La comisionada en el Comité Nacional para la Prevención de la tortura, Diana Conti, analizó la presentación del informe anual que llevó adelante esta semana el organismo de manera virtual ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso. En diálogo con Tiempo Argentino, expresó los principales desafíos por parte del Estado en los lugares de encierro de todo el país, situación que se complejiza aún más en tiempos de pandemia.

“El informe es muy extenso porque las tareas del Comité son muy amplias: generar buenas prácticas humanitarias en todo lugar de encierro público o privado nacional provincial y municipal. Uno piensa en cárceles y comisarías pero tenemos competencia en geriátricos, institutos de salud mental, institutos de menores”, informó la ex legisladora.

La dirigente kirchnerista explicó que el organismo tiene “la obligación de generar un sistema nacional de prevención de la tortura con participación de la sociedad civil y actores públicos que tenga competencia en el área” y recordó que existe el “compromiso internacional como Estado argentino de que cada jurisdicción tenga un sistema que cumpla esta función”.

En la actualidad, estos mecanismos de control fueron creados a través de distintas leyes solo en 14 provincias, de las cual apenas 7 tienen los sistemas operativos: Chaco, Corrientes, Mendoza, Misiones, la Ciudad de Buenos Aires, la Procuración Penitenciaria Nacional (tutela organismos federales) y la Comisión Provincial por la Memoria (en la provincia de Buenos Aires). “Con el resto de las provincias tenemos una deuda en este tema”, advirtió la comisionada.

Coronavirus en los lugares de encierro

“El año nos agarró con la pandemia. Su impacto en los lugares de encierro fue un tema que tuvimos que trabajar mucho. Cambió la manera de funcionar del comité, hubo que restringir las visitas in situ e hizo que todos nos pusiéramos a pensar en protocolos de abordaje”, precisó Conti, al tiempo que reconoció que “el temor a que el COVID-19 hiciera estragos en las cárceles no fue tal como sí ocurrió en los geriátricos” en donde adujo que se debió a la precariedad de los trabajadores del sector.

De todas maneras, la ex legisladora detalló que al 1° de octubre se registraron 756 casos positivos en unidades penitenciarias, de los cuales 36 fallecieron. “La tasa de letalidad del virus en situación de encierro duplica a la tasa de letalidad de gente en libertad, porque el encierro y el hacinamiento enferma, deteriora la salud”, describió y completó: “En unidades policiales hubo 329 casos, en institutos de salud mental 120, en institutos de menores 128 y en geriátricos 1356”.

Lo urgente

Más allá del contexto de pandemia, la comisionada del Comité aseguró que la “sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento es prácticamente general. Hay algunas pocas provincias que están bien pero la regla es la sobrepoblación”. Conti expresó que en la actualidad se logró que las cárceles tengan lugares de aislamiento donde los presos pasan sus días en cuarentena previo al egreso. A la inversa, cuando un detenido debe pasar a penal, ese aislamiento se lleva adelante en las comisarías “con lo cual colapsan las seccionales cuando además no debería haber presos en comisarías, donde la policía se distrae con esta tarea. Esto hay que modificarlo de manera urgente”.

En ese punto, Conti señaló la necesidad de “cambiar algunas leyes como la de flagrancia y todas las restricciones a las excarcelaciones, libertades condicionales y al arresto domiciliario que impuso el macrismo que generó que las cárceles estallen”.

“Hay que poner en práctica rápidamente el Código Procesal nuevo que está frenado. Las cárceles están llenas de presos preventivos mayoritariamente, no de condenados. El panorama legal debe ser modificado y hacerlo racional. Los estados deben tener una política que indique la cuota de prisionización que se pretende”, continuó.

De acuerdo a esa línea argumentativa, Conti subrayó que se deberían “aplicar otras medidas alternativas de la prisión. Históricamente, siempre hubo mucho para hacer. La resocialización es una deuda pendiente pero además se profundizó con la pandemia: se suspendieron los talleres, las visitas, la educación intramuros, ahora es solo virtual y las computadoras no abundan. El impacto será muy fuerte”.

El Comité junto a otras organizaciones y organismos del Estado participa en diferentes mesas de diálogo con los presos, que resultaron clave para apaciguar los momentos de mayor tensión en el ámbito carcelario en donde llegaron a producirse motines y hubo muertos.