La histórica sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo puso una vez más en escena la articulación victoriosa de un actor social, cuya tenaz movilización impuso una demanda impostergable en la agenda del Estado y la sociedad, con una gestión político-parlamentaria que reunió eficazmente las voluntades que la hicieron viable. En esa conjunción, tuvo un papel fundamental el intenso despliegue de las senadoras –y antes de las diputadas— que pusieron en primer lugar y por encima de la diversidad de identidades políticas y confesionales el objetivo de desterrar para siempre la penalización del aborto, que es ni más menos que la penalización de la condición femenina.
“Hay que ser mujer para conocer el terror que significa que se demore la menstruación”, dijo con claridad meridiana una de las incansables activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Esta Argentina golpeada por la pandemia y la devastación económica y social, nuevamente forzada a debatir con sus acreedores las condiciones de vida de su pueblo, acaba de darle cuerpo a un derecho emancipatorio de carácter universal al aprobar una avanzadísima ley de protección de toda persona gestante. En la misma senda en que, a golpe de movilización, hace 35 años logró el inicio del juzgamiento de los genocidas de la última dictadura militar. Y entre otras conquistas posteriores, las leyes de matrimonio igualitario, salud reproductiva y una veintena de normas que extendieron los derechos sociales en lo que va del siglo.
El largo debate sobre el aborto mostró un radical cambio político y cultural, en un escenario donde chocaron las corrientes progresistas y conservadoras de diverso origen. No obstante su transversalidad no alcanzaron a ocultar por dónde pasan los alineamientos en un asunto que involucra centralmente a la condición de la mujer en las sociedades patriarcales, pero también a las políticas de salud pública y a la ardua disputa por la plusvalía del trabajo en la era del capital financiero. A esa complejidad hay que sumar las tremendas diferencias culturales y civilizatorias que dividen al país.
En los dos debates sobre el proyecto del IVE -el primero fracasó en el Senado en agosto de 2018 y el segundo y último se impuso este 29 de diciembre- hubo variaciones en la composición del voto en ambas cámaras, aunque no alteraron los lindes fundamentales. El Frente de Todos, con una nítida mayoría de partidarios del proyecto enviado por el Ejecutivo, aunque atenuada en la Cámara alta, y Juntos por el Cambio, donde el PRO y el radicalismo, con excepciones valiosas, se alinearon predominantemente por el rechazo.
A esa segmentación hay que agregar otra. Es la que señaló dramáticamente en el recinto la senadora correntina Ana Almirón, del Frente de Todos: «Mi provincia fue declarada provida. No existe ley de paridad, no tiene protocolo ILE. En mi provincia provida una niña fue madre a los 11 años. Le festejaron un baby shower”. Por ese panorama atroz, la joven senadora, a la que el diario corporativo Infobae describió con alguna perfidia como “muy enfática y encendida” pidió a los senadores de la provincia del norte que aprueben el proyecto.
Es en esa geografía donde la distribución del poder y el dinero es más inicua, donde sobreviven estructuras económicas y sociales jerárquicas y autoritarias, sostenidas a menudo por el Poder Judicial y la represión estatal y paraestatal, donde la violencia sobre los cuerpos se ensaña particularmente con las mujeres. Más atroz aún cuando se trata de minorías históricamente discriminados, como las comunidades aborígenes. Bastó escuchar las intervenciones de algunos senadores de los partidos mayoritarios que provienen de esas regiones para percibir la brutalidad de convicciones que no se han alterado desde que otros senadores, desde 1911 hasta 1947, argumentaron en contra del voto femenino.
Verdes y celestes
La otra línea que dividió las voluntades en el Congreso afecta principalmente a Juntos por el Cambio. Allí conviven prohibicionistas acérrimos con partidarios del derecho a decidir. De un lado, laten las convicciones religiosas y las ideologías reaccionarias y misóginas, donde se imponen subjetividades ancladas en la servidumbre de las mujeres y la condena y hasta el odio al placer femenino. Del otro hay una concepción fuertemente influida por el lugar asignado por el Banco Mundial a las mujeres en las relaciones de producción capitalista. En realidad, esta fractura doméstica de la derecha en torno al aborto es reflejo de otra mayor, donde antagoniza la conveniencia económica con la pulsión de muerte del capitalismo financiero, que necesita conservar y profundizar todas las desigualdades al interior de la sociedad. El militarismo y el colonialismo fomentan la misoginia en todo el mundo. La discriminación, el sojuzgamiento de los más débiles y vulnerables, la negación de derechos colectivos y el sostenimiento del patriarcado son intrínsecos a la codicia y la mezquindad de los dueños del capital.
Como se sabe, el Banco Mundial promueve la despenalización del aborto en tanto concibe la salud pública en su versión economicista, ya que explícitamente considera que su grado de eficiencia contribuye al crecimiento económico. Todo trastorno de salud significa pérdida de productividad del capital privado, y por el contrario, disminuir los niveles sociales de morbilidad libera recursos que eran destinados a la salud pública y que ahora tendrán otros fines. Por ejemplo, pagar la deuda pública. Como siempre, el ajuste del gasto social es el paradigma inamovible.
En el documento Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: Invertir en Salud, el Banco Mundial considera que la violencia contra las mujeres, la salud reproductiva, y por lo tanto los abortos clandestinos, son costos que los países deben enfrentar con políticas activas.
La socióloga y economista británica Diane Elson, catedrática de las universidades de Essex y de Manchester, describe el rol que el Banco Mundial le asigna a las mujeres en las reformas neoliberales. “Las mujeres son particularmente valoradas por su habilidad para implementar estrategias de supervivencia para sus familias, aprovechando su trabajo no remunerado para absorber los efectos adversos de las políticas de ajuste estructural», sostiene.
La derecha en campaña
En los días previos a la histórica sesión del Senado, el diario La Nación hizo sus últimos intentos para detener la ley. El 26 de diciembre publicó un editorial titulado «A favor de la vida» en el que afirmaba: “Ojalá nuestros senadores reflexionen y rechacen el proyecto de ley por el que se pretende desinculpar a quien elimine la vida de un ser humano en gestación”. Nada original, por cierto. Tres días después, en un segundo editorial, titulado «El hilo de la vida», sostuvo: “Quienes plantean la legalización del aborto como una ampliación de derechos deberían recordar que el primer derecho humano es el derecho a la vida.”
Que un diario explicite su posición política e ideológica sobre un determinado tema es inobjetable. De hecho, La Nación es una publicación alineada con el PRO por donde se la aborde, basta ver la profusa publicidad concedida a la trivialidad de las declaraciones del expresidente, sólo comparables a la que dedica a las actividades domésticas de su esposa, que el diario difunde semana a semana. Lo que llama la atención es que La Nación, que ha devenido prácticamente en un periódico partidario, en campaña para las elecciones parlamentarias de octubre próximo, se pronuncie tan tajantemente sobre un tema en el que buena parte de su público de clase media seguramente tiene opinión favorable.
La ostensible inclinación editorial del diario y su canal de televisión hacia la profundización de los antagonismos políticos y sociales, la famosa grieta, es paralela a la apuesta política de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y, aunque juega de líbero, de Elisa Carrió, por ahora destinada más a no perder fieles a manos de los libertarios que a ganarle al peronismo. En esa orientación, de preservar y fortalecer al antiperonismo más recalcitrante, se inscribe también la campaña criminal para disuadir a la población de aplicarse la vacuna Sputnik V.
Volviendo a la resonante conquista del pasado 29 y a la potencia alcanzada por los movimientos de mujeres, no es el fin de una epopeya sino su continuidad en un renovado contexto. No sólo para que las dos leyes se cumplan sino para que la pelea por los derechos de todes continúe en todos los frentes. Vendrán nuevas movilizaciones para garantizar que la ley se cumpla en cada provincia garantizando una atención cuidada, digna y accesible, y también las que atañen a las reivindicaciones específicas de “las mujeres aborígenes, negras y morenas, de las cis y bi, de las lesbianas y las mujeres trans, de las pobres y las de bajos salarios, de las que hacen trabajos de cuidado no remunerados, de las trabajadoras sexuales y de las migrantes.”
