La Cámara de Diputados bonaerense aprobó hoy dos proyectos de ley que limitan el beneficio del 2 por 1 tanto para delitos de lesa humanidad como para delitos comunes y habilitó, a su vez, la creación de una comisión bicameral para el seguimiento de los represores que continúan detenidos en cárceles de la provincia.

En línea con el debate planteado en el Congreso Nacional tras el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia, los legisladores aprobaron por unanimidad la modificación del artículo 4 del Código Procesal Penal “determinando de manera clara la imposibilidad de aplicar el principio de ley más benigna para el caso de sucesión de normas procesales”. La iniciativa pasó ahora al Senado.

El autor del proyecto, Ramiro Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara de Diputados, afirmó que «la nefasta ley del 2 por 1 consolida una mentira». «No queremos ficciones, si una persona estuvo presa un día, el Poder Judicial no le puede computar dos días, porque eso es una mentira», dijo al defender la modificación al Código Procesal y consideró que «es un día trascendente, no sólo limitamos estas interpretaciones que sueltan a la gente, usan reducciones de penas y generan puertas giratorias. No sólo lo hemos hecho para los delitos de lesa humanidad, sino para los crímenes comunes».

En la sesión, los legisladores aprobaron la creación de una Comisión Bicameral que controlará todas las condenas por crímenes de lesa humanidad en el territorio bonaerense. El jefe del bloque Cambiemos, Jorge Silvestre, sostuvo que «con la Comisión Bicameral vamos a ser fieles testigos de que la prohibición absoluta de su aplicación como ley más benigna en el contexto del proceso penal bonaerense, sea para delitos de lesa humanidad, sea para delitos comunes». 

La «Comisión Bicameral Para el Seguimiento y Monitoreo de la situación procesal de los Detenidos y Alojados por Crímenes de Lesa Humanidad, Genocidio y Guerra en Unidades Penales Bonaerenses» tendrá por objeto un seguimiento de cada una de las causas de quienes se encuentren alojados en el Servicio Penitenciario Bonaerense coordinando el registro y contralor de los procesos abiertos a fin de que el Estado provincial, representado en uno de sus poderes, sea un colaborador activo en cumplimiento de las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos.