El 75% de la población latinoamericana considera que los gobiernos están en manos de unos pocos grupos poderosos que gestionan para sí mismos. Es el promedio regional que surge de los resultados de 19 países relevados. En Argentina el porcentaje que piensa que el ejecutivo favorece a unos pocos sectores de poder es de 73 puntos. Este es uno de los datos centrales del último informe que presentaron en conjunto la ONG Oxfam y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

El documento tiene un título muy nítido: «Democracias capturadas, el gobierno de unos pocos». Y la bajada completa: «Mecanismos de captura de la política fiscal por parte de las élites».

«En una democracia, donde el bien común debe primar sobre los intereses individuales, lo último que debería hacer una política pública es aumentar la pobreza y la desigualdad», remarca el informe a modo de introducción. «La función de los estados es desarrollar políticas públicas que enfrenten estos fenómenos y que aumenten y mejoren los derechos de la ciudadanía. Sólo en un estado capturado puede ocurrir lo contrario».

La definición pone el marco para introducirse en los datos duros del trabajo que muestra las herramientas que tiene el poder económico concentrado para torcer la política fiscal en su beneficio. Los «mecanismos» que describen Oxfam y Clacso incluyen desde la presión mediática hasta la colocación de funcionarios en puestos clave de la administración pública. 

Un elemento para remarcar es el contexto social de desigualdad en que se produce esta captura. El informe brinda cifras de concentración del ingreso en Latinoamérica. Señala que el 20% más rico de la región se queda con el 45% de los ingresos mientras el 20 más pobre sólo captura 6 puntos.

«El estudio de los mecanismos utilizados por las élites nos lleva a ver claramente el círculo relacional entre desigualdad, captura y democracia. Cuanto más concentrado está el poder, que puede provenir de la riqueza pero también de otras fuentes, más capacidad tienen las élites de crear o moldear leyes, políticas e instituciones que facilitan sus privilegios y, por lo tanto, de minar una de las reglas fundamentales del sistema democrático: la garantía de igualdad de derechos entre todas las personas y la representación igualitaria de los diferentes intereses que existen en cualquier sociedad».

Uno de los mecanismos destacados para torcer la política fiscal, señalado por el informe, es lo que denomina «Puerta giratoria». No se trata de una descripción sobre la conocida demagogia punitiva sobre el supuesto «garantismo» de algunos jueces.  Esta puerta es la de los funcionarios públicos que vienen de ocupar lugares clave en corporaciones económicas privadas. Oxfam y Clasco destacaron la importancia de este mecanismo en Argentina, entre otros, analizando el año 2017.

«Los casos analizados revelan que este método es uno de los más utilizados por las élites para influir en las decisiones fiscales. El sector financiero parece ser un habitual en los puestos ministeriales de Hacienda y Finanzas en la región. También destaca la presencia del empresariado agrícola en los Ministerios de Agricultura y su involucramiento en los debates sobre cómo no gravar al agronegocio».

Puestos en cifras duras, el documento destaca que en Argentina, en 2017, «en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas el 40% de los funcionarios de alto rango fueron CEO o gerentes», antes de sumarse al Estado, y «el 33% tenía una trayectoria exclusiva en el sector privado».

Otro «modo de captura» que destaca el trabajo es el de las campañas mediáticas. «Los grupos empresariales tienen un acceso fácil y rápido en los medios de comunicación para colocar sus opiniones sobre las reformas fiscales. Los mismos medios marcan en sus editoriales su apoyo a los intereses de los grupos económicos. Ante los impuestos a las rentas del capital, plantean el miedo a la desinversión y la reducción del crecimiento, y ante el control de la elusión y la evasión, dicen que es necesario desregular y eliminar la carga burocrática».

«En la gestión de los servicios públicos –agrega el trabajo–, defienden la privatización y presentan al gobierno como un despilfarrador que roba a la ciudadanía. Asimismo, los medios controlan de tal forma la opinión pública que en varios casos consiguen que grupos de población, que nunca se verían afectados por las medidas impositivas propuestas, se acaben posicionando en contra».

Luego de estas definiciones sobre la batalla cultural, el documento da algunas cifras sobre la concentración comunicacional en la región. «En los mercados más importantes de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, cuatro (o menos) empresas tienen el dominio en promedio del 88% del mercado en la provisión de acceso a la banda ancha».

En el mismo terreno de disputa ideológica, el informe ubica un elemento clave: el entendimiento. En general, con la mayoría de la sociedad, suelen ocurrir dos cosas: la consiga de «bajar impuestos» suele ser popular. La gente no asocia los impuestos con la existencia de la escuela pública, la salud, la seguridad. Por otra parte, hay mucha terminología que las mayorías no entienden. Oxfam y Clacso lo llaman: «Control del conocimiento o velo técnico». 

«Los debates sobre impuestos y gasto público suceden muy lejos de la gente, aunque en el fondo estemos discutiendo sobre derechos tan fundamentales como la vida y la salud. Parecería que el debate fiscal, principalmente el tributario, es algo meramente técnico, muy complicado, difícil de discutir, y que no tiene nada que ver con los derechos o la democracia. Un 31% de los casos analizados plantea este mecanismo para capturar el debate desde las élites. El conocimiento también se compra o financia. La capacidad del sector empresarial para formular propuestas o cuestionarlas es muy superior al de la mayoría de la población. El empresariado tiene la capacidad de financiar think tanks que muy a menudo presentan y defienden sus intereses como si fueran argumentos puramente objetivos. Este velo técnico excluye a la mayoría de la gente de las decisiones y les permite a sectores con más recursos ejercer influencia y determinar de forma desmedida las decisiones fiscales, llegando a moldearlas en función de sus propios objetivos y en contra del interés colectivo».

El tema es central, en el continente más desigual del mundo. «