La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará este martes tomando testimonio en el marco de la investigación que lleva adelante respecto a posibles irregularidades de los ministros de la Corte Suprema de la Nación.
En esta oportunidad, con el foco en las denuncias respecto a la Obra Social del Poder Judicial, en la que el Frente de Todos busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.
El objetivo del nuevo encuentro está centrado en la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la OSPJN. Una de las hipótesis sobre las que avanzaron los legisladores fue no haber cubierto las vacancias en el directorio del organismo. Además, se apuntó a la falta de previsión presupuestaria y anomalías en la registración contable, como así también en el “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control”.
Por este caso se espera el testimonio de Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años. El funcionario fue recientemente apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social por el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda , mientras que Ricardo Lorenzetti se opuso.
Si bien no confirmó su asistencia, pero fue incorporado entre la lista de testigos en el marco de la causal sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial. Debido a que según lo denunciado por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.
Nuevas citaciones
Por otro lado, se volvió a citar al ex director de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento.
Además, se convocó al docente universitario Gustavo Montanini; al secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici; al prosecretario letrado de la Corte Suprema Enrique de Vedia; al médico legista Enzo Canónaco; y a las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.
Semanas atrás pasaron por la comisión la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el ex ministro de Justicia del gobierno macrista, Germán Garavano, para brindar testimonio en la investigación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le brindó el beneficio del 2×1 al criminal de la dictadura Luis Muiña en 2017.
En este caso, la intención del oficialismo es profundizar en la hipótesis de un presunto “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre la anterior gestión de gobierno presidida por Mauricio Macri y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la ex jueza Elena Highton de Nolasco.
Desde que se inició el año parlamentario, la Comisión de Juicio Político fue una de las más activas de la Cámara baja con la apertura del proceso contra los jueces de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– y recibió varios testigos como parte del proceso de remoción iniciado a principios de febrero.
