congreso, y con los impactos de bala de goma en la espalda de una trabajadora municipal de La Plata que resistía a los despidos.
En todo el país, los poderosos vienen sumando violencia en la lucha por conservar esos privilegios que los militantes populares veníamos recuperando. Pero ya lo sabemos, y no vamos a ceder: cada derecho se conquista en la calle.
