Los secretarios de Seguridad y de Seguridad Interior, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman respectivamente, llegaron al Senado para explicarles a los senadores la estrategia de combate al narcotráfico que busca implementar el gobierno nacional. Sin embargo, vivieron un momento de zozobra cuando debieron responder sobre la legalidad de las escuchas que desplazaron al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. En ese sentido, Milman dijo que todo surgió a partir de una denuncia anónima que el Ministerio de Seguridad decidió judicializarla.

Los que quisieron saber sobre esa situación fueron los senadores peronistas Cristina Fiore Viñuales (Salta) y Dalmacio Mera de Catamarca. En diferentes momentos de la reunión los legisladores preguntaron por las escuchas que eyectaron a Gómez Centurión. La primera fue Fiore Viñuales pero los funcionarios eludieron darle una respuesta. Entonces llegó el turno de Mera, quien insistió en saber si la ministra Patricia Bullrich “se valió de una escucha ilegal o legal” para avanzar en la investigación que desplazó a Gómez Centurión.

Burzaco, rápido de reflejo, le pasó el micrófono a Milman quien dijo, sin repetir y mucho menos sin copiarse, que esas grabaciones fueron parte de una denuncia anónima que recibió el Ministerio. “Analizamos que debía ser judicializada y la condición de las grabaciones la deberá resolver la Justicia”, dijo y advirtió que el Ministerio recibe muchas denuncias anónimas que tras un estudio previo se decide si se las remite o no a la Justicia.

En ese sentido se supone que en el caso de Gómez Centurión los funcionarios entendieron que había elementos para llevar esa denuncia a un juzgado. “Si la Justicia considera que no hubo delito, el funcionario puede ser repuesto en su cargo por el titular del Poder Ejecutivo”, indicó Milman. Hasta ahí parecía que había zafado pero luego reconoció que “los aparatos para hacer escuchas son más accesibles y a veces de forma ilegal se puede obtener estas tecnologías”.

En un principio, los funcionarios explicaron los alcances del Acuerdo Nacional contra el Narcotráfico que el presidente Macri anunció hace una semana en Tecnópolis. Según Burzaco el primer objetivo es “erradicar el paco” y recién después “trabajar en los aspectos sociales que hacen a la inclusión de los jóvenes”. Un punto que cuando llegó el momento de las preguntas de los senadores provocó un cruce entre la representante de Tucumán, Beatriz Mirkin, y Milman.

La legisladora quiso saber cuáles eran los aspectos sociales a los que hizo referencia Burzaco. El encargado de responder fue Milman, quien con poco apego a las reglas de la buena educación y con un sesgo de misoginia, respondió que “eso es tarea de los Ministerios correspondientes. Los senadores pueden pedir que esos funcionarios vengan y así la desasnen”. La forma en que se refirió el secretario de Seguridad Interior provocó que Mirkin saltara de su sillón y con firmeza le advirtió que “no soy ningún asno”. Milman pidió disculpas pero no pudo evitar que su rostro dejara trascender un gesto de desagrado por la reacción de la senadora.

En la presentación Burzaco, dijo que la erradicación del paco surge por “la experiencia internacional y la realidad local nos llevan a poner esto como necesidad” y agregó que “hay países y regiones que lo han hecho, y eso ha traído aparejada la reducción de la violencia”. El funcionario se mostró confiado en poder “reducirlo de manera significativa” porque afirmó que ya sucedió en otros países aunque nunca identificó esos Estados.

El otro objetivo expresado por Burzaco es el “lograr una activa y dinámica presencia de las fuerzas federales en todo el país” a partir de la creación de ocho agencias federales de la Policía Federal. “Nuestra intención es ir por las cabezas de los negocios del narcotráfico y no quedarnos en el comercio minorista”, indicó el funcionario.

Con respecto a la presencia de fuerzas federales en las provincias, los senadores por Santa Fe, María de los Angeles Sacnum y Omar Perotti (ambos peronistas) coincidieron en destacar la necesidad de que Gendarmería refuerce su presencia tanto en número como en el tiempo “porque mientras se implementa el plan del gobierno la violencia en la provincia continúa incrementándose porque entre los meses de Julio y Agosto pasado murió un santafesino cada 30 horas”. Burzaco se comprometió a dar una respuesta concreta a la solicitud de los legisladores.