Salvo por los cuestionamientos del bloque del Frente para la Victoria, el oficialismo no tuvo resistencia para poder lograr la media sanción de dos normas que el gobierno marcó como prioridad en la agenda legislativa tras la victoria electoral.

En el caso de la nueva ley de defensa de la competencia, un proyecto que unificó propuestas presentadas por Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC) el oficialismo cosechó  140 votos a favor, 72 en contra y ninguna abstención.

En tanto, la reforma de los mercados de capitales obtuvo mayor consenso y fue aprobada con 163 votos a favor, 65 en contra y ninguna abstención.

La encargada de defender el proyecto de la nueva  ley de la competencia fue la massista Liliana Schwindt que aseguró: “Todos conocemos que si queremos una Argentina de competencia, esta ley va a permitir eso. Va a permitir que no haya abusos y evitar la cartelización”.

Además, la titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia dijo que en la actualidad “no” hay una norma “que actúe, controle, sancione y multe”, y por eso consideró que este proyecto será de “gran importancia” para el país en relación a su imagen frente a la OCDE.

En teoría la norma busca castigar la cartelización, a través de nuevas sanciones, y crea la Autoridad Nacional de la Competencia, que estará conformada por un tribunal con cinco miembros.

Por el Frente para la Victoria fue el diputado Juan Cabandié uno de los encargados de fundamentar el rechazo al proyecto.  En ese marco cuestionó la “excesiva autoridad que va a ejercer” el presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que se crea mediante la ley.

El diputado también advirtió sobre la creación “de una sala especializada con tres jueces en el marco de la Cámara Nacional de Apelación Civil”. Señaló que en este punto “se produce una flagrante contradicción y hasta una inconstitucionalidad”, porque “se va a aplicar normativa penal” y “estaríamos ante jueces civiles que tienen que aplicar el Código Penal”.

Además reclamó que “no” se define “ningún porcentaje” para determinar “quién está incurriendo en una actitud de concentración económica”. Y reprochó que el Gobierno nacional “desarticuló” un “paquete de proyectos de ley que se sancionaron en 2014 y que estuvieron relacionados en la defensa de los consumidores y usuarios”.

A la hora de la discusión sobre la reforma de la Ley de Mercado de Capitales también fue el kirchnerismo y sus aliados los que se hicieron cargo de fundamentar los rechazos a la norma.

El texto del oficialismo fue defendido por Eduardo Amadeo, presidente de la Comisión de Finanzas, que sostuvo que el proyecto apunta a “lograr el desarrollo de un mercado de capitales moderno y transparente, con más inversores y empresas que busquen financiamiento; proteger a todos los inversores, en particular a los accionistas minoritarios; alentar la integración de los distintos mercados del país; e impulsar el crédito hipotecario”.

El macrista justificó la laxitud de controles que impone la norma en base al supuesto crecimiento que generarán esa ausencia. En ese marco resumió que “el nivel de crédito es un tercio del promedio regional” y “las principales víctimas son las pymes, que no tienen acceso a ningún mercado de mediano o largo plazo para crecer”.

Carlos Heller, una de las espadas más filosas que tiene el kirchnerismo para debatir temas económicos en el recinto y que dejará su banca el 10 de diciembre, fue uno de los opositores que cuestionó con dureza la avanzada oficialista.

“La esencia de este proyecto es modificar la actual Ley de Mercado de Capitales. Se está intentando disminuir el poder de regulación y de supervisión que tiene la Comisión Nacional de Valores y eso es algo que está a contramano de la historia”, sentenció el diputado del Partido Solidario.

Heller remarcó: Estamos yendo de un mercado inclusivo y dirigido a las Pymes a un mercado para pocos, que va a facilitar la especulación”, y recordó: “La ley que están ahora modificando fue aprobada en 2014 con el voto del FpV, de la UCR, del Partido Socialista y de la inmensa mayoría de los integrantes de esta cámara, incluso el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, por entonces integrante de la Coalición Cívica”.

Como sucede en estos casos, los cuestionamientos medulares a la norma no fueron tenidos en cuenta. El oficialismo hizo valer sus acuerdos y el número. El debate final se dará dentro de 15 días en el Senado, pero nadie espera que haya modificaciones.