El festival de beneficios a represores sumó otro ganador: el abogado Jaime Lamont Smart condenado dos veces a prisión perpetua por su rol como ministro de gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, fue beneficiado con la detención domiciliaria. Su salida de la Unidad 31 de mujeres de Ezeiza había sido preanunciada en la primera semana de febrero, y un fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de este lunes le abrió definitivamente las puertas de la cárcel: la espada civil del coronel Ramón Camps en la represión bonaerense se va a su casa.

El fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Penal dispuso “conceder a Jaime Lamont Smart la prisión domiciliaria” con los votos del presidente de la sala, el juez Gustavo M. Hornos y de su consorte Carlos A. Mahiques, con la disidencia de Ana María Figueroa. Los dos jueces varones consideraron que los informes de salud habilitaban la domiciliaria. La jueza entendió lo contrario.

Smart fue beneficiado en la causa N°2450/2007, la única en la que aún no le habían otorgado la domiciliaria. Ese expediente que investiga su responsabilidad en los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense, conocida como “1 y 60” por estar ubicada en el cruce de esas avenidas, durante la dictadura.

En los argumentos del fallo de 9 páginas publicado este lunes, Hornos remitió a jurisprudencia de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de la facultad de los jueces para disponer prisiones domiciliarias, y agregó: “Se presenta insoslayable que ya me he pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la situación particular de Jaime Lamont Smart y he resuelto que corresponde la concesión del arresto domiciliario”. En otros tres expedientes el magistrado ya le había otorgado el beneficio en mayo de 2015, en diciembre de 2016 y en febrero de 2017.

Smart, de 82 años, está condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata por el juicio Circuito Camps en 2012 (por sus crímenes en el centro Puesto Vasco donde mantuvo desaparecido a Jacobo Timerman y las víctimas del caso Graiver), y en 2014 en el juicio por La Cacha. Además, está procesado en cuatro causas elevadas a juicio: las que investigan los crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield, Lanús (con asiento en Avellaneda) y San Justo.

En todas las causas en las que fue condenado (que Casación todavía no dejó firmes) y en las que está acusado el tribunal platense le concedió la domiciliaria. A principios de febrero los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma le rechazaron un recurso extraordinario al fiscal Javier de Luca, apartó al juez de la causa, Ernesto Kreplak, y ordenaron su inmediata liberación.

Smart también está siendo investigado en el juzgado de Lomas de Zamora, donde tramita una causa por seis homicidios en la que está procesado, pero allí también obtuvo el beneficio de la domiciliaria.

Con el fallo de ayer cumplirá el primero de sus objetivos: ir a vivir con su mujer Sylvia Walker en su departamento de la calle Libertad al 1642 de la capital. Desde el escritorio de su casa irá por el premio mayor, que es lograr la nulidad de las condenas en el juicio por La Cacha y el Circuito Camps.

El trámite del expediente para que Smart salga de prisión deberá ejecutarse en La Plata, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 y el Juzgado Federal N°1, que subroga el juez Gabino Ziulu.

¿Quien es Smart?

Smart es abogado y pasó los días tejiendo estrategias y redactando recursos judiciales en su celda de la Unidad 31 de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás” de Ezeiza. Ahí le sobra el tiempo para redactar presentaciones judiciales que fueron, de a poco, abriendo las rejas. “Hemos respondido presentaciones suyas y antes de que lleguen a la Cámara ya teníamos otra presentación que alegaba empeoramientos de la condición de detención que estábamos contestando”, recordó un fiscal que se opuso a su domiciliaria.

El abogado fue junto al ex comisario Miguel Etchecolatz, una de las espadas de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Pero siempre estuvo abocado a combatir la “subversión”: arrancó en 1968 como fiscal nombrado por Juan Carlos Onganía y cuando fue juez integró la Cámara Federal (conocida popularmente como el “Camarón”) un tribunal de excepción para juzgar a opositores políticos y militantes.

El 24 de marzo de 1976 asumió como ministro de gobierno bonaerense, y en el inicio de la democracia defendió a Albano Arguindegui y al apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa.

Su rol en la dictadura quedó escenificado en una escena que reconstruyó Ricardo Ragendorfer recientemente en Tiempo. Allí, Smart arengó a la tropa policial a finales de 1976, durante un acto en la jefatura de La Bonaerense.

“La subversión, señores, es ideológica. Sus infiltrados están agazapados en el ámbito de la cultura. Porque todo esto fue a causa de personas, llámense políticos, sacerdotes, profesores y periodistas”, dijo Smart. Desde el palco, el general Ramón Camps y el comisario Etchecolatz lo oían con sumo deleite. El orador era Smart, por entonces ministro de Gobierno provincial, Y su remate fue: «Hay mucho aún que averiguar en el país”.