Luego de anular el secreto que reimplantó el expresidente Mauricio Macri para los gastos del aparato de espionaje, la nueva intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contará con una unidad de auditoría interna que estará encabezada por un representante de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Los controles funcionarán de ahora en adelante y estarán concentrados en monitorear la utilización del dinero y los procesos internos del organismo que encabeza el Sistema Nacional de Inteligencia, en medio de una profunda reestructuración.
La medida fue anunciada este miércoles por la intervención a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, luego de reunirse con el titular de la SIGEN, Carlos Montero. El rol de la SIGEN es clave en la auditoría de los organismos del Estado, pero la última vez que revisó los gastos del aparato de inteligencia fue en el año 2000, durante la presidencia de Fernando De la Rua.
Coimas del Senado, un antecedente
Por entonces la SIGEN estaba a cargo del ex canciller Rafael Bielsa, que auditó los movimientos de fondos del organismo de espionaje durante el primer semestre de 2000, en medio del escándalo de las coimas del Senado, que se desató en abril de ese año, durante el presunto pago de sobornos a miembros de la Cámara Alta para que aprobaran la ley de reforma laboral, cuyo tratamiento quedó trunco en medio de las acusaciones de corrupción.
El jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) era el banquero Fernando De Santibañes y su segundo era el abogado Darío Richarte, que luego fue vicerrector de la UBA y vice tercero del Club Boca Juniors. Los funcionarios de la SIGEN que controlaron los movimientos de dinero en esa época concluyeron que De Santibañes podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos por haber declarado que gastó en salarios más dinero del que había pagado.
Esa auditoría desató la inquina del aparato de espionaje porque aprobó un indicio clave sobre el escándalo, cuando De la Rúa negaba su existencia. Implicó el procesamiento y embargo millonario contra el expresidente y una decena de funcionarios y senadores, acusados de «cohecho activo y pasivo», es decir, pago y cobro de coimas. Los procesamientos fueron dictados por el entonces juez federal (y actual candidato del Ejecutivo a la Procuración) Daniel Rafecas. Pero en 2014 los jueces Guillermo Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, del Tribunal Oral Federal 3, absolvieron a todos y ordenaron investigar al juez de primera instancia.
Caja negra
El regreso de la SIGEN al control de los fondos públicos destinados al aparato de inteligencia esta vez no será por un período, sino de ahora en adelante, dentro de las atribuciones previstas por el decreto 52/2019, firmado por el presidente Alberto Fernández para disponer la intervención de la AFI con el objetivo “de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional”.
La AFI contó con un presupuesto de 2.659 millones de pesos en 2019, de 2.176 millones en 2018, de 1.800 millones en 2017 y de 1.450 millones en 2016. Para el 2020 el presupuesto previsto por la administración de Macri era de 3.500 millones divididos en 2.000 millones para el personal y 1.400 millones para gastos secretos. Todos esos montos no tuvieron obligación de rendición gracias al decreto 656/16 que firmó Macri el 6 de mayo de 2016 para anular el 1311/15, resuelto por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la creación de la AFI. Ese texto disponía el acceso público sobre el uso de los fondos, salvo aquellos que fueran definidos como secretos. Incluso esas erogaciones debían ser respaldadas con documentación, aunque fuera reservada.
Hasta ahora los fondos de la AFI no tenían ningún control por parte de un organismo auditor del Estado. En el caso del Poder Legislativo, la Comisión Bicameral de fiscalización de organismos y actividades de Inteligencia lleva años de silencio respecto a la utilización de los fondos y del funcionamiento de la ex SIDE.
La medida fue anunciada este miércoles por la intervención a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, luego de reunirse con el titular de la SIGEN, Carlos Montero. El rol de la SIGEN es clave en la auditoría de los organismos del Estado, pero la última vez que revisó los gastos del aparato de inteligencia fue en el año 2000, durante la presidencia de Fernando De la Rua.
Coimas del Senado, un antecedente
Por entonces la SIGEN estaba a cargo del ex canciller Rafael Bielsa, que auditó los movimientos de fondos del organismo de espionaje durante el primer semestre de 2000, en medio del escándalo de las coimas del Senado, que se desató en abril de ese año, durante el presunto pago de sobornos a miembros de la Cámara Alta para que aprobaran la ley de reforma laboral, cuyo tratamiento quedó trunco en medio de las acusaciones de corrupción.
El jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) era el banquero Fernando De Santibañes y su segundo era el abogado Darío Richarte, que luego fue vicerrector de la UBA y vice tercero del Club Boca Juniors. Los funcionarios de la SIGEN que controlaron los movimientos de dinero en esa época concluyeron que De Santibañes podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos por haber declarado que gastó en salarios más dinero del que había pagado.
Esa auditoría desató la inquina del aparato de espionaje porque aprobó un indicio clave sobre el escándalo, cuando De la Rúa negaba su existencia. Implicó el procesamiento y embargo millonario contra el expresidente y una decena de funcionarios y senadores, acusados de «cohecho activo y pasivo», es decir, pago y cobro de coimas. Los procesamientos fueron dictados por el entonces juez federal (y actual candidato del Ejecutivo a la Procuración) Daniel Rafecas. Pero en 2014 los jueces Guillermo Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, del Tribunal Oral Federal 3, absolvieron a todos y ordenaron investigar al juez de primera instancia.
Caja negra
El regreso de la SIGEN al control de los fondos públicos destinados al aparato de inteligencia esta vez no será por un período, sino de ahora en adelante, dentro de las atribuciones previstas por el decreto 52/2019, firmado por el presidente Alberto Fernández para disponer la intervención de la AFI con el objetivo “de facilitar el reordenamiento y el rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional”.
La AFI contó con un presupuesto de 2.659 millones de pesos en 2019, de 2.176 millones en 2018, de 1.800 millones en 2017 y de 1.450 millones en 2016. Para el 2020 el presupuesto previsto por la administración de Macri era de 3.500 millones divididos en 2.000 millones para el personal y 1.400 millones para gastos secretos. Todos esos montos no tuvieron obligación de rendición gracias al decreto 656/16 que firmó Macri el 6 de mayo de 2016 para anular el 1311/15, resuelto por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la creación de la AFI. Ese texto disponía el acceso público sobre el uso de los fondos, salvo aquellos que fueran definidos como secretos. Incluso esas erogaciones debían ser respaldadas con documentación, aunque fuera reservada.
Hasta ahora los fondos de la AFI no tenían ningún control por parte de un organismo auditor del Estado. En el caso del Poder Legislativo, la Comisión Bicameral de fiscalización de organismos y actividades de Inteligencia lleva años de silencio respecto a la utilización de los fondos y del funcionamiento de la ex SIDE.
