Los gremios docentes rechazaron el plan “Primero la escuela” que anunció esta mañana el Gobierno porteño para regresar a las aulas el 17 de febrero. Indican que el proyecto no responde a las condiciones para garantizar los protocolos de seguridad y advirtieron que carga la responsabilidad en la dirección de cada escuela. Por su parte, la ministra de Educación,  Soledad Acuña, afirmó que no se puede demorar más la presencialidad porque se necesita un diagnóstico de la situación escolar.

La secretaria General de UTE – Ctera, Angélica Graciano, le dijo a Tiempo Argentino: “Si no están dadas las condiciones de seguridad no arrancan las clases”. Y sostuvo que el proyecto presentado hoy no cumple con esas demandas. “La responsabilidad está siendo delegada a las directoras y directores y actúan con una gran irresponsabilidad. Dicen que las condiciones sanitarias permiten hacer esto cuando estamos en las mismas condiciones sanitarias que en el mes de julio del año pasado. Es muy grave. Hay que actuar con sensatez”, le dijo la docente a este diario.

Además enmarcó la premura por iniciar las clases sin certezas epidemiológicas en el contexto de las elecciones legislativas de octubre. “Ellos están en un tren que tiene que ver con la campaña electoral. No es una preocupación ética por el derecho a la educación. Porque sino no hubiesen bajado el presupuesto educativo y a esta altura ya hubiesen destinado una partida extraordinaria para el transporte escolar, para el acondicionamiento de las escuelas y para mejorar las canastas nutritivas. Hay una distancia muy grande entre los anuncios del día de hoy y la realidad efectiva. ¿Cómo van a hacer para que en una cola de colectivo tenga prioridad la madre con el estudiante que va a la escuela? Además, hay más de 30.000 estudiantes que vienen de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Graciano.

En el mismo sentido se expresó la secretaria General de Ademys, Mariana Scayola. Sostuvo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “no tiene un plan serio”. “Es muy difícil hablar de que puedan arrancar las clases el 17 sin un plan y con la situación sanitaria tal como está. Entendemos que no hay plan. Siguen sin presentar el protocolo de presencialidad y delegan esa responsabilidad a las conducciones de cada escuela sabiendo que no han garantizado las condiciones para esa presencialidad. No garantizaron ni estructura ni ventilación. Vienen manifestando su voluntad, pero las aulas no tienen el distanciamiento necesario. Quieren que sea fragmentado y no tomaron más docentes. No han escuchado el reclamo de ampliar la planta de auxiliares de limpieza”, afirmó la sindicalista.

Sobre la elección de la fecha del 17 de febrero, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, dijo que “es importante volver antes para poder hacer un diagnóstico”. “Necesitamos que los docentes puedan rearmar su planificación sumando y articulando los contenidos que no se aprendieron en el 2020. No queremos que los chicos vuelvan a la escuela y sigan sin aprender lo del año pasado. Por eso es importante que vuelvan antes para diagnosticar y armar las calificaciones”, sostuvo la funcionaria en radio La Red.

Al ser consultada sobre la postura de los gremios dijo que “algunos sindicalistas se representan a ellos mismos”.  “Los docentes tienen voluntad de volver a las aulas. De los 17 sindicatos, la mayoría tiene el objetivo de volver a las aulas”.

Sin embargo, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) también pusieron en duda la vuelta sin un cronograma de vacunación. “Sostenemos que la presencialidad en las escuelas sólo es posible en condiciones epidemiológicas seguras. Y que observando el crecimiento de la curva de contagios en la ciudad, las y los docentes de gestión privada de la ciudad no podemos volver a la presencialidad sin estar vacunados”, expresaron a través de un comunicado. Además calificaron el anuncio como “una clara campaña de marketing político”. “Hoy se anunció en los medios la vuelta, informando varias cuestiones que en la reunión no tuvieron ningún tipo de respuestas por parte del Ministerio de Educación”, agregaron.

Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA, se mostraron más conciliadores. Dijeron que no van “a poner obstáculos pero sí a exigir condiciones”. “Dónde estén dados estos requisitos apoyaremos hasta que se pueda. En aulas sin ventanas es imposible dar clases, en escuelas con un baño también”, afirmó el secretario general de la seccional Capital, Norberto Cabanas.

“Es necesario el camino a la presencialidad, pero para que sea exitoso va a hacer falta una fuerte presencia del Estado-agregó Cabanas-. No decimos que no. Decimos que tenemos que concretar lo posible. Tenemos que extremar las medidas de precaución, protocolos, alcohol, garantizar el personal auxiliar para sanitizar superficies y baños. Garantizadas estas condiciones podría haber alguna manera de presencialidad. No quedó claro cuál va a ser la política de transporte. Hay un 22% de alumnos de provincia que viajan a Capital”, comentó.

Por su parte, Graciano ratificó el pedido al Gobierno porteño de que tenga en cuenta el semáforo epidemiológico para evaluar el regreso a clases según la cantidad de casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes utilizado en Estados Unidos.