La puja por los números que no le cierran al gobierno escaló hasta la Corte Suprema. Los cinco jueces del máximo tribunal le enviaron una (cuarta) nota al jefe de gabinete, Marcos Peña, reclamándole la autorización de partidas de dinero que la propia Corte tiene pero del que no puede disponer libremente porque no tiene autonomía presupuestaria. La situación se parece a un ahorrista que tiene su dinero en el banco pero para utilizarlo tiene que pedirle autorización previa al banquero. 

En la misiva, los ministros le advierten al jefe de ministros sobre el riesgo de » inmediata paralización de las actividades del Alto Tribunal»  si no se modifican las partidas, y le recuerdan que «en el presente año 2018 solo se ha autorizado un 10% de aumento. El 5% autorizado en el mes de febrero corresponde a 2017 y se le autorizó a todos los sectores estatales cuyos salarios quedaron por debajo de la inflación del año 2017».

La Corte Suprema fija anualmente su cálculo de gastos y se lo envía al Poder Ejecutivo, para que sea incluido en la ley de Presupuesto. Generalmente, tanto ese presupuesto cuanto el que pasa el Consejo de la Magistratura para el resto de los tribunales sufre una poda. Esa situación se había minimizado desde la llegada de Cambiemos al gobierno, pero reapareció en el marco del ajuste que encaró el gobierno en esta nueva etapa económica. Para este ejercicio 2018 el recorte fue un hachazo: 40 por ciento menos.

Ante ese escenario, la Corte argumenta que es necesario que el Ejecutivo vaya modificando las partidas presupuestarias para poder afrontar los gastos para funcionar. El mayor porcentaje del presupuesto va a salarios. Desde marzo pasado, la Secretaría de Administración de la Corte viene reclamando la asignación de partidas presupuestarias. No le está pidiendo más dinero al gobierno sino autorización para gastar los recursos que ya tiene asignados. La única respuesta a las tres primeras notas fue el silencio. La cuarta la firmaron todos los jueces de la Corte y la respuesta del gobierno fue que se irían autorizando las partidas según cómo evolucionaran los números globales, esto es dependiendo de cómo esté el presupuesto nacional.

La situación es compleja. Para gastar los propios recursos que ya tiene, la Corte tiene que pedir autorización. Si esa autorización no llega, no se puede gastar. Y ello amenaza con generar un cuello de botella y una tensión en tribunales porque no sólo no se podrían aumentar los salarios en sintonía con las pautas inflacionarias sino que probablemente tampoco se puedan pagar los sueldos actuales.