El oficialismo de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles con el despacho del proyecto de ley para la creación de un Fondo Nacional para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados” al exterior.La iniciativa fue aprobada en mayo en el Senado. 

En un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, tras el debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres, el Frente de Todos logró 41 firmas, a favor, con el acompañamiento del misionero Diego Sartori, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de rechazo con 36 firmas. En cuanto al Interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño presentará este jueves su propio despacho. 

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, explicó que “el objetivo de la iniciativa es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada, sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población”. 

Señaló que es una “doble expresión. En la negociación de la deuda heredada se obtuvo un amplio plazo que hace que hasta el 2026 esta deuda no genere erogaciones, por lo cual tendremos bastante tiempo, una vez sancionada la ley, para que los mecanismos allí dispuestos vayan generando resultados que permitan acumular recursos para que cuando lleguen los vencimientos podamos hacerlo sin afectar las políticas de crecimiento, de desarrollo”. 

Heller dio detalles del informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante la gestión anterior. Reiteró que se trata de “cobrarle a quienes fugaron dólares. No crearle ningún nuevo cargo. Es para quienes se han beneficiado con políticas de endeudamiento contribuyan a cancelar los montos adeudados con el FMI sin que lo pague el pueblo”. 

El oficialista Itaí Hagman,  que es parte del Frente Patria Grande cuto referente es Juan Grabois, expresó que “no es lo mismo un gobierno que trata de evitar una fuga que uno que la incentiva”. “No hubieran existido los dólares para que se los fuguen sino hubieran entrado por la vía del endeudamiento”, manifestó el diputado, al tiempo que resaltó que la discusión que se está dando gira en torno a cómo va a ser el esfuerzo para pagar esta deuda: “Al FMI le da lo mismo de donde salen los dólares, pero al pueblo no”. 

En sintonía con la vicepresidenta, Vanesa Siley señaló que “la economía bimonetaria en Argentina genera inflación”. Y pidió que si a los diputados de la oposición les preocupa la situación tienen que acompañar al oficialismo.  

Desde Juntos por el Cambio se insistió en que se está tratando un blanqueo y que el gobierno le está poniendo una zanahoria a los evasores. El diputado de UCR-Evolución Martín Tetaz consideró que el proyecto debía ser girado a la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias -que él preside-porque “es una cuestión de incumplimiento de normas tributarias”. 

“Si entendemos que el dinero es fungible, nos vamos a ahorrar un montón de discusiones. No tiene mucho sentido el destino de los fondos”, opinó, y se preguntó: “¿Por qué no recuperamos el dinero de todos los evasores como los locales? ¿A esos no los vamos a buscar o su dinero no sería útil? ¿Por qué solo a los fugadores que se la llevaron a una cuenta off-shore y no a los que la tienen en cajas de seguridad?”. 

Camaño, por su parte, señaló que “no es más que un impuesto”. Y advirtió que “estamos dejando abierta una ventana para una objeción que pueda hacer la Justicia”. “Por supuesto que no se puede estar en desacuerdo en perseguir a los evasores-añadió-. El Estado debe poner todos los esfuerzos en esa persecución y que sea eficaz, algo que evidentemente no está ocurriendo desde hace muchos años”. 

El proyecto impulsado por el senador Oscar Parrill, establece que este Fondo se constituirá por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”. 

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%. 

La iniciativa introduce la figura del “colaborador” que será “cualquier individuo, persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”. En cuanto al monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador, indica que no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.