El gobierno nacional se encamina a terminar de reacomodar las piezas y lineamientos para que la reactivación post pandemia llegue y se note en los sectores populares. Descartado el anuncio un mega paquete se optó por el anuncio diario de medidas segmentadas que llegan a distintos sectores de la población que fueron afectados por el parate económico que forzó el covid 19. El reacomodamiento de funcionarios vinculados a las áreas sociales y económicas continuó este fin de semana con la llegada del economista Roberto Feletti a la secretaría de Comercio Interior. En tanto, la discusión sobre cómo “convertir planes en trabajo” permanece entre las organizaciones sociales y el gobierno.

Es una sucesión de anuncios diarios. Todos destinados a sectores golpeados por la crisis, pero que requieren soluciones distintas. El último de los anuncios, que quizá pasó desapercibido porque se superpuso con el acto del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, en Chicago, fue el que llevó adelante Fernanda Raverta con el presidente Alberto Fernández. Fue  el aumentó del salario complementario por hijo o hija para trabajadoras y trabajadores en blanco.

Días antes se había anunciado la jubilación anticipada para personas que ya cuentan con los 30 años de aportes y les faltan 5 o menos para jubilarse y se encontraban al 30 de junio de 2021 desocupadas. Se calcula que beneficiará a unas 30 mil personas.

El gobierno lanzó también el Programa Registradas, que otorga a trabajadoras de casas particulares un monto fijo por el lapso seis maeses a cuenta del pago del empleador que debe formalizarlas ante la AFIP. A esto se le suma el PRE Viaje, que reintegra el 50% de los gastos dentro del país. Y en caso de que los turistas sean personas jubiladas, el recupero llega al 70%. También se dispuso el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y quedan exentos los asalariados que cobren hasta 175.000 pesos mensuales brutos, lo que beneficiará a más de 1.200.000 personas.

Una de las iniciativas destinada en particular a las mujeres que habitan en los barrios populares es el programa Mi Pieza para realizar obras de mejoramiento habitacional.

Si bien las distintas medidas alcanzan a universos pequeños y segmentados, el objetivo, según explican en Rosada, es llegar con soluciones quirúrgicas a las distintas poblaciones. Una especie de “lapicera fina”, como había dicho Cristina Fernández durante su segundo mandato.

Es que la discusión sobre cómo incorporar grandes sectores de la economía informal al acceso a derechos queda todavía sin cerrar. Parte de ese debate quedó expuesto el jueves en Chicago. Dirigentes y dirigentas de distintas organizaciones que acompañaron al presidente plantearon que gran parte de ese trabajo informal no será absorbido por el mercado. Por lo que, según planteó Emilio Pérsico, funcionario del ministerio de Desarrollo Social, se hace necesaria una renta universal básica. Sería  para complementar el ingreso que se autogeneran trabajadores de los sectores no registrados por el Estado, como por ejemplo, los cartoneros, que según dijo el funcionario, “producen el 80% del papel” en el país.

El gobierno, por su parte, implementó políticas públicas para incentivar, en particular a las pymes, a tomar trabajadores y trabajadoras. Impulsó  subsidios para quienes tomen mujeres o identidades no binarias, sectores que suelen ser más discriminados por el marcado laboral. Sin embargo, desde las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos  sostienen que esos recursos pueden ser administrados de manera directa por los propios sujetos a quienes quieren beneficiar, es decir, los sectores populares organizados en cooperativas de trabajo.

Por el momento, las diferencias quedaron expuestas y no se prevé una síntesis política inmediata. Es que la informalidad, sector de la economía que más sufrió la pandemia, es estructural en Argentina y requiere de políticas diferenciadas. Y si bien el gobierno de Alberto Fernández se comprometió a atenderlo, la forma sobre cómo llevarlo a cabo todavía no está acordada.