La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un proyecto de consenso entre el oficialismo y la oposición que establezca penas ante las posiciones negacionistas del terrorismo de Estado y de crímenes de lesa humanidad. Uno de los proyectos que analizará ese organismo parlamentario propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos los dirigentes que reivindiquen el terrorismo de Estado, establece además sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas, y otro la creación de un Observatorio de la Convivencia Democrática.
Para avanzar en el debate, la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky convocó para mañana a las 10 a los representantes de los organismos de derechos humanos para que expongan sobre el proyecto que presentaron el viernes pasado, titulado «Formación obligatoria en derechos humanos y sanción del negacionismo». El proyecto propone, entre otras medidas, que no podrán ser candidatos a cargos electivos y sanciones de hasta 10 años para ocupar funciones públicas.
La intención del oficialismo es acordar un texto unificado en base al proyecto presentado en las últimos días por los organismos de derechos humanos, avalado desde el Gobierno, y un conjunto de iniciativas impulsadas por diputados del FDT que buscan evitar que puedan ser candidatos los dirigentes políticos que reivindiquen la dictadura cívico militar. Los legisladores autores de los proyectos para sancionar el negacionismo fueron los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta Blanca Osuna, Carolina Moisés, Hugo Yasky y Carolina Gaillard, mientras que la legisladora massista Mónica Litza presentó una iniciativa para crear un Observatorio para la Convivencia Democrática.
Respaldo de la Secretaría de Derechos Humanos
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respaldó el proyecto de ley contra el negacionismo que los organismos de derechos humanos presentaron este viernes a la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau. La propuesta tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino.
“Nuestro proyecto está focalizado en la formación de todo el personal del Estado con responsabilidades políticas y sin responsabilidades políticas”, dijo Horacio Pietrgalla Corti, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La idea es que toda persona que forme parte del Estado” en sus tres poderes tenga que llevar adelante una capacitación en materia de Derechos Humanos que la llevaremos adelante desde nuestro organismo”, agregó. “Además, habría sanciones para personas que tengan responsabilidades institucionales y lleven adelante públicamente discursos negacionistas”, destacó el secretario nacional.
La propuesta tiene como finalidad fortalecer el avance progresivo de los derechos humanos, consolidar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y resguardar los consensos multipartidarios conseguidos a 40 años del retorno de la democracia. Además de la obligatoriedad de la formación en derechos humanos para todos los funcionarios y trabajadores del Estado Nacional, entre otros puntos, el proyecto modifica el Código Penal para incluir sanciones a aquellos que públicamente tengan discursos negacionistas. Esto se aplica tanto a funcionarios como a candidatos a cargos electivos. Además, se propone modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos negacionistas.
El escrito también propone que los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos, sean sancionados disciplinariamente. Se considera que las expresiones negacionistas de los funcionarios públicos son especialmente graves, ya que deben salvaguardar el orden constitucional y democrático y prevenir violaciones de derechos humanos según normas internacionales específicas.
Con el fin de alcanzar un acuerdo en relación con la propuesta, la Secretaría de Derechos Humanos mantuvo reuniones regulares con los organismos, durante las cuales se abordaron detalladamente los aspectos específicos del proyecto, que fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Para Macri y Villarruel las políticas de DDHH son «curro»
La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, calificó este lunes como «un curro» a las políticas de subsidios a víctimas por crímenes de lesa humanidad, en sintonía con declaraciones realizadas por el exmandatario Mauricio Macri, aunque reiteró que «no estuvo conversando sobre cargos» de un eventual gobierno con dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC).
En declaraciones en La Nación+, Villarruel criticó el subsidio a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad: «Cuando hablamos de los derechos humanos, desgraciadamente hay un curro y se ha utilizado una causa dolorosa para todos los argentinos que se ha utilizado para recibir indemnizaciones, subsidios, cargos públicos y viajes», aseveró la dirigente. «Le han otorgado indemnizaciones a personas por supuestas desapariciones en los 70 y que son personas que no murieron por ninguna acción del Estado», indicó la diputada nacional.
De la misma forma, este año, a días de un nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Macri había utilizado el concepto de «curro» para denominar a los Derechos Humanos, al igual que lo hizo en 2014, cuando era jefe de Gobierno porteño y aspiraba a la Presidencia. Asimismo, Villarruel confirmó que mantiene contacto con dirigentes de Juntos por el Cambio y si bien afirmó que «no se están conversando sobre cargos con JxC», indicó que están trabajando para «fiscalización».
«El voto no está asegurado sin la fiscalización», dijo la abogada, quien recordó su experiencia como fiscal de mesa para «Cambiemos», alianza liderada por Mauricio Macri en 2015. En consulta sobre la eventual presencia de Bullrich en el Ministerio de Seguridad en una presidencia de Milei, aseveró: «Nosotros tenemos algunos puntos de diferencia con Patricia en esta materia».
El proceso en Diputados
Para reformar una ley electoral se requiere una mayoría absoluta de votos en la Cámara de Diputados (129 legisladores) y del Senado (37 senadores), con lo cual se necesitan amplios consensos para poder sancionar un proyecto como el que se propone. Yasky dijo a Télam que el objetivo de las reuniones informativas «es avanzar en un consenso entre los bloques parlamentarios para tener un texto unificado», que estará basado en crear «un Observatorio para la Convivencia Democrático» para la «formación en materia de derechos humanos» y las «sanciones que tendrán los funcionarios públicos que tengan conductas y posturas negacionistas». «Nosotros queremos tener un proyecto que cuente con el mayor consenso posible», destacó el legislador oficialista.
A la reunión de mañana fueron invitados para exponer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; y Charly Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS. También fueron invitados Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
Se trata de la segunda reunión después de que el miércoles pasado expusieron los abogados Pablo Llonto y Valeria Thus, y el sociólogo Daniel Feierstein, quienes plantearon que la solución no es aumentar las penas previstas en el Código Penal, expresaron algunos reparos vinculados a la libertad de prensa y se mostraron partidarios de insistir con la concientización del negacionismo en la sociedad. El debate resurgió a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
