«Todo lo que rodea a la Fundación Chocobar luce extremadamente irregular”. Así lo estableció la Inspección General de Justicia (IGJ), que encontró una serie de irregularidades en su supuesta conformación, desde la falta de registro para operar hasta que las donaciones a las que convocaba desde una página de internet iban a parar a una cuenta personal del policía condenado Luis Chocobar en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El subinspector general de Justicia, Miguel Cuiñas, anunció que esta semana la IGJ presentará una denuncia penal por el presunto delito de “defraudación”. Según el reporte de la IGJ, «no existe registro alguno de la Fundación Chocobar, ya sea bajo el tipo Fundación o Asociación Civil. Tampoco existe ningún trámite iniciado con el fin de solicitar autorización para funcionar como tal por parte de una entidad con esa denominación”.

La entidad, que depende del Ministerio de Justicia, inició la investigación a raíz de la difusión en medios de comunicación de la existencia de la Fundación Chocobar.  “Se trataría de una persona jurídica con objeto de bien común que no ha obtenido autorización del Estado para funcionar, que impide la fiscalización por parte de la IGJ pero que, sin embargo, estaría desarrollando sus acciones con amplia difusión en los medios de comunicación y solicitando donaciones del público».

La IGJ consultó a organismos similares en la provincia de Buenos Aires, atento a que Chocobar se desempeña en la Policía Bonaerense, pero tampoco allí encontró rastros de tramitación de permiso alguno.

La Fundación aparece en la página de internet “el caso Chocobar”, como una solapa en la que aparece “un documento, que luce como escritura pública (sin número ni nombre del escribano interviniente) de donde surge que la fecha de constitución de la persona jurídica habría sido el 29 de mayo de 2021″, es decir un día después de que un tribunal oral de Menores lo condenara a dos años de prisión en suspenso por el homicidio de Pablo Kukoc, asaltante de un turista estadounidense al que dejó malherido en el barrio porteño de La Boca en 2017.

Según ese documento, que tampoco tiene respaldo jurídico, las autoridades de la Fundación son el propio Chocobar, como presidente, en tanto que el vice es su abogado, Fernando Soto. Ricardo Galeano, defensor de Facundo Amendolara (el policía que baleó al músico Chano Charpentier) es el tesorero y el Consejo de Administración se completa con el ex jefe de los fiscales porteños y co-defensor de Chocobar, Luis Cevasco.

«Se estarían desarrollando acciones bajo la figura de una fundación cuyo funcionamiento no ha sido autorizado por la IGJ”, sostiene la investigación de la IGJ.

Sobre las donaciones, «son solicitadas para la Fundación pero, en cambio, las mismas son direccionadas a la cuenta que el Sr. Chocobar tiene en el Banco Provincia o a través de una cuenta de Mercadopago cuya titularidad no se ha podido constatar».

La dirección que consigna la página coincide con la del estudio del abogado Soto, pero dos inspecciones realizadas por la IGJ, los días 4 y 5 de agosto pasado, fracasaron ante la falta de personas que atendieran a sus consultas.

La Fundación ahora cuestionada por su legalidad se propone brindar asistencia legal a “policías y personal de las fuerzas de seguridad que han sido cuestionados judicialmente por hechos ocurridos durante el desempeño de sus funciones».