El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos buscará hoy, en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, emitir dictamen sobre el proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios.

La iniciativa fue presentada en febrero de este año y, desde entonces, se llevaron adelante cinco reuniones informativas con los distintos actores involucrados en el proyecto.

Expusieron ante los diputados, familiares de víctimas de abuso policial, trabajadores de prensa, sindicatos, integrantes del LGTBIQ+ , distintos organismos de Derechos Humanos, integrantes del Servicio Penitenciario Federal, del Comité Nacional para la prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la CABA, el Ministerio Público de la Defensa de la CABA, la Defensoría General de la Nación, la Senaf, Sedronar y el Inadi.

Según señala el texto del proyecto, el propósito es “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

En ese sentido, habilita una instancia administrativa para “solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional”.

Son también objetivos de esta iniciativa “afianzar políticas de bienestar del personal policial: se debe garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional”.

El proyecto propone “la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela”.

Señala, además, que “se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión”.

También incluye “un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales, y se dedica un capítulo a establecer los criterios de actuación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con perspectiva de género y de derechos humanos”.

Además, propone “la creación de un Tribunal de Disciplina especializado para juzgamiento disciplinario de faltas graves y muy graves vinculadas a hechos de violencia institucional, en el ámbito del Ministerio de Seguridad”.

También, en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior, crea el Registro Nacional de Agentes, funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y de Servicios Penitenciarios Expulsados e Inhabilitados.

“Esta iniciativa va en línea con la matriz ideológica de nuestro proyecto político que es el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Se trata de generar una mayor conciencia y establecer reglas claras sobre cuál debe ser el accionar de las fuerzas policiales, de seguridad y del servicio penitenciario”, expresó Penacca en declaraciones periodísticas.

La diputada del Frente de Todos, añadió: “Existe una decisión política desde nuestro bloque que empujó el debate, desde nuestro gobierno que ya viene llevando adelante políticas en este sentido y hay una lucha histórica de distintos colectivos que se vienen organizando. Trabajamos mucho en la propuesta, esperamos conseguir el dictamen y pronto tratar el proyecto en el recinto”.

Por su parte, Yasky, consideró que “este proyecto se está construyendo de abajo hacia arriba, con amplia participación de las organizaciones que representan a los sectores que más sufren la violencia institucional”.

“Su concreción en ley tiene que expresar el compromiso democrático de la sociedad argentina más allá de los gobiernos de turno porque las víctimas de las distintas formas de violencia estatal ilegítima siempre son los que menos tienen, las barriadas más pobres, las trabajadoras y los trabajadores, las y los jóvenes, las mujeres y las disidencias, sobre todo cuando se organizan para hacer valer sus derechos”, aseveró.

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