Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, diputados nacionales del FPV-PJ, emitieron un comunicado de prensa en el que denunciaron penalmente al Jefe de Gabinete, Marcos Peña, por haber firmado la resolución para la transferencia de la base de datos de la Anses a la Secretaría de Comunicaciones Pública de la Nación.
Después de la acción de amparo colectivo para lograr la nulidad de la transferencia de la base de datos que presentaron los diputados Héctor Recalde, Teresa García y Carolina Gaillard (https://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/58384/) y luego de que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner haya advertido desde su cuenta de Twitter que los legisladores nacionales deberían mirar con mucha atención el funcionamiento de los organismos de seguridad e inteligencia», Cabandié y Tailhade denunciaron a Peña por incumplir los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y violación de secretos y de la privacidad. A su vez, también fueron denunciados el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública de la Nación, Jorge Greco; y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun.
Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales, advirtieron los legisladores, y acusaron a Peña de pretender utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública.
Además, señalaron que aún si la declarada finalidad de mantener informada a la población fuera cierta, el área de gestión de Peña no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para tratar ese enorme banco de datos personales. O generan un ingreso masivo de miles de nuevos trabajadores a la Secretaría, o contratan distintas consultoras para que realicen la tarea. No parece muy difícil conocer la respuesta: los datos personales de todos los argentinos que ANSES remitirá periódicamente al licenciado Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas, aseguraron.
La denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4, a cargo de Ariel Lijo, y será investigada por el fiscal Guillermo Marijuan.