En Educación, al igual que en otras áreas sociales, el gobierno de Cambiemos se caracterizó por una política de fuerte ajuste, recorte de programas territoriales, y el agregado de una creciente injerencia de corporaciones multinacionales, sobre todo en las pruebas estandarizadas, bajo un discurso anclado en la meritocracia.
La inversión educativa nacional cayó un 9% entre 2016 y 2018. Y si se ejecutara el Presupuesto 2019 en su totalidad, el retroceso llegará al 19 por ciento. No son datos provistos por los sindicatos o la oposición, sino por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG que ha aportado muchos funcionarios al oficialismo. Los $ 146 mil millones destinados a Educación este año representan la suma más baja en una década y, si se los considera en precios constantes de 2018 (quitando la inflación), son casi 50 mil millones menos respecto de 2015. De esta manera, el macrismo incumple la Ley de Educación Nacional de 2006, que estipula un mínimo de inversión del 6% del PBI en el área. Esa meta se respetó hasta 2015. En 2016, los fondos asignados descendieron al 5,8%, y hoy representan el 5,5%, el más bajo desde 2008, como lo subrayó un trabajo del Observatorio Argentinos por la Educación, presentado esta semana en el CCK.
Otro trabajo realizado por observatorios y equipos de investigación de la Universidad Pedagógica (UNIPE), la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación, Aula Abierta y las universidades de Avellaneda, Quilmes y General Sarmiento resalta que el presupuesto educativo en 2019 es, en términos reales, y debido al aumento de precios de un 125%, al menos un 17% más bajo que el de 2016, pasando de 122 mil millones de pesos a 101 mil millones. «Como en este período la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo se habrá incrementado en 500 mil, la inversión educativa real por alumno del Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido más de un 20 por ciento».
A los menguantes presupuestos hay que sumarles la escasa ejecución. Y allí surge otro dato que alarma por su magnitud: según números oficiales de Hacienda, entre 2016 y 2018 quedaron sin usar 59 mil millones de pesos que estaban destinados a Educación.
La anulación de la paritaria nacional docente
De acuerdo al informe de CIPPEC, el poder adquisitivo del salario docente descendió un 14% entre 2015 y 2018, con fuertes disparidades provinciales. Tras alcanzar un máximo en 2015, comenzó a perder terreno, regresando en 2018 al nivel de 2007, con caídas en las 24 jurisdicciones, a excepción de San Luis, donde el salario creció un 14% en términos reales.
Los fondos para elevar y tender a igualar los salarios docentes en las provincias también se congelaron en 2019, como resultado de la anulación de la Paritaria Nacional Docente, en 2017. Sin la compensación del Estado, la diferencia entre las provincias que más salarios otorgan y las que menos ofrecen es de 2,1 veces. El Observatorio Argentinos por la Educación sostiene que el salario aumentó entre 2005 y 2015, pero «entre 2015 y 2017 se registró una caída del 6,4 por ciento».
En 2015, un maestro de grado cobraba un promedio de 6060 pesos, equivalentes a 631,25 dólares. Hoy, el sueldo medio es de $ 18.750: 328 dólares. El de un docente uruguayo asciende a 462,30 dólares.
Las universidades, educación «inferior»En 2019, el presupuesto universitario bajó un 10% respecto al año anterior. Eso sin contar la inflación interanual. «¿Qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura», cuestionaba Mauricio Macri antes de arribar a la Casa Rosada. Llevó esa idea a la práctica: en su mandato no hubo una sola facultad pública nueva. Hay casos de asfixia presupuestaria extrema. La Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela, tiene para pagar sueldos hasta octubre. Mientras, su matrícula crece: hace tres años eran 14 mil alumnos, hoy superan los 20.700. Las universidades de la Patagonia sufrieron un recorte de 184 millones en 2018 y les deben más de dos meses de funcionamiento. A los déficits financieros se agregan los despidos de 7000 personas que trabajaban en universidades, por ejemplo en áreas técnicas o en programas como los contenidos de la TV Digital. Y el aumento en las tarifas de servicios: a la Universidad de Moreno, la luz le llega con un 1700% de aumento respecto de dos años atrás. La devaluación fue otro golpe mortal para instituciones que funcionan con muchos insumos y equipamientos dolarizados.
Carreras estratégicas para otro modelo de paísOtro sector que había progresado hace una década y hoy sufre un vaciamiento es el de las escuelas técnicas, claves para el desarrollo, especialmente unido a las llamadas «carreras estratégicas» de Ingeniería e Informática. El recorte de $ 1500 millones en el Fondo de Educación Técnica para 2019 supuso el incumplimiento de la Ley de Educación Técnico Profesional: la norma estipula que ese fondo sea el 0,2% de los ingresos públicos, pero este año será apenas la mitad.
«Volvemos a los ’90», coinciden los directivos de los colegios técnicos. Su manejo depende del INET, adonde arribó como director, en 2016, el actual ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, que comparte con Esteban Bullrich la cuenta offshore «Formar Foundation INC», en Panamá. Al frente del INET, buscó reemplazar el área de formación profesional por una Agencia Nacional de Talentos, fuera de la órbita educativa. Con su llegada, el sector técnico entró en crisis: el INET apenas usó el 17% de los $ 3400 millones presupuestados.
Jardines de infantes, una promesa de campaña incumplida«Me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan», anunció Macri antes de llegar al gobierno. Una vez en el poder, cambió la meta a «10 mil aulas», pero tampoco la cumplió. De acuerdo al Observatorio Argentinos por la Educación, lleva realizadas 1479 aulas.
El recorte general ha afectado gravemente el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento escolar, que pasó de $ 6063 millones en 2018 a $ 2600 millones en 2019. De acuerdo a un estudio de CTERA, «en los dos últimos años se subejecutaron partidas por $ 7775 millones. Con ellas ya se hubieran construido 540 jardines o 3000 aulas».
En 12 años, los gobiernos kirchneristas construyeron 1824 establecimientos, bajo el Programa Más Escuelas. Desde fines de 2015,Cambiemos edificó menos de diez en todo el país. La falta de obras (y de nuevos cargos docentes) afectó de lleno al programa de escuelas con jornada extendida. La Ley de Educación obliga a que todas las primarias funcionen con esta modalidad, e incluso Macri lo declaró una prioridad de su gobierno para que «todas las escuelas tengan jornada extendida en 2026». Sin embargo, los 307 millones que el programa tenía presupuestados en 2018 pasaron a ser apenas 34 millones en 2019, sin contar la inflación interanual. No sólo no hay más colegios con esta modalidad –cuyo número había crecido durante una década–, sino que 229 establecimientos primarios la abandonaron en los últimos dos años.En la ciudad, falta de vacantes y escuelas fantasma
En 2006, antes de que el PRO llegara a la Ciudad, Educación ocupaba casi el 30% del presupuesto porteño. En 2015 ya había bajado al 22,7%, y este año es de apenas el 17 por ciento. Eso explica gran parte de los déficits educativos del distrito más rico del país, entre ellos que menos del 40% de los alumnos y las alumnas inscriptos para nivel inicial en 2019 hayan obtenido su vacante. La falta de oferta se profundizó año a año, con la instauración del sistema de inscripción online: mientras en 2014 hubo 7000 chicos sin vacante, en 2019 la cifra ascendió a 12.903, a los que se suman otros 12.700 que asisten a Centros de Primera Infancia (CPI), que no dependen de Educación sino de Desarrollo Social.
En la campaña para las PASO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, promocionó que hay más vacantes, «como nunca antes», y que están construyendo 54 escuelas nuevas. El legislador Mariano Recalde (Frente de Todos), elevó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cuáles son y dónde están: «Ciudad reveló que gastó 109 millones de pesos en un mes en su campaña publicitaria del ‘Plan 54 Escuelas’. Sin embargo, sólo se construyeron diez, y en algunas de las direcciones del Plan sólo hay terrenos baldíos, como el de Pepirí 185, donde no hay una escuela en construcción, sino un patio cervecero».
Secundaria del futuro, hacia la flexibilidad laboralDos medidas de la gestión Larreta fueron largamente resistidas por las comunidades educativas: la UniCABA y la Secundaria del Futuro. El año pasado, el Ejecutivo buscó anular la inscripción a profesorados, para que todo se nuclee en una supuesta Universidad Docente de la que aún poco se sabe. Ni siquiera tiene presupuesto asignado. Gremios y opositores cuestionan que desconoce las variedades curriculares de los 29 profesorados porteños. El temor de fondo es que todo sea parte de un negocio inmobiliario con una venta masiva de los terrenos donde hoy funcionan esos institutos de formación docente, varios históricos, como el Joaquín V. González.
Meses antes, la lucha –con tomas de escuelas incluidas– fue por la Secundaria del Futuro, que Larreta sí logró implementar en una veintena de colegios. Docentes y centros de estudiantes denunciaron que se trata de pasantías no rentadas en las que los chicos del último año de la secundaria llevan a cabo prácticas en empresas, en un marco de flexibilidad laboral y mano de obra barata. Según el gobierno, forma parte de un programa pedagógico para que «la educación esté vinculada al mundo del trabajo». Sin embargo, en marzo de este año la Justicia porteña ordenó que, en caso de persistir en su intención de hacer obligatorias las prácticas, se violaría la Ley 3541, que prescribe como optativas este tipo de actividades.
Sandra, Rubén y el ajuste convertido en tragedia
A fines de mayo de 2018, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que nuclea a los sindicatos de la provincia, realizó una jornada de protesta, el «Carpetazo», que incluyó la entrega de un informe a las autoridades que releva falencias edilicias en 781 colegios del distrito. Uno de ellos era la Escuela Nº 49 «Nicolás Avellaneda», de Moreno, donde el 2 de agosto de ese año, apenas tres meses después de aquel informe, una explosión por una pérdida de gas mató a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez. El Consejo Escolar local, intervenido por la gobernadora María Eugenia Vidal, había recibido cuatro denuncias por fallas en esa escuela. La tragedia desnudó una crisis de infraestructura generada durante décadas, pero profundizada en los últimos tres años y medio por una gestión proclive a la subejecución y a los recortes presupuestarios. Medio centenar de colegios aún no tienen gas en Moreno.
Menos becas y una brecha digital que se hace abismo
Las becas del Programa de Respaldo para Estudiantes Argentinos (Progresar) fueron instauradas por la gestión anterior para ayudar financieramente a los jóvenes para que puedan continuar con sus estudios, especialmente los universitarios del Gran Buenos Aires, donde el 75% de los alumnos son primera generación de universitarios en la familia. A pesar de la inflación de casi el 60%, los montos se mantuvieron congelados desde febrero de 2018 (van de 1250 a 2600 pesos), y con mayores barreras administrativas y desmantelamiento de coordinaciones territoriales, dejando afuera a más chicos: de los 996.172 becados que había en noviembre de 2016, hoy sobreviven apenas 506 mil.
Otro programa de equidad educativa apuntado por el gobierno al asumir fue Conectar Igualdad (CI). El plan no era sólo las netbooks: incluía la conexión a Internet de las escuelas, la formación docente en TICs y contenidos propios con un sistema operativo abierto, el software libre Huayra. El Ministerio, entonces liderado por Esteban Bullrich, primero despidió a los directores del CI, luego desmanteló los equipos territoriales y de asistencia en cada provincia, y por último dejó de comprar equipos y generar contenidos. Alabado por UNESCO gracias al achicamiento de la brecha digital que generó, el programa llegó a repartir 5.300.000 equipos a docentes y alumnos. El gobierno disimuló el cierre suplantándolo por el plan Aprender Conectados, centrándose en la primaria. Sin embargo, fue languideciendo: en 2018 entregaron menos de 50 mil netbooks y dejaron de reparar equipos, con el justificativo de que la mayoría ya tiene computadora en su casa. Macri afirmó en un acto oficial: «¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla». Sólo entre 2016 y 2017, el Ejecutivo le quitó al programa de Educación Digital y Formación Tecnológica la suma de 5900 millones de pesos. Hoy ese programa cuenta con un presupuesto de $ 4420 millones: 600 millones menos que en 2018.
Un informe de esta semana del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) enfatiza que «a partir de 2016, el proceso de ampliación de derechos para niños, niñas y adolescentes tuvo un punto de inflexión y varios programas que se venían implementando en años anteriores, se dieron de baja. Entre ellos, se pueden contabilizar los planes Qunita y Conectar Igualdad. En ambos casos, puede observarse una estrategia similar: el programa se suspende con alguna crítica a la implementación, aunque con la promesa de una futura mejora. En la práctica, se procede a la suspensión o desfinanciamiento».
Pruebas estandarizadas y el negocio de la meritocracia
La meritocracia impulsada por el macrismo desembarcó en la educación, tanto para los docentes como para los alumnos, bajo la figura de rankings. Con los maestros se buscó incluir en la paritaria un mejor cobro para aquellos mejor valuados. Con las escuelas y los estudiantes, se apeló a las pruebas estandarizadas Aprender, basadas en las internacionales PISA, criticadas por no tener en cuenta los contextos de las comunidades educativas, evaluando a todos de la misma manera, y sin contemplar la inclusión escolar: Chile y Perú dan mejores resultados, pero con menos chicos dentro del aula. En base a resultados de Aprender, el Ministerio de Educación propuso elaborar listados de las mejores escuelas para beneficiarlas con envíos de equipos y presupuesto.
Sin embargo, a pesar del discurso macrista que hace foco en la capacitación de los maestros y en la calidad educativa, el programa Acciones de Formación Docente apenas usó el 50% de los fondos pautados para este año, e Información y Evaluación de la Calidad Educativa, el 49 por ciento.
Mientras vaciaba Conectar Igualdad, en el Foro Económico de Davos de 2016, el presidente se reunía con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que le ofreció Shape The Future: paquetes de software educativo para diez millones de alumnos, y programas de capacitación online para un millón de docentes. La relación de CEOs y corporaciones con el Estado argentino fue de gran fluidez bajo la actual gestión. Desde convenios con Ineco, de Facundo Manes, para formar a docentes con la visión neurocientífica en la lectoescritura de los niños, y con la Fundación CONIN, de Abel Albino, para cooperación y «asistencia técnica», hasta la presencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), impulsora de las pruebas PISA. La Asociación Gremial Docente de la UBA denunció que detrás de los exámenes estandarizados argentinos está la multinacional Pearson PLC (la misma que ideó PISA), una firma inglesa que en 2013 enfrentó juicios por conflictos de intereses al producir materiales para alumnos y, a la vez, diseñar sus exámenes. «
