La Comisión de Juicio Político de Diputados se reunió este martes, pero esta vez para abordar las denuncias de irregularidades a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN). El oficialismo estima que el tema será abordado dos reuniones más.
En el décimo encuentro, los legisladores que integran la Comisión que preside Carolina Gaillard escucharon las declaraciones de la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN. El único convocado que anticipó que no podía estar es Aldo Tonon, exdirector de la OSPJN.
Al comenzar, la diputada Vanesa Siley (FdT) explicó que “es una de las causales que es transversal porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el FdT como la que hizo los miembros de JxC la coalición de la CC-ARI”. “Son muchos años de irregularidades que se están abordando. No hay que olvidar que todo redunda en la salud de otras personas y hay que abordar el tema con mucha seriedad porque se trata de la salud de más de mil afiliados”, afirmó.
“Fue una reunión productiva. Vinieron dos personas de alto nivel que habían sido designados por la Corte para auditar la obra social, que dejaron de manifiesto que durante el 2008 hasta el 2021 hubo desmanejos, no hubo sistema de contabilidad. Esto hace que se carezca de toda confiabilidad, nunca la obra social elaboró un presupuesto, lo cual es obligatorio. Esa es la realidad que se ha expresado hoy”, expresó la diputada al finalizar el encuentro.
A partir del informe elevado por la Comisión Auditora de la obra social, Interlandi señaló que “el periodo auditado por un amplio marco temporal abarcaba desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, un tiempo de 13 años” y aseguró desconocer el motivo del tiempo auditado.
A su turno, Oscar Fernández (parte de la auditoría ordenada por la CSJN) afirmó no poseer actualmente un cargo en el Poder Judicial, pero ejerció como perito. También dijo desconocer los motivos del período auditado y la emisión de la acordada.
“Es una acordada bastante amplia. El trabajo que se hizo, si bien se denominó auditoría, es un término genérico, que tiene distintas acepciones de acuerdo a las resoluciones técnicas por las cuales trabajamos. En este caso más que una auditoría era un encargo que tenía por objetivo encontrar hallazgos y se vieron aspectos de procedimiento, de cumplimiento, de funcionamiento sobre aspectos contables, presupuestarios, financieros”, explayó.
Sobre las vacantes en los puestos de auditores y subdirectores, Fernández manifestó: “No hicimos un relevamiento de las consecuencias. Entiendo que los nombramientos tendrían que ser de la Corte”.
“La Corte lo único que hizo fue la acordada y la resolución, de ahí en adelanté empezamos a definir cómo íbamos a trabajar”, subrayó el contador. Y aclaró que no tuvieron espacio físico dentro de la obra social porque hay un problema serio de espacio”.
Por la fuerza pública
Al comienzo del encuentro se resolvió acudir al juez federal de turno para que arbitre las medidas necesarias para hacer comparecer al abogado Marcelo Jorge Mazzeo a quien se lo ha citado en dos oportunidades por su aparición en los chats del celular del ex ministro de seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Las dos veces se negó a asistir y en sus redes sociales señaló posteó: “Se pretende utilizar como prueba de cargo lo que (la comisión) recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido”.
Ante esta situación, Gaillard sometió votación la decisión de apelar al juez de turno, por cuanto el testigo convocado “no compareció, ni justificó” su ausencia, por lo que la comisión solicitó “se arbitren las medidas necesarias para que comparezca, recurriendo al auxilio de la fuerza pública”.
