El decreto publicado hoy en Boletín Oficial fue adelantado por el presidente Mauricio Macri en el acto organizado el 1º de mayo por el Partido FE de Guillermo “Momo” Venegas en el microestadio de Ferro Carril oeste. 

El plan “Empalme”, como el presidente denominó al Programa de Inserción Laboral propone transformar los diferentes planes sociales que otorgan los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social en parte del salario neto de un trabajador que lograra ser contratado bajo relación de dependencia en una empresa que se registre a tal efecto. 

El subsidio se mantendría durante un lapso de dos años. Hoy existen 400 mil personas que se benefician con alguno de los planes vigentes por una suma de algo más de 4 mil pesos mensuales que podrán ser computados para salarios de hasta 12 mil pesos. Así, el subsidio llegaría al 30% del costo laboral que deberían afrontar las empresas privadas. 

Muchos de esos planes han sido conquistados por las organizaciones sociales que, mediante acciones colectivas, han logrado estos subsidios para desocupados a partir de las cuales, entre otros formatos, por ejemplo han constituido cooperativas de trabajo. 

El “Gringo” Castro dirigente de la CTEP explicó a este diario que “no va a funcionar, se trató de hacer en los años ’90. Si el modelo económico no genera trabajo, aparece como un beneficio para el empresariado que va a pagar menos sueldos y, como no hay trabajo, vamos a correr el riesgo de que echen más trabajadores y reemplacen a los que están trabajando. Así vamos a terminar movilizando para que le den salario social al que vaya quedando afuera. Nosotros creemos que tiene que haber recursos para mejorar el trabajo de los compañeros que están en la economía popular. Es puro humo.”. 

Por su parte, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y parte del triunvirato de dirigentes que participan de la mesa de la Emergencia Social consideró que “el anuncio no tiene seriedad. Para reconvertir los programas sociales tendría que haber empresas que muestren aumentos en la producción y tendría que haber convenios con universidades y empresas para preparar en oficios a los que tienen programas sociales para tener la esperanza de volver al mercado laboral. Hay personas que nunca trabajaron. Allí podríamos creer.”, explicó. 

Además, el dirigente de la CCC alertó que “no estamos de acuerdo si sirven para flexibilizar más a los trabajadores que ya están en el trabajo. Puede haber un aprovechamiento para despedir y tomar trabajadores bajo esta modalidad. A lo mejor es un anuncio electoral.”. 

Por último, Eduardo “Chiquito” Belliboni dirigente del Polo Obrero, organización que rechazó la integración a los consejos consultivos creados por la ley de Emergencia Social señaló a Tiempo que “es una política de conjunto del gobierno. La medida no se puede analizar separadamente del resto de la política oficial. Apunta a desplazar a trabajadores de las fábricas con antigüedad y bajo convenio para tomar nuevos empleados bajo esta modalidad para que les salgan más baratos. El ejemplo más claro es lo que hicieron en AGR-Clarín donde echaron a todos los trabajadores para relanzar la misma empresa con convenios a la baja. Como buenos CEOs buscan abaratar los costos de las empresas. No es que no le tenga fe al plan por la falta de actividad económica, considero que está concebido en nombre de aumentar la tasa de ganancia empresaria y no de resolver el problema del trabajo.”. concluyó.