A dos años de la desaparición de Santiago Maldonado, los organismos de Derechos Humanos volvieron a convocarse en Plaza de Mayo para renovar el reclamo de justicia. Acompañado de representantes de familiares de víctimas y militantes sociales, la familia del artesano y anarquista pidieron que se investigue a los responsables políticos y judiciales por la desaparición y encubrimiento de la muerte del muchacho.
“Hace 700 días de aquel 1° de septiembre de 2017 en el que pedí que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich diera un paso al costado ya que no estaba capacitada para desempeñarse en ese puesto. Estaba equivocado. Hoy sabemos que tenía muy claro desde que asumió como ministra hacia dónde quería conducir a las fuerzas de seguridad”, dijo arriba del escenario Sergio Maldonado.
El hermano de la víctima agregó que “Santiago estuvo desaparecido 78 días para aleccionar, amedrentar y para que la muerte se naturalice en manos de sus fuerzas. El 25 de noviembre de 2017, mientas se velaba el cuerpo de Santiago, la Prefectura asesinaba a Rafael Nahuel”.
Luego, Sergio mencionó con nombre y apellido a quienes considera como los responsables políticos y judiciales que desde el Estado sembraron un manto de impunidad para que el caso no se esclarezca.
“Mauricio Macri, es el máximo responsable que son su silencio e indiferencia legitima la violencia que imparte a través de su ministra de Seguridad”, indicó Sergio y continuó: “Patricia Bullrich es responsable por tres motivos: incumplió en su deber de prevenir para que no sucediera la represión; avaló la impunidad al decir “yo me la banco, no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana” y no apartó a la fuerza de seguridad. No investigó. Por el contrario, respaldó, justificó y premió el accionar; y atacó y deshumanizó a Santiago, a nuestra familia, negó la presencia de Santiago en el lugar. Confirmó que la desaparición fue una construcción instalada por los organismos de DDHH”.
Luego, Sergio explicó que Pablo Noceti, funcionario del ministerio de Seguridad y “abogado de genocidas, estuvo en el mismo momento en que Gendarmería entraba ilegalmente a la Pu Lof el día en que desaparecieron a Santiago”. Respecto al juez Guido Otranto, el primero que se hizo cargo de la causa, sostuvo que “alertó” a Noceti sobre los allanamientos que luego le haría a los escuadrones de Gendarmería involucrados, dándoles tiempo para eliminar pruebas incriminatorias.
También mencionó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien “desde un principio se dedicó a negar la desaparición de Santiago” y fue más duro aún con el ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien consideró como “responsable del silencio que permitió que se instalara que recibíamos un subsidio del Estado”.
Sobre el funcionario que responde a Bullrich, Gerardo Millan, puntualizó que “su única intención era que le informáramos las direcciones de los amigos de Santiago, una práctica recurrente de otras épocas”.
También hizo alusión a la fiscal Silvina Ávila, al juez Gustavo Lleral y al funcionario judicial Daniel Barberis, de quienes sospecha que fueron piezas claves para consolidar la impunidad y el “alejamiento de la verdad y la justicia”.
El multitudinario encuentro fue breve y emotivo. Mientras los participantes ya estaban desconcentrados, un reducido grupo de encapuchados realizó pintadas anarquistas sobre el Cabildo, dando lugar a un desmesurado despliegue policial en los alrededores. Finalmente, la situación no pasó a mayores.
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