«Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula el aumento en las tarifas de gas para los usuarios residenciales, desde la Multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires manifestamos nuestra profunda preocupación por considerar la decisión del máximo tribunal como una decisión que no resuelve el problema colectivo y que es la expresión de la continuidad del tarifazo impulsado por el gobierno nacional.
Con la movilización popular y la presión de la sociedad en su conjunto para ponerle un freno al tarifazo, la Corte se vio obligada a tomar una definición. En este sentido, los Ruidazos que llevamos adelante el 14 de julio y el 4 de agosto en los diferentes puntos del país pusieron a la justicia en la obligación de oír los reclamos de los y las ciudadanxs en su conjunto. Así, se logró un avance clave para una batalla que continúa: nuestro objetivo es conseguir la nulidad para todos los sectores.
Pero lo cierto es que el fallo dado a conocer hoy esconde una trampa: los usuarios residenciales que no pagarán el aumento representan sólo un 26 por ciento del consumo de gas, mientras que el 74 por ciento que deberá abonarlo está integrado por las pequeñas y medianas empresas, las empresas recuperadas, los clubes de barrio, los centros culturales, los centros de jubilados y adultos mayores, y otros sectores.
En consecuencia, el fallo resulta claramente restrictivo y afectará fuertemente al sector productivo, que seguirá amenazado a cerrar sus puertas porque, como ya se manifestó desde los diversos espacios, no podrá hacerle frente a las subas.
La ecuación resulta sencilla. La continuidad del incremento tarifario para los sectores que representan el 74 por ciento del consumo se traducirá -más temprano que tarde- en una caída de la actividad productiva, en desocupación y en cierre de industrias; y tendrá un efecto directo en los bolsillos. ¿Por qué? Porque en el actual contexto inflacionario, el sector productivo (ese 74 por ciento) se verá obligado a aumentar sus costos para poder pagar el tarifazo del que la Corte no lo excluyó.
Creemos oportuno destacar el dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que consideraba que el aumento pone en riesgos derechos humanos y fundamentales. En este sentido, remarcaba que «El servicio público domiciliario de gas es un servicio indispensable para la salud y la vida digna» y que «el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas en especial, las pequeñas y medianas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo».
En conclusión, alertamos a la ciudadanía sobre el verdadero impacto del fallo de la Corte, expresamos nuestra profunda preocupación por la continuidad del tarifazo y llamamos a seguir peleando para lograr que la nulidad de la suba de los servicios se aplique a todos los sectores y no tenga consecuencias generales a mediano plazo.»
