Graves desequilibrios económicos, una fuerte dependencia del Estado nacional para sostenerse y una visible desigualdad en la distribución de sus ingresos. Todas esas dificultades que Jujuy viene arrastrando a lo largo de décadas, tuvieron algo que ver en el estallido social que terminó por dispararse tras la reforma y sanción de una nueva Constitución provincial.
Una mirada a los datos macro muestra que, aun tratándose de una provincia pequeña, Jujuy está por debajo de lo que podría llegar a ser. Tanto su territorio (53 mil kilómetros cuadrados) como su población (798 mil habitantes según el censo del año pasado) rondan el 1,7% del total nacional. Sin embargo, su participación en el producto global del país era en 2021 de apenas 1,05%, según datos oficiales de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec) jujeña. Visto de otra manera, mientras el PBI per cápita, la medida tradicional para valorar la productividad de una región, rondaba en la Argentina los 10.600 dólares, en Jujuy era de apenas 5.810 dólares.
Históricamente, la provincia basó su actividad en cuatro pilares: los cultivos agrícolas, principalmente de caña de azúcar y tabaco; los hidrocarburos (extracción de petróleo y gas); la minería y el polo siderúrgico de Altos Hornos Zapla, incentivado por el gobierno nacional a mediados de la década de 1940 para aprovechar el descubrimiento de hierro en la zona.
Sin embargo, con el tiempo varios de esas patas se fueron quebrando y el tablero empezó a tambalear. Los cambios en el rumbo económico favorecieron la importación de cigarrillos, con lo que la producción tabacalera perdió incentivos. También decayó la extracción de petróleo, que se redujo a la mitad en las últimas dos décadas. Las compañías que explotaban las minas de estaño de Pirquitas y las de plata de El Aguilar redujeron su tamaño y fueron vendidas a firmas extranjeras, mientras que Zapla también se achicó hasta ser privatizada por el menemismo. Todo eso provocó una fuerte decadencia económica.
“En clave histórica puede señalarse que, a pesar de su importancia, el sector primario fue perdiendo peso dentro de la generación del producto”, detalló la economista Laura Golavensky, investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Jujuy, en un trabajo reproducido por la Cátedra Fénix de la UBA. “Esta es una característica de los procesos de industrialización y modernización de cualquier economía. Sin embargo, tales procesos son acompañados también por un fuerte aumento de peso del sector industrial (y del sector secundario en general). En Jujuy, desde la década de 1960 el sector primario pierde peso, pero la importancia de la industria en la generación del producto no aumenta, sino que se mantiene”, señala el trabajo de Golavensky.
La consecuencia fue un fuerte incremento del empleo público y la burocracia estatal. De acuerdo al desglose que hizo el CEP XXI, un centro de análisis dependiente del Ministerio de Economía, casi un 20% del producto bruto geográfico (PBG) de la provincia se explica por rubros vinculados al sector público: los servicios de administración pública y defensa, la enseñanza y la salud pública.
De dónde viene la plata
Otro ejemplo de la falta de dinamismo de la economía jujeña se demuestra por la extrema dependencia de la coparticipación y los aportes del gobierno federal. De acuerdo al informe del Ministerio de Hacienda, entre enero y mayo de este año la Nación giró $ 109.683 millones, mientras que la Dirección Provincial de Rentas sólo recaudó $ 22.877 millones. Esto significa que apenas 17 de cada 100 pesos son recursos propios. La importancia del sostén que brinda el gobierno federal es tan grande que el rubro “Recursos de origen nacional” es el que tiene mayor ponderación en la confección del ISAE, el indicador de actividad económica local que elabora la Dipec.
Con ese panorama, Gerardo Morales renovó la apuesta al «boom» del litio como salida para la crisis. Ese mineral, que multiplicó por 10 su valor en dos años, llevó las exportaciones provinciales a U$S 873 millones en 2022.
El problema del litio, al igual que el de la minería en general (que sólo generó unos 2500 puestos de trabajo el año pasado), es que sus efectos no llegan al grueso de la población. Según el CEP XXI, el salario bruto de los empleados registrados en el sector minero y petrolero es de $ 546.622 por mes, pero el promedio de la provincia baja a $ 159.693, lo que la coloca en el puesto 22 de los 24 distritos del país. Una muestra de que el derrame no termina de funcionar bien en Jujuy. «
La apuesta de Morales: un plan de desarrollo
En abril, en oportunidad de abrirse el período de sesiones ordinarias de la Legislatura local, el gobernador Gerardo Morales anunció la puesta en marcha de un Plan Maestro Plurianual de Desarrollo, que abarcará todas las cuatro regiones del territorio jujeño (la Puna, la Quebrada, los valles orientales y las Yungas) con el objeto de promover la «generación de empleo mediante obra pública en todos los rincones de la provincia”.
En la ocasión, Morales también dijo que la provincia había obtenido regalias mineras de $ 2200 millones en 2022, que permitirán solventar esas obras. Además, el mandatario anunció la ampliación de los parques fotovoltaicos del Parque Nacional Calilegua, Potrero de Yala, Reserva Olaroz Caucharí y la Reserva Altoandina de La Chinchilla. La energía solar generada será vendida a Cammesa, que ya suscribió un contrato para ese fin, por lo que generará más recursos para la administración provincial.
