El abogado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los cuadernos denunció hoy al juez federal Claudio Bonadio por “abuso de autoridad” por no haberle permitido presenciar el allanamiento que se realizó en el departamento que habita la ex mandataria en la Capital Federal.

El abogado Carlos Beraldi presentó la denuncia este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py a través de un escrito en el que sostuvo que la decisión de marginarlo de los allanamientos es un acto ilícito, de alta gravedad institucional que además implica un “entorpecimiento” en la labor del abogado. 

El episodio denunciado “además de violentar garantías constitucionales básicas (inviolabilidad del domicilio y defensa en juicio), constituye un indebido entorpecimiento del ejercicio de la profesión de abogado”, remarcó Beraldi en la denuncia que recayó ante el juez federal Sebastián Casanello quien este año tiene como fiscal a Carlos Stornelli, el mismo que interviene en el caso de los cuadernos. 

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En la denuncia, Beraldi relató que cuando la Policía Federal se presentó en el departamento de la calle Juncal para realizar el allanamiento él estaba en la casa de Cristina Kirchner, por pedido de su defendida, por lo que fue el encargado de recibir a los agentes y conducirlos por el interior del inmueble.  “Les abrí la puerta del departamento y me identifiqué, dando a conocer también mi carácter de abogado defensor de la Senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa en la que se había dispuesto la diligencia”, sostuvo. 

“Cumpliendo con las indicaciones del jefe del operativo conduje a todas las personas presentes para realizar un recorrido por los distintos ambientes que componen el departamento. Todo ello quedó debidamente registrado en la videograbación que se efectuaba, así como también en las vistas fotográficas que se fueron tomando en los espacios recorridos”, remarcó.

El hecho que desató la denuncia se generó pocos minutos después de la llegada de la policía. “En un determinado momento, cuando nos encontrábamos otra vez próximos a la puerta por la que el suscripto había autorizado el ingreso del personal policial sonó el teléfono celular del jefe del operativo”, relató Beraldi en referencia al llamado tras el cual fue echado de la vivienda de la ex mandataria. 

“A continuación, en base a las expresas instrucciones que le fueron impartidas, dicho funcionario me indicó que debía abandonar inmediatamente el inmueble, ya que por orden del Juzgado la diligencia se llevaría a cabo sin mi presencia. Ante la manifiesta ilegalidad de la orden en cuestión manifesté  enérgicamente mi oposición a que ella fuera efectivizada, sin obtener éxito alguno”, detalló.

Antes de irse, Beraldi insistió en que se trataba de una orden ilícita pero no logró que lo dejaran ingresar. El operativo, ya sin la presencia del abogado defensor de la ex presidenta, duró más de  medio día. 

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En su presentación, Beraldi recordó que el artículo 200 del código procesal penal  “dispone de manera expresa” que “los defensores de las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo lo dispuesto en el artículo 218, siempre que por su naturaleza y características se deban considerar definitivos e irreproducibles, lo mismo que a las declaraciones de los testigos que por su enfermedad u otro impedimento sea presumible que no podrán concurrir al debate”.

El abogado de la ex presidenta solicitó, finalmente, que se le “reciba declaración testimonial a los policías y a las personas que oficiaron como testigos en dicho registro domiciliario, a efectos de que puedan ser interrogados con relación al hecho denunciado”.